Me es grato anunciar que por diferentes medios se ha lanzado un comunicado público firmado por muchos ciudadanos que creemos en la democracia y que deseamos contribuir para que la misma se asegure haciendo ver que no podemos continuar bajo el dominio de un grupo y su red que tienen bajo su control diferentes instituciones del Estado donde la justicia solo ha favorecido a personas que han sido procesadas por corrupción y han salido libres, mientras otros han debido dejar el país producto de la intimidación por haber hecho uso de la libertad de pensamiento consagrada por la Constitución. Estas son los párrafos iniciales de dicho comunicado público:

 «2026: Año decisivo para la democracia guatemalteca I. Introducción.  El año 2026 marcará un punto de inflexión institucional para Guatemala. Coincidieron en pocos meses los relevos en los principales órganos de control y legitimidad del Estado: el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP), el 2 Rectorado de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y la Contraloría General de Cuentas. Estos procesos —cada uno de enorme trascendencia jurídica y política— definirán si el país avanza en la consolidación de su democracia o si retrocede hacia la captura del Estado por redes de corrupción y clientelismo. II. El relevo en el Tribunal Supremo Electoral En 2026 corresponde la elección de una nueva magistratura del TSE, que conducirá los procesos electorales por seis años, incluyendo dos elecciones generales: las de 2027 y 2030. La composición del TSE determinará la credibilidad del sistema electoral, la integridad del Registro de Ciudadanos, la aplicación de sanciones a los partidos y la defensa del voto ciudadano. El contexto es crítico: tras los comicios de 2023 y los intentos de judicializar sus resultados, la confianza en el sistema electoral fue puesta a prueba. La nueva magistratura deberá reconstruirla o, si es cooptada, anular esa posibilidad. III. Un tablero de poder en recomposición El 2026 no es un año electoral, pero será políticamente más determinante que muchos procesos de votación. Coincidirán los nombramientos de: • Magistrados del TSE, a través de la Comisión de Postulación donde participan universidades y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. • Fiscal General y Jefe del MP, con incidencia directa en la persecución penal y los casos de corrupción. Contralor General de Cuentas, figura clave en el control del gasto y en la habilitación de candidaturas. 3 • Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, intérpretes últimos de la ley. • Rector y miembros del Consejo Superior Universitario de la USAC, de los que se esperaría una participación en estricto apego a la ley, rompiendo el hilo de arbitrariedades que han venido cometiendo, incluyendo el no acatamiento de resoluciones judiciales que les ordena el relevo de sus integrantes con períodos vencidos. Estas designaciones no son hechos aislados; se entrelazan en una red de poder e influencia que define quién fiscaliza, quién absuelve y quién nombra. Por ello, en el 2026 los ciudadanos honestos librarán la batalla por el alma institucional del país. IV. Choque entre la decencia y el cinismo La polarización no se expresa más entre derecha e izquierda, ricos y pobres, ladinos e indígenas, sino entre ética pública y desfachatez política. Mientras sectores ciudadanos que impulsaron la candidatura del actual binomio presidencial se dividen entre la decepción y la crítica, los grupos de poder tradicionales reagrupan su influencia bajo discursos de “estabilidad”, “valores cristianos” o “defensa del orden”. Sin embargo, a diferencia de crisis anteriores, existe hoy una conciencia cívica más despierta: amplios sectores comprenden que la democracia electoral —aunque imperfecta— es el único antídoto contra la restauración autoritaria. La disputa no es solo por los cargos, sino por el significado de la decencia en el poder. 4 V. Llamado a la reflexión colectiva • La elección de magistrados del TSE no puede ser tratada como un trámite administrativo, sino como un acto de soberanía institucional. • La comisión de postulación de magistrados electorales debe ser observada desde ya: su composición, reglamentación y cronogramas definirán el grado de su independencia. • Los rectores, decanos y profesionales del derecho que la integrarán —por su formación y conocimiento de la realidad del país— tienen la obligación de presentar una nómina de candidatos en la que todos cumplan con los requisitos que establece la Constitución Política de la República en su Art. 113 (Capacidad, Idoneidad, Honorabilidad). • La sociedad civil exige transparencia en la integración de los órganos electorales, el financiamiento de campañas y la ejecución de procesos electorales inclusivos, limpios y exentos de irregularidades, para la posterior fiscalización de quienes resulten electos».  

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