El presidente Bernardo Arévalo eligió el pasado martes al abogado Gabriel Estuardo García Luna como el nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) de Guatemala. Su designación no solo supone el final de la era de impunidad de Consuelo Porras, sino el rescate de un ente investigador en ruinas y que ha perdido su conexión con la justicia, el método de investigación científica y el respeto por los derechos humanos fundamentales. 

Fiel a la tónica de su administración, Arévalo esperó a que la comisión de postulación de fiscal general confirmara que no se habían presentado más  impugnaciones contra la nómina final de candidatos y cerrara oficialmente el proceso, luego de rechazar dos veces la candidatura de Porras. 

Sin embargo, no todo se enmarca en ese halo de institucionalidad que intenta proyectar el Ejecutivo. Desde antes de que se hiciera pública la decisión del mandatario se hablaba de la posibilidad de que el Congreso reviva maliciosamente la propuesta que el propio Arévalo envió al Legislativo para poner fin –por la vía administrativo-legal– al mandato de Porras. 

Aunque hasta ahora el resurgimiento de esta normativa es una discusión de corrillos legislativos es imposible ignorar el poder que ostenta un grupo de bancadas que se han alineado para proteger a Porras y que han actuado en sincronía con los planes de impunidad que rigen el MP actual. 

Tampoco hay que ignorar que en países con democracias débiles, como el nuestro, la deriva autoritaria crece a nivel regional, no solo interno. Basta recordar que hace apenas unos meses el Parlamento hondureño destituyó a Johel Zelaya, fiscal general del Estado, tras un juicio político exprés. Esta medida parlamentaria tuvo lugar en el contexto de la llegada al poder de Nasry Asfura, quien ganó la presidencia luego de una elección plagada de señalamientos de fraude. 

Lo que ocurrió recientemente en Honduras debe leerse en el contexto de centroamericano: en mayo de 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el presidente inconstitucional Nayib Bukele, también destituyó a Raúl Melara, fiscal general, así como a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia lo que ha derivado en un totalitarismo que ha generado cientos de exilios y persecuciones políticas.

En este complejo contexto político regional, las primeras acciones del nuevo fiscal general deben enmarcarse en la designación de nuevos funcionarios que acompañen las investigaciones apegadas a derecho y recuperen la denigrada institucionalidad del MP. 

En paralelo, el nuevo fiscal debe exigir que los antiguos funcionarios rindan cuentas de sus acciones, en especial a quienes utilizaron recursos públicos y el poder de la acción penal para criminalizar a jueces, fiscales, periodistas y autoridades indígenas. 

En ocho meses dará inicio el proceso electoral de 2027 y la probabilidad de que ciertas bancadas del Congreso conspiren para tumbar a una de las figuras que podría frenar el proyecto de cooptación del Estado de la elite económico-política guatemalteca es alta. 

Vea a su alrededor, fiscal general, y no peque de ingenuidad. Su cargo es político y los poderes paralelos, que operaron a sus anchas durante la era de su predecesora, no renunciarán fácilmente a sus privilegios. ¿Está listo para pelear esta batalla?