Hoy, con mayor profundidad resulta doloroso e indignante que, en pleno siglo XXI, Guatemala continúe siendo escenario de hechos tan violentos que nublan, lo poco que hemos avanzado en materia de democracia y libertad, desde aquel 20 de octubre de 1944 y recordándonos con ellos, los capítulos más oscuros de nuestra historia.

Los asesinatos de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, acaecidos el pasado sábado 17 de octubre en las instalaciones del Campo Marte de esta ciudad, a plena luz del día y en presencia de varias personas, inclusive menores de edad, constituyen actos absolutamente deleznables que merecen el rechazo de toda la población guatemalteca.

Dos vidas arrebatadas en un espacio deportivo y de recreación que supone un ambiente totalmente adverso a un escenario de terror. Dos familias destrozadas y una sociedad que vuelve a quedar expuesta a la vulnerabilidad de una de sus más grandes falencias: la seguridad. ¿Hasta dónde puede llegar la violencia y qué tan seguros estamos los ciudadanos y más aquellos que se atreven a levantar la voz?

Solórzano Foppa fue una figura pública que, independientemente de las simpatías o diferencias que pudiera haber despertado, ejercía abiertamente su derecho a expresarse. En recientes fechas había difundido videos en los que señalaba presuntos hechos de corrupción y estructuras criminales. ¿Tendrán estos hechos que ver con su asesinato? Para muchos es obvia la respuesta, pero corresponderá a las autoridades determinar si dichas denuncias e información que él divulgaba en sus redes guardan o no relación alguna con su asesinato.

De la forma que fuere, hoy queda claro, que no se está seguro en ninguna parte y que la vida poco o nada vale, por sobre intereses mezquinos y oscuros. 

Sólo queda asimilar una cruda realidad y es que se puede terminar con la vida de alguien, ya sea por callar su voz o por sencillamente estar en el lugar y momento incorrecto.

Resulta pues inevitable preguntarse: ¿qué está ocurriendo y en dónde está la libertad y la seguridad que supuestamente hoy debiésemos estar festejando y la cual cada ser humano se merece? Y aquí es donde se debe ser, no sólo claro sino contundente.

No importa si se comparten o no las opiniones, si las denuncias que alguien haga sean verdaderas o equivocadas, ni cuáles sean sus posiciones ideológicas. Nada, absolutamente nada, puede justificar la pérdida de vidas por lo que se diga, se piense o se denuncie.

La libertad de expresión no existe únicamente para proteger las ideas con las que estamos de acuerdo; existe, precisamente, para garantizar que podamos disentir, sin temor a represalias.

Tras estos atroces actos, será posible que tengamos que aprender a vivir con miedo y evitar decir públicamente lo que se piensa, siendo blanco de venganzas y expuesto a una desestabilización política que provoque existir en absoluta censura.

Porque cuando una sociedad comienza a guardar silencio por temor, la democracia empieza a perder su esencia.

Resulta igualmente doloroso que una persona como Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro haya perdido la vida en este ataque. Su nombre no debe quedar relegado ni mucho menos olvidado a una mención secundaria por el hecho de no haber tenido la misma exposición pública. Su vida valía exactamente lo mismo, dejando claro que quien habla o quien no habla, no goza de seguridad en este país. Tampoco podemos olvidar a quienes resultaron heridos y a las familias que hoy enfrentan las consecuencias de semejante brutalidad.

Este doble crimen exige mucho más que declaraciones de condena.

Exige una investigación seria, profunda, independiente y exhaustiva. Ojalá exista la suficiente fuerza y transparencia para identificar y aplicar todo el peso de la ley, sobre los responsables materiales, así como sobre quienes ordenaron el ataque.

No basta con capturas ni explicaciones apresuradas y mucho menos con tremendas equivocaciones e injusticias como la cometida con los hermanos Choc. La justicia debe llegar hasta el fondo del asunto, respetando el debido proceso y sin permitir que la impunidad vuelva a imponerse.

Preocupa, además, la fragilidad de nuestro débil sistema de justicia y la precaria estabilidad institucional. Para solventar la terrible situación que atraviesa Guatemala, no alcanza con buenas voluntades, una que otra persona proba a la cabeza de sus instituciones y comunicados que prometan acción.

Guatemala ha atravesado distintas épocas marcadas por la violencia, la intimidación y la confrontación política, impidiendo su progreso y ahorcando su incipiente democracia, agravándose dicho problema, cuando nos aproximamos nuevamente a un proceso electoral, resulta indispensable impedir que el temor, la polarización, las falsas y mezquinas promesas de mano dura, así como las estructuras criminales condicionen, determinen y anulen las libertades esenciales de los ciudadanos.

No podemos afirmar, sin pruebas, que este crimen responda a intereses políticos; pero tampoco podemos ignorar las nefastas inquietudes que éste despierta en un país con nuestra historia.

Hoy se presenta una paradoja particularmente dolorosa al escribir estas líneas un 20 de octubre, fecha en que conmemoramos la Revolución de 1944. Mientras se recuerda una gesta que abrió caminos para ejercer las libertades ciudadanas y la esperanza democrática, Guatemala se viste de luto, despidiendo a guatemaltecos que fueron una vez más víctimas de la violencia y la cooptación institucional.

¿De qué sirve conmemorar las conquistas democráticas del pasado si no somos capaces de proteger los derechos más fundamentales del presente? ¿Qué significado tiene celebrar la libertad cuando todavía existen ciudadanos que sienten miedo de ejercerla?

Guatemala necesita recuperar la paz, pero no una que esté construida sobre el silencio, la resignación o el temor.

Este país necesita una verdadera paz que se sustente en la justicia, el respeto a la vida y la fortaleza de nuestras instituciones.

Esta tierra necesita estabilidad y certeza jurídica que permita disentir sin odiar, denunciar sin temer y ejercer la ciudadanía sin arriesgar la vida.

Hoy corresponde exigir a las autoridades actuar con absoluta entereza e independencia, aplicando con determinación todo aquello que esté a su alcance para investigar lo ocurrido y ojalá así desarticular estas estructuras criminales que acaban con la paz de este país.

Corresponde a las autoridades romper, de una vez por todas, esos círculos de violencia que tanto daño nos han causado.

Que este crimen no se convierta en una noticia más ni en otra investigación inconclusa, esperando tampoco ser utilizado para alimentar enfrentamientos ideológicos o intereses particulares y políticos.

Que la indignación nos una en la defensa de la vida, que la justicia prevalezca sobre la impunidad y que el miedo jamás termine arrebatándonos la libertad.

Porque una democracia en la que sus ciudadanos temen hablar o simplemente estar presentes en una cancha de fútbol, resulta en lo que se está cayendo, en un Estado fallido, nulo e inexistente.