Cuando los legisladores deciden transformar el Palacio Legislativo en un templo improvisado —donde resuenan shofares, se elevan plegarias corporativas y se adoptan posturas de sumisión mística bajo las curules— no están honrando a Dios ni elevando la moral de la nación; están perpetrando una burda escenografía electoral. Lo hemos visto históricamente en Guatemala con camaleónica persistencia. Ayer fue el catolicismo de Estado con sotanas alfombrando los poderes públicos; hoy son expresiones evangélicas o judaizantes utilizadas con el mismo propósito utilitario. Los políticos, ávidos de réditos electorales y de la absolución popular que creen comprar con gestos de piedad ostentosa, ceden los espacios institucionales a la facción religiosa que consideren dominante en el momento.
Esta dinámica degrada la política hasta convertirla en una farándula de circo. Mientras el país se debate entre la pobreza, la violencia estructural, la desnutrición y la precariedad institucional, el Organismo Legislativo prefiere enfocar sus energías en actos de fervor performativo. No es la búsqueda del bien común lo que convoca estas escenas, sino el cálculo mezquino de ganar la gracia de los líderes de congregaciones influyentes para asegurar cuotas de poder y caudal de votos. Olvidan deliberadamente que la función primordial de un diputado es fiscalizar, legislar con altura técnica y responder ante una ciudadanía plural, no rendir culto público en horario de oficina.
Nuestra carta magna es categórica al configurar a Guatemala como un Estado laico, precisamente para proteger la libertad de conciencia de todos los habitantes. La separación entre el Estado y las iglesias no es un capricho ideológico ni un ataque contra la libertad religiosa; es la conquista histórica más valiosa para evitar que el poder temporal se mezcle con el dogma, garantizando que ninguna creencia —por mayoritaria o influyente que pretenda ser— se imponga desde las estructuras del poder público.
Cuando los padres de la patria hincan las rodillas y agachan la cabeza institucionalmente en el hemiciclo, fracturan el pacto social republicano. Envían un mensaje perverso: en el Estado de Guatemala los derechos y las preferencias no dependen de la ciudadanía universal, sino de la cercanía de los grupos de fe con quienes detentan temporalmente el poder. Esto no es libertad de culto; es confesionalismo de fachada. Cualquier ciudadano tiene el derecho sagrado de practicar su fe en la intimidad de su conciencia, en su templo o en su hogar. Pero ningún funcionario público tiene la potestad de utilizar los bienes, los espacios y la investidura del Estado para convertir actos de devoción personal en políticas o espectáculos de carácter oficial. Permitir este deslizamiento institucional abre la puerta al fundamentalismo y debilita irremediablemente el Estado de derecho.
Para evitar que el Estado guatemalteco termine devorado por el clientelismo religioso y la demagogia mística, es urgente recuperar la cordura republicana y la fiscalización ciudadana implacable. Lo que debe hacerse correctamente es exigir, sin rodeos, el cumplimiento estricto del marco constitucional. Los partidos políticos y los organismos del Estado deben dejar de instrumentalizar la fe de los guatemaltecos como moneda de cambio electoral.
La ciudadanía necesita fiscalizar con rigor a sus representantes, castigando en las urnas y en el debate público estas conductas que rebajan el debate nacional a sainetes de sacristía. Los legisladores deben entender que el Palacio Legislativo pertenece a todos los guatemaltecos —creyentes de diversas denominaciones, agnósticos y ateos por igual— y no a una casta de operadores políticos dispuestos a subastar la laicidad del Estado a cambio de aplausos sectarios. Solo rescatando la separación absoluta entre la política y el dogma podremos edificar una democracia funcional, madura y respetuosa de la dignidad humana.
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El precio de opinar y el riesgo de la impunidad
La libertad de expresión no es una concesión del poder; es un derecho humano irrenunciable que sostiene cualquier democracia.
De acuerdo con diversos análisis sobre derechos humanos, gremios periodísticos y organizaciones de prensa en Guatemala, el ejercicio de opinar e informar se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Aunque los periodistas suelen ser los rostros más visibles de esta garantía constitucional debido a su función social de fiscalización, el derecho a expresarse pertenece a cada ciudadano. Sin embargo, en el país persiste una preocupante tendencia en la que actores políticos, funcionarios y grupos de poder responden ante la crítica o la investigación periodística mediante la intimidación, la violencia y la persecución.
A lo largo de la historia guatemalteca, son numerosos los registros de ciudadanos que han perdido la vida por manifestar sus ideas. Uno de los episodios que más conmoción ha generado en la opinión pública y en el análisis político reciente es el violento asesinato del exsuperintendente de Administración Tributaria y exfiscal, Juan Francisco Solórzano Foppa, un crimen ejecutado con lujo de fuerza que diversos sectores han señalado como un reflejo crítico del deterioro en el respeto hacia la disidencia y la expresión pública.
A este panorama se suman las denuncias documentadas por medios de comunicación y entidades defensoras de la libertad de prensa sobre agresiones y amenazas contra comunicadores. Casos como los de los periodistas Sonny Figueroa y Marvin del Cid, quienes han denunciado constantes ataques y hostigamientos por sus investigaciones, evidencian la vulnerabilidad del gremio. Más recientemente, el diario La Hora y organizaciones de prensa reportaron las amenazas dirigidas contra los reporteros Sergio Osegueda y Diego Guzmán por parte de un asesor jurídico del Comité Olímpico Guatemalteco, un hecho que vuelve a encender las alarmas sobre la intolerancia institucional frente al escrutinio público.
El argumento de fondo no radica únicamente en proteger a un gremio específico. Como advierten juristas y defensores de garantías fundamentales, cuando el Estado tolera o minimiza las amenazas contra periodistas o figuras públicas, envía un mensaje de permisividad que pone en riesgo a toda la sociedad. Si la intimidación desde esferas públicas o privadas queda sin sanción, el temor se institucionaliza y la autocensura termina por anular el debate democrático.
Por otro lado, desde sectores vinculados a la función pública suele argumentarse que existen límites legales frente a la difamación o el daño al honor, y que las instituciones tienen derecho a defender su gestión. No obstante, el consenso jurídico internacional establece con claridad que las diferencias o reclamos por publicaciones deben dirimirse exclusivamente en el ámbito civil o mediante el derecho de rectificación, jamás a través de la coerción, el abuso de autoridad ni mucho menos la violencia física.
Evitar que la intolerancia siga cobrando vidas o silenciando voces exige acciones concretas e inmediatas. El Estado guatemalteco, a través del Ministerio Público, el Organismo Judicial y las instancias de seguridad, tiene la obligación constitucional de investigar con celeridad cada amenaza y cada crimen contra quienes ejercen su derecho a expresarse, garantizando que no exista impunidad sin importar el cargo o la influencia de los responsables.
Asimismo, es indispensable fortalecer los mecanismos de protección para periodistas y ciudadanos en riesgo, así como promover una cultura institucional de rendición de cuentas donde la crítica sea entendida como un pilar de la democracia y no como una afrenta personal. Solo asegurando el respeto irrestricto a la palabra libre se podrá frenar la escalada de violencia y proteger la vida de los guatemaltecos.
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