La designación se realizó a partir del proceso técnico impulsado por el Ministerio de Economía, con acompañamiento internacional, que evaluó perfiles de más de veinte aspirantes.
Javier Bauer, de 39 años, es abogado y notario egresado de la Universidad Francisco Marroquín. Obtuvo una maestría en Derecho de la Competencia, Innovación y Derecho de la Información en la Universidad de Nueva York (New York University School of Law) en 2014. En el ámbito privado, se desempeñó como gerente legal de Corporación Multi Inversiones (CMI) entre 2016 y 2024, y como consultor de la Cámara de Comercio de Guatemala desde 2014.
Además, ha trabajado como asesor jurídico de firmas e iniciativas vinculadas al sector empresarial y fue director ejecutivo del Centro de Arbitraje y Conciliación de la misma Cámara. Bauer también tiene trayectoria docente en la Universidad Francisco Marroquín, donde ha impartido cursos en las licenciaturas de Derecho y Economía. Su experiencia pública incluye una consultoría en el Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente en la Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios.
Por su parte, Luis Guillermo Velásquez Pérez, de 32 años, es politólogo egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), donde también obtuvo una maestría en Estadística Aplicada. Recientemente, cursó una segunda maestría en Política Científica y Tecnología en la Universidad Estatal de Campinas, en Brasil. En el sector público es actualmente asesor de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) entre 2024 y 2025, y previo a eso asesoró al diputado Román Castellanos en el Congreso de la República entre 2020 y 2021.
Velásquez prestó servicios técnicos en distintas instituciones estatales como el Ministerio de Gobernación, el de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Tribunal Supremo Electoral. En el ámbito académico trabajó en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) como docente y asesor.
El ahora director suplente también cuenta con experiencia como consultor en organizaciones no gubernamentales y centros de pensamiento. Ha trabajado para el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), una entidad especializada en política fiscal, y para el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), dedicado al análisis de procesos democráticos. En 2019, fue candidato a concejal en la Ciudad de Guatemala por el partido Movimiento Semilla. Fue miembro de la Comisión de Postulación para la Corte de Apelaciones en 2024, en representación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), bajo la planilla denominada “Unidad por la Justicia”. Como parte de este grupo de profesionales, integrado también por decanos de derecho de todas las universidades y magistrados, Velásquez participó en la selección de los aspirantes a magistrados que luego fueron propuestos ante el Congreso.
Ambos profesionales fueron parte del proceso de selección organizado por el Ministerio de Economía, el cual incluyó una evaluación técnica con el apoyo de la Universidad Finis Terrae de Chile. De un total de 21 aspirantes, seis fueron presentados al Ejecutivo como finalistas, de los cuales hoy se nombraron al titular y suplente por esta vía.
¿Qué es la Superintendencia de Competencia?
Según la Ley de Competencia (Decreto 32‑2024), la Superintendencia de Competencia es una institución autónoma cuyo objetivo principal es prevenir y sancionar prácticas anticompetitivas, así como fomentar condiciones equitativas para los distintos actores económicos. Entre sus atribuciones se encuentra resolver casos de colusión entre empresas, abuso de posición dominante y otras conductas que distorsionan el mercado.
Su órgano máximo de decisión es un directorio conformado por tres directores titulares y tres suplentes, nombrados por el Congreso de la República, la Junta Monetaria y el presidente en Consejo de Ministros, respectivamente. Con la elección de Bauer y Velásquez, el Ejecutivo completa su representación dentro del directorio, lo cual permitirá que este cuerpo colegiado pueda comenzar sus funciones formales, incluyendo la elección del primer superintendente de competencia. De acuerdo con el marco legal, este proceso debe quedar concluido antes del 10 de diciembre de 2025.
