María Isabel Bonilla de Anzueto, investigadora asociada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), explicó que, aunque la actividad legislativa aumentó en comparación con el mismo período de 2025, la calidad de las normas aprobadas continúa siendo una preocupación. Agregó que seis de los 14 decretos fueron aprobados bajo la figura de urgencia nacional.

El informe menciona también que de esos 14 decretos que fueron aprobados por el Congreso, solo cuatro recibieron dictamen dentro del plazo establecido en la ley.

En ese sentido, se mencionó que solo uno de esos 14 decretos aprobados contó los estudios técnicos, financieros y documentación necesaria, mientras que la mayoría fueron aprobados sin ese respaldo.

El informe detalla que entre enero y junio se realizaron 35 sesiones plenarias, 14 más que en el mismo período de 2025, y fueron presentadas 86 iniciativas de ley, de las cuales 84 fueron impulsadas por diputados, una por la Corte Suprema de Justicia y otra por el Organismo Ejecutivo.

Además del análisis sobre la producción legislativa, la Alianza reportó que la asistencia promedio de los diputados al pleno fue del 76 por ciento, por debajo del 79 por ciento registrado en 2025 y del 89 por ciento alcanzado en 2024. Solo dos de los 160 congresistas asistieron al 100 por ciento de las sesiones.

En cuanto al trabajo de las comisiones legislativas, el informe señala que, de las 117 sesiones celebradas por 14 comisiones monitoreadas entre febrero y mayo, el 72 por ciento se realizó de forma consecutiva el mismo día para cumplir con el mínimo legal de reuniones.

Citaciones a funcionarios

El documento también indica que entre enero y junio se efectuaron 818 citaciones a funcionarios públicos, es decir que en promedio se dieron 136 citaciones al mes. 

Además, señala que los bloques legislativos que más solicitaron estas citaciones fueron la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con 145, y Voluntad, Oportunidad y Solidad (VOS), con 130.

Asimismo, mencionaron que siete de los 14 ministros de Estado enfrentaron una interpelación en el Congreso.

En cuanto al personal del Congreso, el informe detalla que este aumentó de 2 mil 432 trabajadores en 2025 a 2 mil 547 en mayo de 2026. Se advierte también que 580 empleados del renglón 022 desempeñan funciones administrativas, pese a que la ley no lo permite.

En materia de transparencia, la Alianza señaló que el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) alcanzó un 88 por ciento durante el primer semestre de 2026, el nivel más bajo de la actual legislatura.

Como parte de sus recomendaciones, las organizaciones instaron al Congreso a fortalecer la calidad legislativa, garantizar que los decretos cumplan con los requisitos legales antes de su aprobación, mejorar el control de asistencia de los diputados, revisar la estructura de personal y reforzar los mecanismos de acceso a la información.