En la discusión sobre el salario mínimo de los últimos 35 años hay claros ganadores: quienes impulsan aumentos constantes. Si este debate fuera un partido de fútbol, el marcador sería abrumador. Las estadísticas del equipo “aumentista” sería: 28 G; 6 E; 0 Perdidos (Ganados; Empatados; Perdidos). Para ponerlo en términos futboleros: ni el Madrid de Cristiano y el Barça de Xavi, Iniesta y Messi presumieron nunca una temporada así de ganadora. No obstante, a pesar de ese dominio absoluto en la cancha política, el empleo formal sigue sin despegar, la informalidad laboral no baja del 70% y el país pierde a sus jóvenes rumbo al Norte. Aumentos más agresivos tampoco habrían cambiado este cuadro, porque el problema no es cuánto sube el mínimo, sino que millones de trabajadores nunca lograrán cruzar la puerta de la formalidad mientras el costo de entrar sea más alto que su productividad

Cada diciembre, con variaciones de estilo y de porcentaje, los defensores del aumento por decreto han logrado lo que buscan: que el salario mínimo vuelva a subir. A veces mucho, a veces poco, pero casi siempre hacia arriba. Una hegemonía política indiscutible… con resultados que, a juzgar por la economía real, son cualquier cosa menos alentadores. Si esta herramienta de política pública fuera realmente el instrumento para mejorar la vida de los trabajadores, se vería en los datos. El país debería tener una economía más formal, con mayor capacidad de generar empleo, con menos pobreza y con menos necesidad de migrar. Sin embargo, las cifras muestran lo contrario: a mayores aumentos del salario mínimo, más informalidad, más migración y menor capacidad de las empresas para absorber mano de obra.

Sin entrar en ultra tecnicismos, bastan tres números para mostrar la gravedad del problema. Primero, durante los últimos 65 años la población creció a una tasa promedio de 2.38% anual, mientras que la cantidad de empleados privados registrados en el seguro social creció, en promedio, apenas a 2.47% anual. Eso quiere decir que, por habitante, el empleo privado ha estado prácticamente detenido durante 65 años. En otras palabras, el país produce más gente que trabajos formales.

Segundo, tan baja tasa de crecimiento del empleo formal respecto del crecimiento poblacional no altera la estructura del mercado laboral: el país sigue teniendo una tasa de informalidad cercana al 70%. En 2025, según los datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEIC), la foto es brutal: 78% de informalidad rural, 65% en el resto urbano y 45% incluso en el área metropolitana. Es decir, la mayoría de trabajadores no vive bajo las reglas del salario mínimo. Lo más grave: ni siquiera se asoman a las puertas de la comisión donde se discute, de manera ritual, la revisión del mínimo.

Tercero, la economía ha respondido de forma predecible a esta realidad: el salario mínimo protege a los que ya están adentro, pero desprotege —cada vez más— a quienes nunca lograrán ser formales. El salario mínimo termina siendo como un cinturón de seguridad instalado únicamente en los asientos de quienes tienen la suerte de ir en la cabina delantera. La inmensa mayoría viaja apretujada y sin seguridad alguna en la palangana de un pick-up.

Al subir el salario mínimo por encima de la productividad de la mayor parte de los trabajadores, las empresas pequeñas y medianas simplemente no pueden pagarlo; y las más productivas, aunque absorben parte del costo, reaccionan restringiendo nuevas contrataciones, ajustando sus plantillas al nivel de productividad o sustituyendo a los trabajadores menos calificados con tecnología y maquinaria. La segunda consecuencia es más trágica: la migración. Si un país genera empleo privado apenas por encima del crecimiento poblacional y la mayoría de esos trabajos son informales, la salida racional para miles de jóvenes es buscar oportunidades en otro destino. La tercera consecuencia es un encarecimiento artificial del empleo formal en un país con abundancia de trabajadores jóvenes con bajos niveles de educación y capacitación. Crear una plaza que cumpla con todas las exigencias de las regulaciones laborales y que pueda pagar el salario mínimo es tan costoso que solo un puñado de empresas puede hacerlo sin comprometer su supervivencia. El mínimo se vuelve un privilegio, no un derecho.

Si, después de más de cincuenta años de seguir haciendo lo mismo, el país sigue atrapado en la misma estructura laboral —o peor—, entonces la pregunta no debería ser cuánto más o cuánto menos se sube el salario el próximo año. La pregunta debería ser si esta herramienta es útil para lograr lo que se propone. Todo indica que no. No porque sea “mala”, sino porque está diseñada para una realidad que no existe: un país con alta productividad, abundantes empleadores formales y mercados laborales dinámicos. Utilizar el salario mínimo como instrumento central en un país donde siete de cada diez trabajadores viven fuera de la formalidad es como querer corregir el problema del costo de la vivienda regulando el precio de los apartamentos en zonas 10 y 14: se regula a la minoría que ya estaba bien y se ignora la realidad donde vive la mayoría.

Este año, seguramente volverá a ganar el equipo “aumentista”. Pero, en lugar de celebrar otra victoria automática, deberían preguntarse por qué, después de cuatro décadas de hegemonía absoluta, el paciente sigue sin mejorar. Si de verdad se quiere elevar el nivel de vida de los trabajadores, el foco no puede seguir puesto únicamente en ajustes anuales por decreto, sino en aquello que hace posible que un salario digno exista y se sostenga: productividad, formalización real y un modelo económico capaz de generar empleos productivos para absorber a la mayoría de trabajadores —no solo a los pocos que ya están adentro.