Es obvio que la personalidad del ministro de Gobernación más el alza de la delincuencia en el país no ayuda en nada al presidente, más bien lo pone en la mira de la ciudadanía, por dejarlo en su cargo pese a que la prensa lo criticó y critica con periodicidad por repetir los errores del pasado: combatir a la delincuencia con acciones conjuntas ejército/policía que es un cuento viejo con una estrategia obsoleta.

Eso genera críticas de la población por su poca eficacia. Hay que mencionar que existen cuadros policiacos que han sido preparados debidamente para ocupar altos cargos en el Ministerio de Gobernación y no son tomados en cuenta. Entre ellos podría crearse un buen equipo ministerial como es de conocimiento de la presidencia, a la que los demócratas queremos apoyar, pero no con amigos como este, “mejor no me ayudes compadre”, como diría un corrido mexicano.

En cuanto a nuestra cancillería, que algunos de adentro han dicho que “anda patas arriba”, puedo imaginar que a nuestro canciller, egresado de la Escuela de Ciencia Política de la USAC, que le han faltado estudios de leyes, cuando no tuvo ni idea del resultado legal y político cuando hizo firmar al presidente que Guatemala retiraba su reserva del artículo 27 de la Convención de Viena. En el Congreso él no pudo defender un ápice el retiro de la reserva, pese a que varios abogados expresaron que la misma no violentaba la Constitución. Eso mismo debió advertirle al canciller su director de asuntos jurídicos, que también falló.  De ahí el cúmulo de críticas que generó la mala interpretación de ese hecho, pero que sirvió para que los del Pacto de Corruptos cuestionaron al gobierno, al punto que la Corte de Constitucionalidad rechazó por inconstitucional el retiro de esa reserva. Si bien no es un error legal, lo cierto es que ese retiro fue un error innecesario que nadie sabe quién lo impulsó, pues solo generó reacciones contrarias en especial entre los detractores del gobierno de Bernardo Arévalo.  El gobierno no pudo defender tal postura con solvencia, mientras varios juristas advertían los riesgos. Sin importar entrar al fondo sobre la legalidad de tal retiro, la crítica de la oposición ciertamente tuvo como beneficiaria al MP y a los del Pacto. Seguro el MP se complació de ese revés jurídico en tanto la justicia se ha convertido en un arma política, en donde ni el presidente está a salvo. Y menos aún su esposa que tuvo que viajar a México a visitar a familiares ante la posibilidad que el MP la pudiera capturar por el nimio asunto de algún gasto en una reunión familiar en Casa Presidencial. Fue un escándalo que no fuera el gobierno o bien la cancillería la que denunciara la persecución política del MP contra la primera dama.

Fue el presidente de Costa Rica Rodrigo Chaves quien dijo que la esposa del presidente Arévalo había buscado refugio en México “por miedo a una fiscalía corrupta”. Porque no lo dijo el canciller. Como dijo Sergio Vega en un largo artículo: “No se trata de la primera dama. Se trata del Estado. Porque si ella no puede permanecer en el país por razones de seguridad política, ¿qué garantiza que los ciudadanos comunes no corran el mismo riesgo?” En ese contexto, ¿qué nos puede decir nuestro Ministro de Gobernación?

Entretanto, la cancillería programó un largo viaje al lejano oriente del presidente con una gran comitiva  para visitar Japón, en lugar de poner orden en ese ministerio y cambiar al ministro de Gobernación.