La ciudad capital se ha convertido, quizás de manera acelerada, en un espacio donde la vida, ese derecho inalienable, consagrado en la Constitución Política, entre otros textos fundamentales, es puesto en juego todos los días por una diversidad de factores; todos ellos adversos y en incremento frente a la inacción, pasividad, complacencia y complicidad de los funcionarios, especialmente de la municipalidad capitalina.

Una de las problemáticas que domina cualquier tipo de conversación, es el desordenado y complejo tráfico, otros temas no quedan atrás. Hoy en día, una administración municipal que no cumpla con los mínimos establecidos en el Código Municipal (al menos, las competencias propias establecidas en el artículo 68), no tiene nada que estar haciendo. Ocupa un espacio inmerecido, que solo insiste en detentarlo gracias a la alta dosis de clientelismo barato que ha utilizado como mecanismo artificial durante las últimas dos décadas.

Indica el Código que toda municipalidad “debe” garantizar el abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada; alcantarillado; alumbrado público; mercados; rastros; así como la limpieza y ornato. También formular y coordinar políticas, planes y programas relativos a la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos hasta su disposición final. En todo ello, la municipalidad de la ciudad queda a deber.  

Cabe agregar que también le corresponde la “pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las mismas”, así como la “regulación del transporte de pasajeros y carga, y sus terminales locales”.  El sistema de transporte público, anclado en el desfasado Transmetro, hoy es sumamente limitado; por lo que dejó de ser “eficiente y moderno”.

Otros temas igualmente postergados, que han sobrecargado por el crecimiento desordenado de la ciudad y la tendencia demográfica al incremento de la urbanización (no únicamente de la ciudad capital). Precisamente en este último aspecto es preciso detenerse. El marco legal indica que a las municipalidades corresponde “delimitar el área o áreas que dentro del perímetro de sus poblaciones puedan ser autorizadas para el funcionamiento de los siguientes establecimientos: expendio de alimentos y bebidas, hospedaje, higiene o arreglo personal, recreación, cultura y otros que por su naturaleza estén abiertos al público”. Sin embargo, la realidad indica que la tendencia prevaleciente va en sentido contrario. La anarquía domina los espacios citadinos. Con la llegada del relevo del arzuismo se ha incrementado el desorden. La construcción de grandes edificios inunda zona tras zona, ejerciendo presión máxima sobre los recursos naturales (agua y bosque, especialmente).

El citado Código indica que corresponde a los gobiernos locales “…reforestar las cuencas de los ríos, lagos, reservas ecológicas y demás áreas de su circunscripción territorial para proteger la vida, salud, biodiversidad, recursos naturales, fuentes de agua y luchar contra el calentamiento global”, pero ante ello se imponen los imperativos de la agenda de los negocios.

Imponer la narrativa de “más tráfico, más congestión, más construcciones , menos áreas verdes como indicadores de falso desarrollo”, implica una mirada equivocada que socialmente debe ser rechazada, a pesar de la insistencia por la continuidad. La ciudad y sus habitantes deben abandonar el silencio y la complicidad que han reinado en los últimos 20 años. Ese enmudecimiento nos está pasando una enorme factura en todas las dimensiones humanas.