Nos gusta creer que el problema empieza cuando sube el precio del petróleo. Qué conveniente. Es como descubrir que el techo tiene goteras el día que llueve. Durante décadas decidimos que el transporte público, la infraestructura, la energía, la seguridad y demás bienes públicos eran demasiado caros. Perfecto. No los pagamos. Pagamos otra cosa: carro, gasolina, seguridad privada, colegio privado, seguro médico, planta eléctrica, cisterna y, si seguimos así, eventualmente nuestra propia carretera. Pero tranquilos: evitamos el gasto público. Todo un éxito. El costo nunca desapareció. Solo dejamos de pagarlo juntos y comenzamos a pagarlo cada uno por su cuenta. En el proceso construimos un país donde buena parte de la vida cotidiana depende de un producto que no producimos y cuyo precio no controlamos. Luego llega un shock y descubrimos, con genuina sorpresa nacional, nuestra vulnerabilidad. Y comenzamos a discutir cómo abaratar la gasolina. Porque después de 30 años diseñando la dependencia, la solución obvia es esconder el precio durante seis meses.

A más de alguno le resulta bastante cómoda cierta debilidad estatal. Una institución fuerte regula. Una institución independiente pregunta. Una institución técnica mide. Una institución transparente deja registro. Todo muy incómodo. Un Estado débil, en cambio, suele ser bastante más flexible. El político tampoco sale necesariamente perdiendo con el arreglo. Una regla automática tiene un defecto terrible: se aplica sola. La discrecionalidad, en cambio, permite reuniones, excepciones, permisos, interpretaciones, dilución de responsabilidad y esa maravillosa institución latinoamericana conocida como “veamos cómo lo resolvemos”. Y finalmente está el ciudadano. Le dicen: “Necesitamos recaudar más para construir mejores bienes públicos”. Y responde: “¿Para qué? Si se lo van a gastar mal”. Perfectamente razonable. El empresario protege su posición. El político protege su discrecionalidad. El ciudadano protege sus lenes. Todos actuando racionalmente.

Maravilloso. Equilibrio de Nash. ¡Felicitaciones! Nadie tiene incentivo para moverse primero porque sospecha, probablemente con razón, que será el único que pague por los tamales mientras los demás siguen jugando exactamente igual. El resultado es estable. Ese es el problema. No porque funcione bien, sino porque funciona suficientemente bien para quienes tienen capacidad de adaptarse a él. Mientras tanto, el ciudadano paga. Paga impuestos relativamente bajos y luego compra privadamente aquello que el Estado no logra producir. Compra seguridad porque falta seguridad. Compra transporte porque falta transporte. Compra salud porque falta salud. Compra soluciones energéticas porque falta infraestructura. Es una especie de Estado de bienestar extraordinariamente innovador: cada ciudadano se proporciona su propio bienestar. ¡Y además paga IVA! La ironía es que cuando uno viaja a países con excelentes carreteras, trenes, hospitales, parques, seguridad e infraestructura, suele decir: “Qué calidad de vida”. Pregunte cuánto pagan de impuestos. Pero hágalo sentado. Allí se acaba el tour romántico. Queremos carreteras de Florida con la factura de Guatemala.

Pero esos impuestos pueden entenderse como algo parecido a una prima de seguro contra males públicos. No porque todo impuesto produzca mágicamente un bien público. Eso sería fe, no economía. Tiene que existir una institución capaz de transformar esa recaudación en algo que la gente pueda efectivamente usar. Y ahí está el verdadero problema chapín. No basta decir: “Hay que cobrar más”. Porque la gente mira a la aseguradora y pregunta: “¿Y usted sí paga los siniestros? Porque mi tía necesita el riñón hoy”. Y la pregunta no es precisamente académica. Para cobrar la prima somos un Estado moderno. Para pagar el siniestro reaparece la República de Justo Rufino Barrios.

Por eso la discusión fiscal empieza antes de la tasa tributaria. Empieza por instituciones independientes, controles, transparencia, servicio civil, continuidad y resultados. Hay que conseguir que pagar la prima tenga sentido. Mientras no cambiemos las reglas del juego, cada actor seguirá tomando decisiones perfectamente racionales. El emprendedor se adaptará. El político conservará discrecionalidad. El ciudadano evitará pagar más. Y todos podremos reunirnos cada vez que llegue el próximo shock para preguntarnos, nuevamente sorprendidos, por qué seguimos tan expuestos. El problema del equilibrio subóptimo no es que nadie optimice. Es que todos lo hacen.