La acción fue promovida desde la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo (Codisra) y tiene como objetivo proteger el ejercicio legítimo de las autoridades comunitarias, garantizar el debido proceso y denunciar la supuesta arbitrariedad en catalogar como terrorismo las protestas de los pueblos originarios.

“Esta acción de amparo busca que se garantice el debido proceso de los liderazgos de los pueblos indígenas ahora espuriamente criminalizados, que se dé protección a los pueblos indígenas ante la clara inobservancia del MP de normas nacionales e internacionales que protegen las formas propias de organización social”, expresó Arévalo.

El mandatario ofreció estas declaraciones durante una conferencia conjunta con líderes de los 48 Cantones de Totonicapán y autoridades indígenas, en la que también se refirió a las recientes detenciones de los exdirigentes Luis Pacheco y Héctor Chaclán. Según Arévalo, estos hechos constituyen una agresión directa contra los pueblos originarios y contra la democracia misma.

“La criminalización de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, de autoridades indígenas y de cualquier persona que defiende la democracia, los derechos humanos y que combate la corrupción es un ataque a todos los pueblos del país”, añadió.

El presidente de la Junta Directiva de los 48 Cantones, Juan Pablo Ajpacajá, denunció actitudes racistas y discriminatorias en contra de los pueblos indígenas, mientras que la vicepresidenta de esa organización, Leticia Zapeta, aseguró que la persecución penal debilita las instituciones y vulnera el bienestar de las comunidades.

Por su parte el secretario general del MP, Ángel Pineda, publicó en su cuenta de X que el ente investigador “es una institución autónoma, y su mandato no depende del gusto del Ejecutivo ni de intereses particulares”. 

Aunque no se refirió directamente al Ejecutivo, Pineda agregó que utilizar recursos del Estado “para obstaculizar la labor del MP” es una “amenaza directa al Estado de Derecho y una posible violación a la Constitución”.

Sobre la destitución de Porras 

Consultado sobre las posibilidades de destituir a la fiscal general, Arévalo reiteró que el único camino legal para hacerlo es a través del Congreso, que actualmente tiene en análisis dos propuestas para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público.

“La ley en este momento establece que las vías que el Ejecutivo tiene para poder hacer el cambio de fiscal general pasan por el Congreso de la República. Yo no estoy pidiendo que hagan un favor especial”, dijo.

El presidente también advirtió que promover acciones por fuera del marco legal sería equivalente a un golpe de Estado. Subrayó que el llamado a la renuncia de Porras, formulado desde antes de su toma de posesión, sigue vigente, pero depende de una decisión ética y personal de la funcionaria.