La salida de Francisco Jiménez del despacho de Gobernación, así como de dos de los viceministros de esa cartera, es una medida que oxigena, de manera parcial y en el corto plazo, la crisis tras la evasión de los 20 líderes de maras. Era lo mínimo esperado. Un día después de ese anuncio, el ambiente general parece diferente al imperante horas atrás. Se percibe como si el cambio de funcionarios era lo único que está en juego y que la fuga como tal queda en segundo plano. La complacencia, ante el incesante pedido de la salida del funcionario, corre el riesgo de dejar de lado los hechos determinantes.

Quedan muchas preguntas por resolverse, y que quizás nunca serán respondidas. Por ejemplo, por qué hasta ahora se da a conocer el hecho, cuando en realidad sucedió hace dos meses. ¿Qué autoridades sabían del asunto en el momento que se llevó a cabo la fuga y por qué no actuaron en consecuencia? ¿Hasta dónde alcanza la colusión que sirvió de marco para semejante acción? ¿Por qué los sistemas de inteligencia del Estado no detectaron nada al respecto? O es que, en realidad, ¿también forman parte de las estructuras controladas por el crimen organizado?

Lo que es evidente es que una acción de ese tipo no se fraguó de la noche a la mañana, y sin el respaldo de una serie de actores, dentro y fuera del sistema penitenciario. También que, a pesar de las medidas para el mejoramiento de ese sistema, prometidas por el presidente de la República, el Estado no tiene ni tendrá a mediano plazo el control de las cárceles (si es que en alguna ocasión la tuvo); aún con el respaldo del gobierno de EE.UU

Los centros de privación de libertad en este país son territorios inexpugnables, donde se condensan todos los males de la sociedad y donde el control del poder, por pequeña que sea la porción, es la agenda del día a día. Meter las manos allí es entrar a un enorme agujero negro, que, además, no genera incentivos para ningún gobierno. Las sociedades, a lo largo de la historia, han mostrado desagradado por los centros de privación y todo lo que allí sucede. Quienes entran, indistintamente de las razones y penas, salen marcados por ese tránsito. Lo que allí se invierta es percibido como gasto innecesario.  Lo mismo sucede a escala global. Al no generar ningún atractivo, los gobiernos han hecho de la vista gorda y es allí donde han entrado en juego las estructuras interesadas en llenar ese “vacío” y convertir esos espacios en arenas para potenciar el crimen bajo el reino de la total impunidad.

Hallazgos, como la inexistencia de un censo de los privados de libertad, ponen en evidencia las precariedades del “sistema”. Los intentos de control se topan con una realidad: mejor que ni sepan cuántos somos. Esa es una muestra que estamos ante un evento que es producto de la tierra de nadie.

En tal sentido, la fuga de los 20 terminará siendo un hecho que pierde fuerza en la agenda de la seguridad ciudadana. Ni siquiera el factor miedo por el perfil de los fugados adquiere peso; pero se mantendrá durante cierto tiempo en la dimensión política, porque es un dispositivo deseado por diversas muestras de oposición para aumentar el encono contra el gobierno de turno.