El 23 de abril del 2025, Luis Pacheco, expresidente de los 48 Cantones y viceministro de Desarrollo Social, y Héctor Chaclán, extesorero de la organización k’iche’, fueron arrestados bajo los cargos de terrorismo, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal. La Fundación Contra el Terrorismo (FCT) presentó la denuncia luego de que los dirigentes participaran en las protestas pacíficas del 2023.

Un año después, el caso no ha llegado a juicio y Chaclán y Pacheco siguen en prisión preventiva, a espera de un debate. 

La manifestación convocada por las autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán, en la ciudad de Guatemala, demanda al MP respetar el debido proceso y revisar la prisión preventiva, ante la cual la defensa de Chaclán y Pacheco pide que se otorguen medidas sustitutivas. La organización denuncia una estrategia deliberada de criminalización en el caso, que tiene como objetivo ‘’desactivar la voz indígena y sembrar miedo en las comunidades.’’

Por medio de recusaciones, la FCT ha separado a tres jueces, impidiendo que el proceso avance a su etapa intermedia. Fredy Orellana, el último juez designado, se apartó del caso y solicitó que se prorrogara la cárcel preventiva. 

‘’Lo que enfrentamos es litigio malicioso, es decir, lo que están buscando es desgastar a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, porque están atrasando intencionalmente el proceso’’, explicó Luis Castro, abogado de los dirigentes. 

La organización solicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC) resolver una acción de inconstitucionalidad planteada por Castro en septiembre del 2025. En un comunicado oficial, las autoridades indígenas plantean que la acusación por terrorismo vulnera el principio de legalidad, ya que la amplitud de su definición permite que se utilice para criminalizar la protesta social. 

Arévalo se pronuncia

La manifestación, que salió desde el MP, se reunió en el Palacio Nacional con el presidente Bernardo Arévalo, cuyo cargo fue defendido por la protesta indígena.

Arévalo apoyó la inocencia de Pacheco y Chaclán, indicando que el proceso en su contra fue una represalia ‘’por defender la democracia.’’ 

El mandatario aseguró que el régimen de criminalización contra líderes comunitarios, periodistas y operadores de justicia «está por terminar” con la renovación del próximo fiscal general en el MP. 

En las próximas semanas, Arévalo elegirá al reemplazo de Consuelo Porras, de una lista de seis candidatos.

‘’Estoy realizando la tarea tal como lo he ofrecido desde un inicio’’, afirmó el mandatario.