El abogado Edgar Ortiz interpuso la acción. El cuestionamiento se centra en la forma en la que la comisión distribuyó el puntaje correspondiente a los años de ejercicio profesional, al que asignó 50 de los 100 puntos totales posibles.

El problema, señaló Ortiz, es que para alcanzar la nota de corte, un aspirante necesitaría acreditar al menos 25 años de trayectoria en el campo jurídico.

Esto representa una contradicción con la Constitución, que únicamente exige 10 años de ejercicio profesional para optar al cargo. Al elevar ese umbral mediante la tabla de gradación, la postuladora estaría modificando un requisito de rango constitucional sin tener facultad para ello.

Ortiz también consideró que la medida constituye una forma de discriminación por edad, ya que excluye a profesionales con méritos únicamente por no contar con suficientes años de carrera. 

Apuntó que la disposición podría vulnerar los artículos 4 y 51 de la Constitución, que garantizan igualdad de condiciones entre quienes aspiran a ejercer funciones públicas.

Sobre la decisión de acudir a la CC y no a un tribunal de menor jerarquía, Ortiz explicó que responde a la urgencia del caso y a un antecedente: en el proceso de selección de 2022, la CC conoció y resolvió una acción similar en un fallo que benefició a la entonces aspirante Consuelo Porras.

Con base en ese precedente, el abogado solicitó al tribunal que conceda de manera provisional el amparo mientras se resuelve el fondo del asunto.​​​​​​​​​​​​​​​​