Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que cada día que pasan en prisión agrava la violación a sus derechos humanos y aseguró que nunca debieron ser encarcelados. “Su detención y procesamiento constituyen un castigo arbitrario por haber participado en protestas pacíficas y por representar a su comunidad”, añadió. 

En el proceso contra Pacheco y Chaclán, Amnistía Internacional señala que se han identificado “múltiples arbitrariedades y demoras injustificadas que han entorpecido el proceso y constituyen violaciones de sus derechos a la defensa y a las garantías procesales”. 

Como un ejemplo, mencionaron el constante cambio de jueces, lo que ha provocado un estancamiento dentro del caso, impidiendo que se realice la audiencia de etapa intermedia, que se había programado inicialmente para principios de 2025. 

“Ha transcurrido más de un año sin que Luis Pacheco y Héctor Chaclán comparezcan ante un juez para la revisión de la privación de su libertad, y hasta la fecha, sus abogados no han podido acceder a todas las evidencias del expediente”, señala Amnistía Internacional en un comunicado. 

A criterio de la organización, estás prácticas son características del patrón de criminalización que se ha aplicado en Guatemala en contra de personas operadoras de justicia, defensoras de derechos humanos y periodistas. 

“Amnistía Internacional condena el uso indebido de los delitos de terrorismo y de asociación ilícita para castigar el uso legítimo de la libertad de expresión en violación de los estándares internacionales de derechos humanos, basados en una interpretación errónea de tipos penales cuya redacción ambigua abre una puerta a este tipo de arbitrariedades”, indicaron. 

Otros acusados

Además, recordaron que hay otras dos personas que están siendo procesadas en el mismo caso: Basilio Puac, también exdirigente de los 48 cantones, quien es acusado de los delitos de asociación ilícita, sedición, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia; y Esteban Toc Tsay, exvicealcalde de la Alcaldía Indígena de Sololá acusado de los delitos de asociación ilícita, terrorismo, sedición, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia. 

“En un país como Guatemala, cuya historia ha sido marcada por la violencia y el racismo sistemáticos en contra de los Pueblos Indígenas, recurrir a delitos graves como los de terrorismo, sedición y asociación ilícita contra representantes de los Pueblos Indígenas no es una casualidad”, dijo Piquer.

Añadió que este tipo de acciones contra representantes de los pueblos originarios no son más que una manifestación de la discriminación racial que permanece arraigada en las instituciones de justicia.

Juan Castro, abogado de Pacheco y Chaclán, señaló que este caso es parte del legado del actual MP dirigido por Consuelo Porras e integrado por fiscales con “intereses oscuros”. 

Castro pidió que Gabriel García Luna, fiscal general recientemente nombrado, revise las actuaciones que se han dado en el caso, al considerar que tanto Pacheco y Chaclán han sido perseguidos injustamente.