De sobra se sabe que Guatemala es y ha sido escenario de un ciclo vicioso de corrupción, impunidad, instituciones débiles y falta de certeza jurídica. Lo he dicho y escrito, incansables veces.

Sin embargo, dentro de los muchos errores, la falta de decisiones acertadas, el arrastre de problemas y la herencia de un sistema corrupto que opera para el crimen organizado, esta administración, con muchos factores en contra, ha logrado abrir oportunidades que podrían marcar un punto de inflexión importante, mismas que de ser correctamente aprovechadas, provocarían cambios profundos para que tanto ahora, como en el futuro, queden implementados, sistemas que operen bajo los principios de la transparencia.

Hago referencia a la creación de La Red de Integridad del Organismo Ejecutivo, impulsada por el presidente Arévalo. Dicha red fue lanzada oficialmente en septiembre del año pasado, la cual articula las 67 Oficinas de Asuntos de Probidad de ese Organismo, promoviendo el diálogo y la comunicación interinstitucional, el intercambio de buenas prácticas y la construcción de una cultura administrativa, basada en la ética y los valores.

Todo lo anterior opera bajo la dirección y supervisión de la Comisión Nacional Contra La Corrupción -CNC-, la cual, se sabe, tiene una perspectiva de trabajo, enfocada en la prevención, más que en la reactividad.

Esto no implica que no cumpla una función importante y eficiente, pues el fenómeno de la prevención puede tener efectos mucho más efectivos y positivos, que actuar únicamente de forma reactiva y sin propuesta.

Aunque esto no quede claro aún para muchos, lo anterior es un esfuerzo de suma importancia, pudiendo ser el principio de un sistema anticorrupción, que opere con mucha más estrategia proactiva, que aquellas comisiones contra la impunidad, que sólo tienen por misión, luchar contra la corrupción, bajo la premisa de lo punitivo, el enjuiciamiento y la cárcel, olvidando las medidas preventivas y de alerta que pudiesen evitar llegar a lo antes mencionado.

La reforma al Código de Ética (Acuerdo Gubernativo 32-2025) obliga a todas las dependencias estatales a tener Unidades de Probidad que velen por la ética, la detección temprana de riesgos, los conflictos de interés, prácticas anómalas y corruptas. Esto es un gran paso, que no sólo queda en papel, sino en procesos que sean ejecutables para el cumplimiento de dichas medidas, mismas que ya brindan resultados positivos en algunos Ministerios y dependencias del Estado, teniéndose la meta, lograr la correcta implementación y el eficaz cumplimiento de esos principios para dichas unidades.

Adicionalmente, se ha creó la Academia de Ética e Integridad -ACADETI- la cual ha logrado capacitar a más de 1,500 funcionarios, comenzándose, además, una estrategia de descentralización para fortalecer las capacidades en los 22 Departamentos.

Es cierto, falta aún mucho por hacer, pero empezar era importante y sólo dando estos primeros pasos se podrá lograr un sistema que mine las malas prácticas.

Muchos países lo han logrado y este ha sido el recorrido que han emprendido. Lo que sí estamos claros es que siempre será necesaria una verdadera voluntad política, una fuerte comunicación y difusión de estos procesos que invite a toda la ciudadanía, a ser parte de esta transformación.

Por lo tanto, debe tenerse muy en claro, que, a pesar de la inoperancia y la falta de ejecución en muchos aspectos, no es casualidad, pues tiene conexiones muy grandes con el traspaso de implementar un sistema que suplante a otro, que estaba destinado a favorecer la corrupción.

Hoy se enfrenta un entramado muy complejo, que en cierta medida entrampa los procesos, los confronta entre una corrupción heredada, sumado a una judicialización maliciosa de contratos, personas y actos, deficiencias en los asesoramientos y falta de vías legales para enfrentar tan difíciles problemas.

Nada de esto pretende ser excusas, sino reales circunstancias que disminuyen la eficacia de un proceso que permita pasar de un escenario a otro, lo cual hace ver a este gobierno como un coctel perfecto de buenas intenciones y bajas ejecuciones, reiterándose que lo anterior no sucede por simple casualidad.

Recordemos, que el gran escollo de toda esta problemática sigue siendo la falta de un sistema judicial sólido e independiente.

En lo que va del primer trimestre de 2025, la CNC presentó 251 denuncias ante el Ministerio Público, muchas de ellas sobre actos cometidos en administraciones anteriores. De estas, más de 160 siguen sin ser investigadas, apenas 10 han llegado a fase judicial y 33 han sido archivadas o desestimadas, sin mayor explicación.

El Ministerio Público ha negado información sobre el avance de estos casos, argumentando que la CNC no es parte procesal.

Esto no sólo obstruye la labor institucional, sino que envía un mensaje nefasto a la población, siendo este que la justicia en Guatemala aún responde a pactos corruptos y no a un verdadero interés por la rendición de cuentas.

Este panorama representa una paradoja dolorosa: mientras desde el Ejecutivo se intenta romper inercias corruptas y se instalen bases para consolidar la institucionalidad, el sistema de justicia, con un MP inoperante a la cabeza, se convierte en un muro de contención que sabotea todos estos esfuerzos.

Quisiera hacer énfasis que la falta de ejecución no responde a un absoluto fracaso del Organismo Ejecutivo, sino a la permanencia aún de un sistema corrupto que provoca el fracaso del Estado guatemalteco en su conjunto, que no ha logrado alinear sus instituciones a dicha Red de Integridad, para que opere favor del bien común.

Mientras los guatemaltecos se ven distraídos entre la conformación de nuevos partidos políticos, la desinformación digital, las narrativas polarizantes y la desesperanza, se sigue corriendo el riesgo de olvidar los avances estructurales que esta Red aporta.

Si todos nos enfocáremos en fortalecer a la misma y se le destinara la necesaria y suficiente cantidad de recursos para lograrlo, ésta, sería sin duda alguna, el punto de quiebre que transformaría un sistema corrupto y clientelar por uno regido por la ética, la eficiencia y el servicio a la gente.

Este esfuerzo y oportunidad no deben pasar desapercibidos, ni permitir que la presión ciudadana las diluya.

Recordemos que la transformación real del Estado no llegará de un día para otro, pero cada estructura que se construya con integridad merecerá ser defendida y fortalecida.

Por lo tanto, esta Red de Integridad, no deberá ser tan sólo un programa técnico; sino concebirse como esa posibilidad de cambio profundo y como tal, no debe apagarse, ni quedar en el intento.