El MP de la fiscal general Consuelo Porras se caracterizó por la criminalización contra defensores de derechos humanos, comunidades indígenas y campesinas, operadores de justicia y periodistas. Así lo evidencia la persecución penal promovida contra 166 personas –casos registrados por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales– pertenecientes a estos sectores.
Porras está participando nuevamente en el proceso de selección, logrando avanzar hasta la penúltima fase. Su expediente será evaluado el jueves 16 de abril por la Comisión de Postulación. Si obtiene una calificación arriba de 75 puntos, podría ser incluida en la nómina de finalistas que será entregada al presidente Bernardo Arévalo. Mientras tanto, desde el exilio y las calles, las personas criminalizadas se pronuncian en contra de su postulación.
Dirigentes campesinos provenientes de Izabal, Santa Rosa y Alta Verapaz marcharon este 15 de abril por el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, portando cadenas como símbolo de la tortura carcelaria a la que fueron sometidos en años recientes.
Bernardo Caal Xol, Leocadio Juracán, Abelino Chub Caal, Cristóbal Pop, Mauricio Rivas y Eduardo Bin entregaron una carta a la Comisión de Postulación en la que manifestaron su oposición a que Porras ocupe un lugar en la lista final, lo que le otorgaría una oportunidad para ser reelegida.
Entre sus razones explican que la fiscal general ha violado las leyes al asumir la defensa institucional de funcionarios investigados por corrupción; entre ellos, el expresidente Alejandro Giammattei. También señalan que ha criminalizado la protesta social y ha ‘’atacado la democracia’’, cita la carta, al tratar de impedir la toma de posesión de Arévalo, por medio de una denuncia presentada contra el Movimiento Semilla, lo cual finalmente consiguió la cancelación del partido oficialista.
‘’Señalamos cómo ha utilizado la institucionalidad para criminalizar a la población que alzamos la voz y que demandamos justicia’’, declaró Leocadio Juracán. ‘’Si la fiscal sigue en el Ministerio Público, va a continuar lo que ha hecho durante ocho años’’.
Añadió que, en caso de que Porras sea incluida en la nómina final, también entregaron un memorial al presidente Arévalo donde piden que no la designe para otro período.
‘’Necesitamos personas con idoneidad y también personas que realmente amen la justicia, comprometidas con su pueblo’’, puntualizó.
Se solidarizan
Los manifestantes también expresaron su solidaridad con quienes aún se encuentran en prisión: Héctor Chaclán y Luis Pacheco, exautoridades de los 48 Cantones de Totonicapán; los líderes q’eqchi, Jorge Coc y Marcelino Xol; y el exfiscal anticorrupción, Estuardo Campo.
Demandaron justicia para ellos y para las comunidades campesinas que enfrentan órdenes de captura y desalojo por defender sus territorios en contra de terratenientes y empresas extractivas.
