El 13 de agosto último, la CC otorgó un amparo en contra del presidente Bernardo Arévalo, de los ministros de Finanzas y Comunicaciones y del director del Fondo Social de Solidaridad (FSS). El mismo fue interpuesto en marzo de este año y denunciaba la “amenaza cierta, inminente y futura” de que la construcción del paso a desnivel de la avenida Petapa y 53 calle de la zona 12 continuara abandonada. 

La acción legal fue promovida por Jonathan Estuardo Moran Castro, Anselmo Coc Caal y Cristian Josué López Pérez, con el patrocinio del abogado Pablo Josué Santos López. Según los denunciantes, la paralización de la obra dejó en vulnerabilidad e inseguridad a los vecinos de la zona, además de que se violaba el derecho a la libre locomoción.

La CC le dio la razón a los ponentes y ahora el CIV deberá reanudar la obra. 

“Derivado de lo antes analizado, procede a declarar con lugar el amparo solicitado con el fin de restablecer los derechos a la libre locomoción, seguridad, vida, movilidad, transporte digno, desarrollo económico y el principio de legalidad presupuestaria, vulnerado por el Presidente de la República de Guatemala y jefe del Organismo Ejecutivo”, indica la sentencia de la CC. 

Sin embargo, hay una razón por la que la obra se encuentra paralizada y es debido a que la empresa CEBCO incumplió con el contrato. El 9 de diciembre del año pasado, el CIV publicó la resolución SADS-659-2024, que detalla las razones por las que el proyecto sería liquidado y estaba en proceso de ejecución la fianza de cumplimiento a la empresa responsable. 

En el documento indican que para julio tenían que tener un 11 por ciento de avance, lo cual no se cumplió. Tampoco había presencia de personal operativo. 

La sentencia de la CC advierte que las autoridades deberán adoptar las medidas administrativas, presupuestarias, financieras, técnicas y legales necesarias para garantizar la reactivación, continuación y conclusión del proyecto. 

La Corte le dio un plazo de 30 días hábiles al CIV para que formulen un “Plan de Reprogramación de Ejecución de Obra”, el cual deberá contener un diagnóstico actualizado del estado físico y financiero del proyecto, así como la reprogramación de los recursos presupuestarios hasta su finalización.

El documento indica que, si la reactivación del contrato no fuese posible, se debe promover un nuevo procedimiento de contratación pública urgente, es decir, una nueva licitación.

El director del FSS, Luis Mencos, indicó que la entidad se encuentra analizando la forma en que se pueda dar una respuesta a la CC, pues el contrato ya se rescindió.

“Tenemos que ver legalmente cómo accionar en este caso. La empresa tiene una suspensión, entonces habría que analizar si se puede lograr activarla o quitarle la suspensión o, incluso si no fuera viable reactivar este contrato y se tuviera que levantar algún evento, que la empresa (CEBCO) pudiera participar en algún momento”, aseguró el funcionario. 

Cronología de los hechos

Este proyecto se adjudicó el 23 de mayo de 2022 por un monto de Q82 millones 568 mil 852.57; sin embargo, se autorizaron ampliaciones que sumaron Q16 millones para costear un rediseño. En total, la obra está valorada, según registros públicos, en Q99 millones 64 mil 162.32.  De esa cantidad, CEBCO recibió del Estado el pago de Q40 millones 113 mil 113. 55.

Fue hasta el 1 de agosto de 2023 que la obra se paralizó. La empresa denunció que en junio y julio de ese año, sus trabajadores recibieron amenazas, además de que hubo robo de materiales y maquinaria. 

La polémica se desató el 14 de mayo de 2024, luego que la exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, dijo en el Congreso que CEBCO se había declarado en quiebra y por eso la obra millonaria estaba abandonada. Tres días después, De La Vega fue destituida, mientras la constructora advirtió que denunciaría a la exfuncionaria por difamación, pues afirmaba que era falso que la empresa tuviera problemas de liquidez monetaria.

El 16 de mayo, la Contraloría General de Cuentas (CGC) denunció a la empresa CEBCO, a la entidad supervisora de la obra Novarq y a exintegrantes del FSS, por anomalías detectadas en el proceso de construcción del paso a desnivel. Las irregularidades, según el ente auditor, ascienden a Q104 millones 766 mil 166.32.

Aun así, la primera conciliación se firmó el 31 de mayo, según el acta 21-2024. En esa ocasión la empresa se comprometió a entregar la obra el 31 de octubre de ese año. Esta negociación estuvo a cargo de la administración del exministro de Comunicaciones, Félix Alvarado. 

Pasó el tiempo y el 2 de agosto de 2024, CEBCO solo avanzó un 0.45 por ciento en los trabajos que tenía planificados. El 19 de septiembre el CIV informó en un comunicado que la obra continuaba y para ese momento el avance físico era de un 42 por ciento, mientras que el financiero era del 40. 

Llegó el 31 de octubre de 2024 y venció el plazo contractual. La obra seguía igual. Un dictamen técnico indicó que “los trabajos de campo fueron nulos, sin justificación alguna”. 

Ese día, el CIV informó en un comunicado que terminaría el contrato con CEBCO y que se harían las gestiones para adjudicar la obra a otra entidad mercantil. Las autoridades resaltaron que la empresa se había comprometido a no judicializar la obra, tomando en cuenta que se había agotado el proceso administrativo. 

CEBCO: “Nosotros cumplimos”

El representante legal de la empresa, Mario Ceballos, aseguró que la entidad participa del amparo únicamente como tercero interesado, no como precursor del mismo. Agregó que, anteriormente, la obra se retrasó porque la empresa supervisora Novarq no quiso entregar las estimaciones para el pago de los avances. 

Según Ceballos, a diferencia de lo que ocurrió en el paso a desnivel de la Calzada Roosevelt, donde el CIV nombró a un supervisor del Ministerio, en el distribuidor vial de la avenida Petapa no lo hicieron. 

“Yo tengo el interés de terminar el proyecto, inclusive de financiarlo con mi plata, pero que se resuelvan los temas administrativos para que puedan pagar (…) si la Corte ve que nosotros estamos en la mejor disposición y el Ministerio también, ¿por qué nos vamos a negar si podemos hacerlo? Yo tengo la capacidad para hacerlo”, aseguró el representante legal.

Al consultarle sobre la inhabilitación de la empresa, indicó que no existe ninguna ilegalidad en continuar, siempre que el CIV esté en disposición.  Así mismo, señaló que al hacer un nuevo cronograma se deben tomar en cuenta aspectos como la lluvia y el tránsito vehicular en la temporada navideña.

“Yo puedo arrancar, venir y financiar una parte, pero si después de dos o tres meses ya no me pagan, tampoco voy a seguir regalando mi plata, nadie lo haría”, sentenció.

CEBCO y sus vínculos con un exdiputado sentenciado por narcotráfico
En el portal de Guatecompras, la empresa CEBCO aparece inhabilitada debido al incumplimiento del contrato; esto quiere decir que no podrá ejecutar nuevos proyectos hasta el 20 de diciembre de 2026.

No obstante, en el pasado, la empresa logró millonarios contratos, incluido el del paso a desnivel de la Calzada Roosevelt, proyecto que también tiene retrasos y que debe ser entregado el 31 de diciembre de este año. 

El dueño de CEBCO es Mario Alejandro Ceballos Sosa, quien también representa a la empresa Construcción, Movimiento y Vivienda, S. A. (Comovisa). El 14 de mayo de 2024, ePinvestiga reveló que entre ambas empresas el Estado le pagó Q524.38 millones, principalmente durante la administración de Alejandro Giammattei.

Según varias investigaciones publicadas en elPeriódico, ambas empresas tienen como beneficiario final al exdiputado del partido Todos, José Armando Ubico Aguilar, que cumple una condena de 18 años en Estados Unidos por narcotráfico. 

El 11 de febrero de este año, Ubico Aguilar se declaró culpable de estar implicado en una conspiración para el trasiego de cocaína hacia Estados Unidos. Durante su audiencia, el exdiputado admitió que transmitió información relacionada con drogas y moneda estadounidense a otro funcionario guatemalteco. Esto lo habría hecho en nombre de un narcotraficante internacional.

“Estas acciones resultaron en el paso seguro de al menos 450 kilogramos de cocaína a través de Guatemala para su distribución en Estados Unidos”, detalla una nota de prensa de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala.