Durante años, el rostro más visible de la gobernanza mafiosa en Guatemala fue el Ministerio Público. Al amparo de la impunidad, se fabricaban casos, se administraban venganzas pagadas, se producían exilios y se articulaba una maquinaria diseñada para anular adversarios y preservar privilegios. La teatralidad era parte del método: allanamientos televisados, filtraciones coordinadas, netcenters amplificando narrativas y fiscales convertidos en operadores políticos. La persecución penal selectiva se convirtió en una forma de gobierno paralelo, cuyos capos buscan mantener.

Lo que estamos viendo hoy no es la desaparición de la gobernanza mafiosa, sino su reorganización defensiva tras la llegada de un nuevo fiscal general. Las estructuras que durante años utilizaron el Ministerio Público como instrumento de terrorismo político y cabeza de lanza para mantener el statu quo, entendieron que el escenario cambió y reaccionaron cómo lo hacen siempre las redes de poder cuando sienten amenazados alguno de sus principales mecanismos de control: reforzando los espacios desde donde todavía pueden bloquear, contener y administrar impunidad. La Corte de Constitucionalidad, sectores del Organismo Judicial y un Congreso cada vez más dedicado al veto político, aparecen como el nuevo núcleo de protección de un sistema que ya no necesita controlar absolutamente todo el Estado; le basta con impedir que cualquier transformación logre avanzar lo suficiente como para poner en riesgo sus privilegios. Las viejas mafias políticas están apostando a que no necesitan controlar todo el aparato estatal. Les basta con controlar los puntos donde pueden detener el avance del Estado y posibles transformaciones y avances que pueda hacer el gobierno.

La reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad respecto a las impugnaciones relacionadas con la elección de rector en la Universidad de San Carlos, es particularmente reveladora. Más allá de la situación jurídica del caso, resulta imposible ignorar cómo la crisis de la USAC terminó convirtiéndose en un símbolo de algo mucho más profundo: la disputa por el control de los espacios institucionales que históricamente habían conservado cierta autonomía frente a las redes tradicionales de poder. La universidad pública dejó hace tiempo de ser únicamente un conflicto académico. La USAC se convirtió en territorio estratégico para una estructura que entendió que controlar las instituciones también implica vaciarlas lentamente de legitimidad, pluralismo y pensamiento crítico.

Mientras tanto, lejos del ruido de las cortes, en el territorio ocurre otro fenómeno igual de importante: la reactivación acelerada de las viejas maquinarias clientelares. Los partidos políticos que durante años representaron los intereses de esa gobernanza mafiosa están nuevamente hiperactivos, recorriendo comunidades, reconstruyendo redes locales y reapareciendo como intermediarios de necesidades básicas en un país donde demasiadas personas siguen dependiendo de favores para sobrevivir. Diputados y alcaldes entienden perfectamente que el desgaste del gobierno puede convertirse en oportunidad si logran reinstalar la vieja lógica según la cual la política no consiste en ciudadanía y derechos, sino en dependencia y obediencia.

No se trata únicamente de bolsas solidarias, láminas o inauguraciones absurdas financiadas con recursos públicos mientras escuelas y hospitales continúan deteriorándose. El clientelismo en Guatemala funciona como sustituto precario del Estado. Allí donde no existen servicios públicos eficientes, empleo digno ni acceso real a justicia, las estructuras clientelares reaparecen ofreciendo pequeñas soluciones inmediatas a cambio de control político. Frente a la pérdida de la narrativa nacional, los partidos de la gobernanza mafiosa empiezan a querer reactivar la maquinaria territorial que se mueve con dinero.

En ese contexto, el retraso de reformas vinculadas a la Ley contra el Lavado de Dinero resulta especialmente revelador. Hay leyes que ciertos partidos no bloquean porque sean técnicamente complejas, sino porque amenazan las zonas grises donde sobreviven sus mecanismos de financiamiento y protección mutua. Algunas reformas avanzan demasiado. Y cuando una iniciativa puede dificultar la circulación del dinero opaco que alimenta redes clientelares, financiamiento político tradicional y alianzas demasiado incómodas con economías ilícitas, aparecen inmediatamente los discursos sobre “prudencia”, “certeza jurídica” o “presunción de inocencia”. Esto último llama la atención ya es un argumento actual de quienes utilizaron el MP para perseguir a opositores, bajo la tesis pública de Porras que los acusados por ella deberían demostrar su inocencia. En Guatemala, muchas veces la defensa de la “institucionalidad” por algunos sectores termina siendo simplemente una narrativa vacía que busca proteger privilegios y opacidad.

El Congreso deja entonces de ser únicamente un espacio de corrupción presupuestaria para convertirse en un muro de contención normativa, una institución diseñada para ralentizar reformas y garantizar que determinados cambios nunca avancen lo suficiente como para alterar las reglas reales del poder. La captura contemporánea ya no necesita bloquear frontalmente al Estado; le basta con desgastarlo, ralentizarlo y volverlo inútil para la ciudadanía.

Quizá esa sea la verdadera disputa política que atraviesa Guatemala y que muchos siguen observando de manera fragmentada. Mientras la ciudadanía mira hacia las cortes y las crisis coyunturales, las viejas estructuras parecen apostar a algo mucho más profundo: desgastar lentamente la esperanza ciudadana, producir sensación permanente de caos e impedir que las reformas logren consolidarse. Porque la aspiración actual de la gobernanza mafiosa es retomar el control parcial para impedir que cualquier cambio logre mantenerse el tiempo suficiente como para transformar realmente el país, y evitar que el cambio que se ha iniciado lentamente, pueda consolidarse en los próximos años.