En Guatemala, aprobar un presupuesto público se ha convertido en un ejercicio de refinada ironía: se discute apasionadamente cómo repartir los recursos del próximo año, aunque buena parte de ellos ya tenga dueño antes de comenzar la discusión. Como quien intenta conducir un pesado camión cuesta abajo, se anuncian nuevas prioridades, se prometen resultados y se negocian asignaciones, mientras las decisiones acumuladas durante décadas hacen cada vez más difícil frenar el crecimiento del gasto o corregir su trayectoria.

El reciente análisis del Proyecto de Presupuesto 2027 elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) permite dimensionar esta paradoja. Según el informe, el 90.1 por ciento de los ingresos corrientes netos de donaciones estaría comprometido con destinos específicos. Dicho de otra manera, por cada 100 quetzales de ingresos corrientes, apenas 10 quedarían fuera de esas obligaciones. No significa que el resto sea imposible de administrar, pero sí que modificar las prioridades exige mucho más que voluntad política. (https://cien.org.gt/wp-content/uploads/2026/10/Documento-tecnico-Analisis-del-Proyecto-de-Presupuesto2027GT-1.pdf)

Esta rigidez no apareció por casualidad. Es resultado de disposiciones constitucionales, asignaciones legales, compromisos laborales, transferencias obligatorias y decisiones políticas que han venido acumulándose a lo largo de las décadas, sin considerar suficientemente sus efectos conjuntos. Cada obligación, seguramente, tuvo una justificación válida en su momento, pero su acumulación ha terminado por reducir la capacidad del presupuesto para responder a necesidades cambiantes.

Lo verdaderamente paradójico es que, mientras se multiplican las obligaciones que restringen el uso de los recursos, también proliferan las excepciones a las reglas destinadas a ordenar las finanzas públicas. El Proyecto de Presupuesto 2027 propone permitir que determinados gastos de funcionamiento se financien con bonos, exceptuándolos de la prohibición establecida en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto. En lugar de adaptar las decisiones de gasto a las reglas fiscales, se pretende adaptar las reglas a las decisiones de gasto.

Lo anterior es grave, pero existe un problema todavía más profundo. El presupuesto público guatemalteco continúa funcionando predominantemente bajo una lógica incremental: lo que se gastó anteriormente constituye el punto de partida para decidir cuánto gastar después. La continuidad de las asignaciones termina adquiriendo mayor importancia que la evidencia sobre sus resultados. Así, programas, estructuras administrativas y compromisos financieros pueden perpetuarse sin una evaluación suficientemente rigurosa de su contribución al bienestar de la población.

El resultado es un sistema que protege con bastante eficacia las obligaciones de gasto, pero ofrece muchos menos mecanismos para corregir aquello que no funciona. Se exige cumplir procedimientos, ejecutar recursos y respetar asignaciones, pero resulta mucho más difícil establecer responsabilidades cuando los servicios públicos no mejoran. La legalidad del gasto es indispensable; su utilidad social también debería serlo.

Por eso, la discusión fiscal necesita recuperar una dimensión que ha ido perdiendo importancia: la posibilidad de revisar prioridades y reasignar recursos conforme a resultados verificables. El CIEN propone avanzar hacia revisiones sistemáticas del gasto, reducir gradualmente las asignaciones rígidas y fortalecer la responsabilidad de las instituciones por los resultados que producen. No se trata simplemente de otorgar mayor discrecionalidad a los funcionarios, sino de sustituir compromisos automáticos por decisiones sujetas a evaluación, transparencia y rendición de cuentas.

Guatemala necesita mejores servicios públicos, mayor inversión y recursos suficientes para financiarlos. Pero ninguna de esas aspiraciones se alcanzará simplemente ampliando el presupuesto mientras permanezcan intactos los incentivos que determinan su utilización. Antes de discutir cuánto más debería gastar el Estado, convendría recuperar su capacidad de decidir dónde vale la pena gastar y su obligación de demostrar para qué sirvió cada quetzal.

En el fondo, el presupuesto es producto de lo que la literatura económica latinoamericana ha denominado la “pugna distributiva”: distintos grupos organizados compiten por introducir compromisos permanentes de gasto que favorezcan sus intereses particulares. El resultado no necesariamente responde a las prioridades del desarrollo, sino a la capacidad de cada grupo para defender sus beneficios y trasladar sus costos al resto de la sociedad. Cuando esta lógica se institucionaliza mediante asignaciones obligatorias y compromisos difíciles de revertir, el presupuesto termina perpetuando la distribución del poder y de los recursos del pasado. Romper esa dinámica exige revisar compromisos, someter las asignaciones a evaluaciones periódicas y recuperar la posibilidad de reasignar recursos según resultados. Pero también implica enfrentar resistencias políticas, conflictos legales y el riesgo de que los intentos de reforma terminen añadiendo nuevas obligaciones y espacios de discrecionalidad a los ya existentes. El desafío no consiste en eliminar la pugna distributiva, sino en evitar que sus resultados se conviertan en obligaciones permanentes, inmunes a cualquier evaluación.