Guatemala está a las puertas de un nuevo ciclo electoral y la oferta política existente pinta un panorama tétrico. El espacio político reducido a una cloaca pestilente que toda la ciudadanía huele de lejos.
Esta atracción fatal del pueblo hacia este tipo de “líderes” se explica, en buena medida, por la frustración y la decepción de quienes llevan años sin encontrar respuestas a sus demandas más sentidas. La gente quiere trabajar y que el salario le alcance. Quiere abrir un negocio sin pagar extorsión, encontrar medicinas en un hospital público y tener la certeza de que sus hijos podrán ganarse la vida en su propio país sin tener que migrar. Cuando esas aspiraciones siguen pendientes y la política parece ocupada en repartirse cargos y privilegios, la promesa democrática pierde sentido en la vida cotidiana. Del Estado de bienestar pasamos a un estado de malestar ciudadano permanente.
Ese malestar suele expresarse en una frase: «Todos son iguales». Es fácil descalificarla desde un escritorio. Más difícil es responderle a quien ha votado por distintas opciones y sigue recorriendo la misma carretera destrozada, esperando la misma medicina o denunciando la misma extorsión. Cuando los gobiernos no explican qué hicieron con los recursos públicos y los abusos quedan impunes, tienen poca autoridad para reprocharle a la gente su desconfianza.
Hay, además, una desigualdad en la forma en que se exige paciencia. A una familia se le pide que espere meses por una cita médica y a una comunidad, que aguarde otro invierno para que le reparen el camino. Pero cuando se trata de repartir puestos o negociar privilegios, la política puede moverse con admirable rapidez. Esa diferencia explica por qué tanta gente llega a creer que el Estado sí funciona, solo que funciona para los mismos funcionarios. Difícilmente se recuperará la confianza mientras ser amigo de alguien con poder parezca más útil que tener un derecho reconocido.
En ese terreno prospera quien ofrece culpables donde hacen falta soluciones. La vulgaridad se vende como franqueza; el desprecio por la preparación, como cercanía con el pueblo. Hablar claro es una virtud. Humillar a quien pregunta, mentir cuando faltan respuestas y convertir al adversario en enemigo son formas de eludir responsabilidades. Insultar toma segundos. Mejorar una escuela, investigar una extorsión o administrar con honradez un municipio exige trabajo.
La política del espectáculo también altera nuestra manera de juzgar a quienes gobiernan. Un video de un funcionario regañando a un subordinado puede circular durante días. La compra de medicinas que no se hizo a tiempo, el contrato que se encareció sin explicación o la obra que quedó a medias rara vez reciben la misma atención. Y, sin embargo, el balance de una gestión está en lo que la gente recibe por el dinero que el Estado gasta.
La incompetencia tampoco se mide por la cantidad de títulos que alguien exhibe. Se reconoce en decisiones concretas: nombrar a un allegado que no sabe hacer el trabajo, improvisar con el presupuesto o sostener una medida fallida por miedo al estatus quo. Y cuando esas decisiones tienen consecuencias, el gobernante que llegó prometiendo enfrentarse a los privilegiados puede terminar protegiendo a los suyos y señalando como enemigo a quien le pide cuentas.
También hay que exigir resultados a quienes llegan al poder con un discurso de renovación. Un gobierno puede encontrar instituciones debilitadas, intereses que bloquean cambios y problemas que vienen de décadas. Le corresponde explicar con claridad qué puede resolver, qué obstáculos enfrenta y qué avances puede demostrar. Si promete más de lo que puede cumplir y luego se refugia en las excusas, termina alimentando el mismo desencanto del que se aprovechan los demagogos. Cualquier similitud con el actual gobierno es pura coincidencia.
No sorprende que, frente a una extorsión que nadie investiga o a un trámite que solo avanza si se conoce a alguien, la promesa de «poner orden» resulte atractiva. La gente tiene derecho a exigir que el Estado actúe y que lo haga pronto. Pero hay una pregunta que suele quedar fuera de la discusión: ¿quién me defiende si la autoridad a la que le entrego más poder es la que termina abusando de mí? Esa pregunta importa tanto en una comisaría como en la Presidencia.
El riesgo aumenta cuando el gobernante presenta cualquier control como un estorbo. Si una auditoría se vuelve una afrenta, una investigación periodística se trata como un ataque y toda crítica se interpreta como traición, el ciudadano pierde herramientas para defenderse del abuso. Ganar una elección da autoridad para gobernar. La obligación de explicar decisiones, respetar la ley y aceptar la fiscalización comienza precisamente cuando se asume el cargo.
En Guatemala sería cómodo cargarle toda la culpa al votante. ¿Qué opciones le ofrecen los partidos? Si para encabezar una planilla pesa más la capacidad de financiar una campaña que la de gobernar un municipio, el problema empieza mucho antes del día de las elecciones. Los partidos tienen que explicar por qué postulan a determinadas personas, qué antecedentes revisaron y quién paga sus campañas. La ciudadanía tiene derecho a saberlo cuando todavía puede decidir su voto.
De cara a 2027, esa exigencia debería empezar antes de que estén impresas las papeletas. A quien aspire a gobernar hay que preguntarle qué problema atenderá primero, con qué equipo, de dónde saldrán los recursos y cómo sabremos si cumplió. Si una candidatura no puede responder esas preguntas cuando necesita nuestro voto, cuesta creer que estará más dispuesta a hacerlo cuando ya tenga el poder.
¿Puede sobrevivir nuestra frágil democracia? Sí, pero defenderla exige hacerla funcionar. Un gobierno merece que se le reconozcan sus aciertos y que se le señalen sus incumplimientos. Si votamos por él, tenemos todavía más razones para exigirle que cumpla. Justificarle a los nuestros lo que condenábamos en los anteriores es una manera de mantener intactas las prácticas que queríamos cambiar.
La próxima vez que alguien pida más poder en nombre del hartazgo ciudadano, conviene preguntarle qué hará con ese poder y quién podrá fiscalizarlo. La respuesta importa más que el aplauso que consiga.
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