Los riesgos de aprobar a oscuras las contrataciones públicas

El Congreso de la República está en el umbral de dar un paso de consecuencias irreversibles para el apoyo de la acción pública al desarrollo del país: la aprobación irreflexiva y con carácter urgencia nacional de una “reforma integral” a la Ley de Contrataciones Públicas, mediante el contenido de la Iniciativa 6688.

Edie Cux

noviembre 18, 2026 - Actualizado noviembre 17, 2026
Edie Cux

Esto bajo el argumento de superar las deficiencias del Decreto 57-92 que, tras tres décadas de vigencia, resulta inoperante para la eficiencia del gasto e inversión pública. En realidad, el Legislativo pretende sustituir de tajo todo el régimen de adquisiciones del Estado en una sola jornada, sin dictamen técnico consolidado, sin audiencias públicas y sin que la ciudadanía conozca a fondo las negociaciones fuera del foco público.

Es indudable que el sistema de contrataciones debe modernizarse. En principio se reconoce que la Iniciativa en mención, presentada por el Ministerio de Finanzas, si bien incorpora herramientas necesarias que, desde la sociedad civil y los espacios dedicados a la integridad, hemos históricamente impulsado, tales como la declaración obligatoria de beneficiarios finales -para desarticular empresas fachada-, la interoperabilidad en formato de datos abiertos en Guatecompras, los estándares internacionales de transparencia en obra pública.

Pero, en un contexto de lucha contra la corrupción, hay que reconocer que las normas no operan en el vacío: su eficacia depende de la solidez todo el ecosistema institucional, incluido el ente o entes encargados de la fiscalización y la sanción del incumplimiento que no forma parte de la “reforma integral”. El diseño de la iniciativa solo se circunscribe a elevar significativa de los máximos y umbrales de contratación, proponiendo que las compras de menor cuantía (sin competencia) suban a Q35 mil y la cotización a Q2 millones, argumentando que así el proceso será ágil.

La agilización sin duda ocurrirá, pero aumentado el riesgo del mal manejo ya existente. Recordemos que, en la teoría administrativa, la flexibilización de las normas de referencia que establecen los montos para el uso de las modalidades funcionarían si, en simultáneo, se mejoran los controles formales, tales como auditorías oportunas y certezas de las sanciones, tales como la normalización de un modelo claro de prevención y bloqueo automatizado en tiempo real, a diferencia de estándares regionales consolidados como ChileCompra o el sistema de República Dominicana.

Nuestro sistema de pesos y contrapesos atraviesa una fragilidad crítica: un Ministerio Público que durante ocho años estuvo cooptado y en el que aún persisten estructuras que promueven la impunidad, sumado a una Contraloría General de Cuentas que históricamente no ha cumplido su mandato preventivo y de corrección y opera bajo incentivos perversos, donde el hallazgo en vez de corregir suele convertirse en moneda de cambio o herramienta de presión política.

Pretender relajar los candados de competencia en un entorno de debilidad institucional abre flancos críticos de opacidad y captura. Por ejemplo, eximir a las compras menores de hasta Q35 mil de figurar en la Programación Anual de Contrataciones y perfeccionarlas con el simple registro de la factura, acompañado de una sanción pecuniaria irrisoria del 5 por ciento, facilita drenar presupuestos mediante adjudicaciones a dedo. Existe el alto riesgo de que se multiplique la práctica del fraccionamiento de compras, si no se fortalecen los controles y el régimen sancionatorio para disuadir dicha práctica.

En cualquier caso, la coyuntura política obliga a extremar la cautela en los asuntos de interés público. La coincidencia en tiempo de la discusión del Presupuesto General de la Nación, la antesala de un proceso electoral general, la elección del Contralor General de Cuentas y la calificación de urgencia nacional la aprobación de esta ley genera legítimas dudas sobre los incentivos y las motivaciones. Particularmente cuando pretende aprobarse a puerta cerrada sin conocer el texto consolidado y las enmiendas que podrían introducirse a última hora.

Tal como lo ha exigido la sociedad civil, una normativa de esta envergadura requiere del suficiente análisis técnico, deliberación legislativa por la vía ordinaria, audiencias públicas y un plan de transición realista que garantice que los reglamentos y sistemas estén listos antes de sustituir el régimen vigente. Modernizar el Estado no significa eliminar controles cuando quienes deben vigilar aún no garantizan independencia ni probidad; significa construir reglas transparentes a la luz del día, con rigor técnico y verdadera rendición de cuentas.

Esto bajo el argumento de superar las deficiencias del Decreto 57-92 que, tras tres décadas de vigencia, resulta inoperante para la eficiencia del gasto e inversión pública. En realidad, el Legislativo pretende sustituir de tajo todo el régimen de adquisiciones del Estado en una sola jornada, sin dictamen técnico consolidado, sin audiencias públicas y sin que la ciudadanía conozca a fondo las negociaciones fuera del foco público.

Es indudable que el sistema de contrataciones debe modernizarse. En principio se reconoce que la Iniciativa en mención, presentada por el Ministerio de Finanzas, si bien incorpora herramientas necesarias que, desde la sociedad civil y los espacios dedicados a la integridad, hemos históricamente impulsado, tales como la declaración obligatoria de beneficiarios finales -para desarticular empresas fachada-, la interoperabilidad en formato de datos abiertos en Guatecompras, los estándares internacionales de transparencia en obra pública.

Pero, en un contexto de lucha contra la corrupción, hay que reconocer que las normas no operan en el vacío: su eficacia depende de la solidez todo el ecosistema institucional, incluido el ente o entes encargados de la fiscalización y la sanción del incumplimiento que no forma parte de la “reforma integral”. El diseño de la iniciativa solo se circunscribe a elevar significativa de los máximos y umbrales de contratación, proponiendo que las compras de menor cuantía (sin competencia) suban a Q35,000.00 y la cotización a Q2,000,000.00, argumentando que así el proceso será ágil.

La agilización sin duda ocurrirá, pero aumentado el riesgo del mal manejo ya existente. Recordemos que, en la teoría administrativa, la flexibilización de las normas de referencia que establecen los montos para el uso de las modalidades funcionarían si, en simultáneo, se mejoran los controles formales, tales como auditorías oportunas y certezas de las sanciones, tales como la normalización de un modelo claro de prevención y bloqueo automatizado en tiempo real, a diferencia de estándares regionales consolidados como ChileCompra o el sistema de República Dominicana.

Nuestro sistema de pesos y contrapesos atraviesa una fragilidad crítica: un Ministerio Público que durante ocho años estuvo cooptado y en el que aún persisten estructuras que promueven la impunidad, sumado a una Contraloría General de Cuentas que históricamente no ha cumplido su mandato preventivo y de corrección y opera bajo incentivos perversos, donde el hallazgo en vez de corregir suele convertirse en moneda de cambio o herramienta de presión política.

Pretender relajar los candados de competencia en un entorno de debilidad institucional abre flancos críticos de opacidad y captura. Por ejemplo, eximir a las compras menores de hasta Q35,000.00 de figurar en la Programación Anual de Contrataciones y perfeccionarlas con el simple registro de la factura, acompañado de una sanción pecuniaria irrisoria del 5%, facilita drenar presupuestos mediante adjudicaciones a dedo. Existe el alto riesgo de que se multiplique la práctica del fraccionamiento de compras, si no se fortalecen los controles y el régimen sancionatorio para disuadir dicha práctica.

En cualquier caso, la coyuntura política obliga a extremar la cautela en los asuntos de interés público. La coincidencia en tiempo de la discusión del Presupuesto General de la Nación, la antesala de un proceso electoral general, la elección del Contralor General de Cuentas y la calificación de urgencia nacional la aprobación de esta ley genera legítimas dudas sobre los incentivos y las motivaciones. Particularmente cuando pretende aprobarse a puerta cerrada sin conocer el texto consolidado y las enmiendas que podrían introducirse a última hora. Tal como lo ha exigido la sociedad civil, una normativa de esta envergadura requiere del suficiente análisis técnico, deliberación legislativa por la vía ordinaria, audiencias públicas y un plan de transición realista que garantice que los reglamentos y sistemas estén listos antes de sustituir el régimen vigente. Modernizar el Estado no significa eliminar controles cuando quienes deben vigilar aún no garantizan independencia ni probidad; significa construir reglas transparentes a la luz del día, con rigor técnico y verdadera rendición de cuentas.

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