Corinne Dedik, investigadora del CIEN, indicó que en 2025 se contabilizaron 206 femicidios en Guatemala, lo que representa un incremento del 14.4 por ciento en comparación con 2024. En ese mismo período, las muertes violentas de mujeres aumentaron seis por ciento. 

El informe señala que una de cada tres muertes violentas de mujeres fue tipificada como femicidio. Además, se informó que la tendencia a la baja observada en años anteriores se revirtió tras la pandemia, registrándose incrementos anuales consecutivos. 

Desde la creación del delito en 2008, Guatemala ha registrado 3 mil 314 femicidios y 848 hombres han sido condenados por este crimen.

Dedik recordó que Guatemala fue uno de los primeros países de la región en tipificar el femicidio como un delito en su legislación, mediante la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, aprobada por el Congreso de la República en 2008. 

La investigadora indicó que el femicidio se trata de un homicidio de una mujer cometido por un hombre, motivado por el hecho de ser mujer y en un contexto de relaciones desiguales de poder.

A nivel regional

En el plano regional, el país registró en 2024 una tasa de 1.9 femicidios por cada 100 mil mujeres, por encima del promedio de 1.3 observado en 16 países de América Latina.

Entre 2021 y 2025, el 82 por ciento de las personas procesadas por femicidio resultó condenada y el 18 por ciento fue absuelta. En 2025, el porcentaje de condenas fue de 84, superando el promedio del período analizado.

Actualmente, el país cuenta con 49 órganos jurisdiccionales especializados distribuidos en los 22 departamentos, así como una fiscalía de sección contra el femicidio en el municipio de Guatemala y fiscalías especializadas en siete regiones.

Concentración territorial

A nivel territorial, las tasas más altas de femicidio en 2025 se registraron en Chiquimula, con 12.5 por cada 100 mil mujeres, y Escuintla, con 8.49, concentradas en el sur y suroriente del país.

El CIEN recomendó profundizar en el estudio de los delitos basados en género para mejorar las estrategias de prevención y respuesta institucional. También planteó fortalecer la profesionalización de los servicios de atención a víctimas, distribuir de manera adecuada los recursos para la investigación penal y reforzar la prevención en casos donde existan denuncias previas de violencia contra la mujer.