Foto: Carlos Alonzo
La audiencia de ofrecimiento de prueba fue fijada para el miércoles 11 de junio a las 8:30 horas, ante el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal.
Durante esta diligencia, Orellana expuso que su función era establecer si existía una “probabilidad de la comisión de un delito y de que el sindicado haya participado en él”. Aclaró que en esta
fase no se evalúa culpabilidad o inocencia, únicamente si hay medios de investigación suficientes que sustenten una acusación formal y que permitan prever una sentencia en debate público.
El juez fundamentó su resolución en las pruebas presentadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP, que incluye declaraciones de testigos, informes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sentencias condenatorias previas y un peritaje del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
Según el juez, este último informe concluyó que las firmas contenidas en los documentos presentados corresponden al acusado; por lo tanto, apuntaría a su participación directa en la elaboración de hojas de adhesión fraudulentas.
Según Orellana, Masaya legalizó documentos que no requerían conocimientos técnicos complejos, lo cual agrava su posible responsabilidad penal. “No estamos hablando de instrumentos públicos notariales que tengan una dificultad extensa… hablamos de lo que se denomina coloquialmente en la calle como auténticas, como actas de legalización de firmas. Y no obstante, allí posiblemente se pudo haber cometido un hecho delictivo”, dijo.
El juez recordó que en el mismo caso han sido condenadas siete personas por aceptar cargos: cinco extrabajadores del TSE y dos fundadores del partido. Otros dos se beneficiaron con la suspensión condicional de la persecución penal. Orellana señaló que esas decisiones están firmes y son parte de los medios de convicción que sustentan la acusación contra Masaya.
Sin acceso a integrantes de Semilla
El juez Orellana ordenó que se restringiera el ingreso a la audiencia únicamente a periodistas debidamente acreditados, dejando fuera a los diputados Samuel Pérez y Diego Toledo, quienes habían llegado para presenciarla.
“Únicamente periodistas con carnés… Si no hay carnés, se van a cerrar [las puertas]”, instruyó el juez al personal de seguridad, limitando el carácter público de la audiencia.
A la salida, los congresistas criticaron la decisión. “Me menciona, pero me cierra la puerta para que no pueda escucharlo. Ni siquiera lo he podido ver a los ojos”, dijo Pérez.
El juez Fredy Orellana hizo al menos dos referencias directas al diputado Pérez durante su resolución. En primer lugar, al citar el testimonio de un colaborador identificado como “testigo A”, señaló que este afirmó que Cinthya Rojas Doris, señalada por el MP como figura clave en “la recolección de adhesiones fraudulentas”, era “una persona muy cercana” a Samuel Pérez y que “ellos dos casi siempre estaban juntos en diferentes horarios del día”.
En una segunda alusión, Orellana incorporó la declaración de otro testigo protegido que identificó a Pérez como “jefe superior” dentro del comité de formación del partido político, al desempeñarse como secretario general, afirmando que era “el responsable de las hojas de adhesiones”.
El diputado Toledo, por su parte, calificó al juez como “un cobarde”. “Le dimos miedo. No sé, le falta algo más de agallas”, dijo
Ambos reafirmaron su respaldo a Masaya, asegurando que continuarán denunciando lo que consideran una persecución política.
El acusado también brindó declaraciones tras ser trasladado por agentes penitenciarios a la cárcel de zona 18. En este lugar está recluido desde la semana pasada por órdenes del juez Orellana, lo que califican diversos sectores como tortura.
“Están torturándome para que acepte cargos, con el único objetivo de seguir haciendo demostraciones de fuerza que ya no tienen. No vamos a doblegarnos ante este juez corrupto ni ante este Ministerio Público”, dijo.
