DES·EN·RED·ando / El milagro estadístico de los ex-PAC

Han pasado treinta años desde su desmovilización. De 270 mil que registró la ONU en 1996, ahora son medio millón. El Congreso pretende destinar Q18 mil millones de nuestros impuestos a unos listados cuya veracidad nadie ha demostrado públicamente.

Carmen Rosa De León Escribano

noviembre 18, 2026 - Actualizado noviembre 17, 2026
Carmen Rosa De León Escribano

No importa cuántos años hayan pasado desde la desmovilización de los antiguos integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), ni cuánto dinero se les haya entregado anteriormente: siempre aparece una nueva iniciativa, una nueva cantidad y un grupo de diputados dispuesto a promoverla en período electoral. No solo crecen en número desafiando las leyes naturales de sobrevivencia, también los pagos son mayores. Esta vez se trata de Q36 mil por persona, pagaderos durante tres años. Como se calcula que existen 500 mil beneficiarios, la cuenta llega a Q18 mil millones. Una cifra escandalosa para un país cuyos hospitales, escuelas y servicios públicos llevan años esperando recursos y donde las víctimas del conflicto armado continúan reclamando reparaciones.

Las PAC comenzaron a organizarse en 1981 y fueron disueltas oficialmente en 1996. Han transcurrido 45 años desde su creación y treinta desde su desmovilización. Quienes ingresaron con 18 años en 1982 tendrían hoy alrededor de 62; quienes tenían 30, unos 74. También hubo incorporaciones posteriores, incluso de menores de edad, pero resulta elemental que una población de antiguos patrulleros debería disminuir con el paso de los años, no aumentar. Algo extraordinario sucede con sus registros: mientras sus integrantes envejecen y fallecen, el número de beneficiarios parece resistirse al paso del tiempo. En 1996 fueron desmovilizadas 270 mil 906 personas. En 2012 se hablaba de 515 mil y catorce años después nos dicen que son 500 mil. Cifras que merecerían, cuando menos, una explicación demográfica y documental.

Cuando en 1993 realizamos desde IEPADES/ASADI para la PDH una investigación sobre las PAC y sus efectos en las comunidades, el Ejército nunca nos permitió acceder a sus listados, diciendo que no existían. Se hablaba entonces de 800 mil patrulleros, una cifra que ya cuestionábamos. Según los registros recogidos posteriormente por Naciones Unidas fueron 270 mil en 1996 con lo que se establece una referencia histórica sobre una cifra. Para añadir algo más de confusión, en agosto de este año el propio Congreso informó que una de las iniciativas contemplaba aproximadamente 300 mil expatrulleros, mientras otra utilizaba la estimación de 500 mil. Una diferencia de 200 mil personas que no parece haber impedido avanzar con el proyecto. Sería interesante conocer qué procedimiento permite semejante elasticidad en las cifras.

Tampoco es la primera vez que el Estado paga. Durante los gobiernos de Alfonso Portillo y Óscar Berger se establecieron compensaciones que terminaron canalizándose mediante el programa Bosques y Agua para la Concordia. Cada beneficiario debía recibir tres pagos de Q1 mil 700, para un total de Q5 mil 100, vinculados a trabajos de reforestación y mantenimiento forestal. Según información del Ministerio de Agricultura publicada en 2012, hasta entonces se habían desembolsado Q2 mil 397 millones. Los resultados ambientales fueron cuestionados posteriormente, entre otras razones por la falta de registros confiables sobre las áreas reforestadas y el mantenimiento de los árboles.

Ahora la compensación individual aumenta de Q5 mil 100 a Q36 mil, más de siete veces el monto anterior. A cambio, el nuevo dictamen contempla un Programa de Capacitación Ambiental y Desarrollo Comunitario, con actividades que incluyen prevención de incendios, reforestación y manejo de desechos. La participación será obligatoria, aunque se admiten inasistencias justificadas. Hemos pasado de pagar por sembrar y cuidar árboles a contemplar también pagos por asistir a capacitaciones sobre cómo protegerlos. La pregunta es cuánto trabajo efectivo se exigirá, quién verificará los resultados y qué beneficio ambiental podrá demostrar el país después de gastar Q18 mil millones. Porque para justificar semejante monto no deberían bastar unas listas de asistencia a talleres. Sin tomar en cuenta los recursos del Estado que deberán desembolsarse, además, para cumplir con las capacitaciones a medio millón de personas.

Hay otro detalle que los diputados parecen pasar por alto. La iniciativa reconoce servicios prestados durante el conflicto armado, entre 1960 y 1996. El problema es que las PAC no existían en 1960; comenzaron a organizarse dos décadas después. Si ni siquiera las fechas de existencia de estas estructuras están bien delimitadas, resulta razonable preguntarse con qué precisión se están definiendo los beneficiarios. El Ministerio de la Defensa tendrá la responsabilidad de elaborar y certificar los listados, precisamente la institución que nunca nos permitió comprobar sus registros durante nuestra investigación. ¿Quién auditará esos documentos, quién verificará que sus titulares siguen vivos y quién determinará cuántos ya recibieron compensaciones?

Con el tiempo, distintas organizaciones de expatrulleros encontraron en las demandas de compensación una forma de mantener influencia política. AVEMILGUA, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, participó en el respaldo y organización de movilizaciones de ex-PAC desde 2002. Sus vínculos históricos están documentados. Lo que corresponde investigar ahora es qué organizaciones participan en las negociaciones, quiénes elaboran los padrones y qué compromisos establecen con los partidos. Cabal, Valor y Vamos figuran entre los promotores de la nueva iniciativa. No deja de llamar la atención la facilidad con que distintos bloques legislativos encuentran acuerdos cuando se trata de aprobar compensaciones para sectores organizados con capacidad de presión, especialmente cuando se acercan las elecciones.

La comparación con la iniciativa de Poder Ciudadano resulta inevitable. Más de 16 mil guatemaltecos firmaron una propuesta para reformar la elección de magistrados y mejorar la independencia y transparencia de la justicia. La Corte de Constitucionalidad, a solicitud de CEDECON, ordenó comprobar las identidades, las firmas, el empadronamiento, los posibles registros duplicados y hasta consultar información sobre fallecimientos y movimientos migratorios. Es decir, para ejercer el derecho ciudadano de promover una reforma constitucional se exige un control extraordinario, mientras se pretende avanzar con una compensación multimillonaria sin presentar primero una auditoría independiente del padrón. ¿Por qué tanta desconfianza hacia 16 mil ciudadanos que quieren reformar la justicia y tan poca exigencia pública de comprobación sobre 500 mil personas que recibirían dinero del presupuesto pagado por todos nosotros?

Antes de aprobar un solo quetzal adicional, el Congreso debe exigir una auditoría independiente de los padrones históricos y actuales, verificar quiénes siguen vivos, quiénes ya cobraron y cómo se elaboraron los nuevos registros. También debe explicar cuánto costará administrar el programa y cómo se comprobarán las actividades ambientales. Si para revisar 16 mil firmas ciudadanas se movilizan tantas instituciones, no debería resultar tan complicado comprobar la identidad de quienes recibirán Q18 mil millones. Porque el verdadero milagro no es sólo que los ex-PAC parece que han encontrado el secreto de la eterna juventud, sino que sus compensaciones sigan aumentando sin que nadie haya presentado cuentas claras.

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