La reciente victoria de la Planilla 4 en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), que evita una “aplanadora” en la Comisión de Postulación para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ha sido celebrada por diversos sectores como un respiro momentáneo frente a la captura total de una de las piezas más sensibles del andamiaje democrático guatemalteco. Sin embargo, si este episodio se analiza con mayor profundidad, lo que emerge no es tanto un triunfo estructural de la democracia, sino la confirmación de una patología institucional más profunda. Con esto nos referimos a la centralidad indebida de un actor corporativo en la arquitectura del Estado y la persistencia de un sistema de comisiones de postulación que, lejos de fortalecer un Estado de derecho que se merezca ese nombre, ha operado como uno de sus principales mecanismos de degradación.

Conviene comenzar por una precisión que no es meramente formal, sino política e institucional. Pensar que el CANG ocupa en Guatemala una posición profesional similar a la “American Bar Association” o la  “Canadian Bar Association” no es una posición inocente. Para convertirse en abogado en Canadá, se necesitan aproximadamente 8 años de preparación, incluyendo una licenciatura, pasar el examen LSAT y, luego, aproximadamente 3 años más para obtener un Doctorado en Derecho (J.D.) en la facultad de derecho. El LSAT (Law School Admission Test) es un examen estandarizado obligatorio para la admisión a la mayoría de las facultades de derecho en Estados Unidos y Canadá y está diseñado para evaluar habilidades cruciales como el razonamiento crítico, la comprensión lectora y la escritura persuasiva. También se requieren 1 o 2 años más de capacitación experiencial y exámenes (“articling”, algo así como un interinato en derecho). Ningún/a “profesional del derecho” en Guatemala pasa por un proceso similar y dada la formación deficiente (solo en lenguaje, para mencionar algo simple) en educación media y en la licenciatura, es dudoso si pudieran pasarlo. Al contrario, pensar que el CANG representa algo similar a las “barras” de Norteamérica constituye una forma de mistificación institucional que eleva artificialmente el estatus profesional del Colegio al asociarlo con realidades propias de sistemas jurídicos como el estadounidense o el canadiense. En esos contextos, los colegios de abogados o “barras” se sostienen sobre estándares rigurosos de formación, exámenes altamente selectivos, regímenes disciplinarios efectivos y una cultura profesional que, con todos sus límites, mantiene una relación más exigente con la ética pública y la práctica jurídica.

El CANG, en cambio, es fundamentalmente una asociación de licenciados en derecho, formada en un sistema de educación jurídica profundamente desigual, fragmentado y, en muchos casos, precario. Encima de todo, el plagio descarado entre estos profesionales es práctica común, los “doctorados” falsos proliferan incluso a los niveles más altos y la inflación de grados académicos para optar a posiciones de mucho poder es incluso algo esperado que hasta la prensa local observa al llamar “doctor” a quien apenas dice contar con “estudios de doctorado”. Esta debilidad estructural en la formación legal no es un problema menor ni aislado pues de ella se desprenden prácticas normalizadas de formalismo vacío, inflación de credenciales, simulación técnica y una resistencia persistente al desarrollo sustantivo del derecho como práctica interpretativa, crítica y orientada al interés público. No se trata de una condena moral individual pues siempre hay gente que se esfuerza y supera a pesar de todo, sino de un diagnóstico sistémico de un ecosistema profesional que carece de incentivos para la excelencia y de mecanismos reales de rendición de cuentas.

No es casual, entonces, que una proporción significativa de los actores más comprometidos en redes de corrupción política y judicial, desde operadores en cortes hasta funcionarios electos, emerja de este mismo campo profesional. Tampoco es casual que, por mucho que se demuestre la deshonestidad y corrupción de alguno/a de estos actores, el CANG nunca toma acciones contundentes como la revocación de colegiaturas. La debilidad de la formación jurídica, combinada con una cultura corporativa cerrada y la complicidad institucional ha producido un tipo de “experto legal” funcional a la captura institucional, un/a actor/a hábil en el uso instrumental de procedimientos (en muchos casos arcaicos y disfuncionales), pero desvinculado de cualquier noción robusta de legalidad democrática.

El problema se agrava cuando este cuerpo profesional, con tales déficits estructurales, ocupa un lugar central en la selección de autoridades clave del Estado. El rol del CANG en las comisiones de postulación para el TSE, la Corte de Constitucionalidad (CC), el Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC y otros cargos estratégicos no tiene justificación democrática ni institucional sólida. Se trata de un vestigio de un diseño corporativista del Estado, en el que determinados gremios son investidos de una autoridad política que no emana ni del sufragio universal ni de un mandato democrático explícito.

La reciente cobertura sobre las múltiples elecciones en las que interviene el CANG deja en evidencia hasta qué punto este Colegio se ha convertido en un nodo de poder transversal, capaz de incidir simultáneamente en el sistema electoral, el sistema constitucional y el sistema universitario. Esta concentración de influencia no fortalece el equilibrio institucional; por el contrario, lo distorsiona, facilitando la negociación faccional, el intercambio de cuotas y la captura cruzada de instituciones que, ya que estamos hablando de un Estado democrático de derecho de corte liberal y republicano, deberían al menos operar como contrapesos entre sí.

Desde esta perspectiva, incluso una victoria “defensiva” como la de la Planilla 4 debe leerse con cautela. Evitar una aplanadora es, sin duda, preferible a permitirla. Pero nade debe confundir este resultado con una solución de fondo pues ello sería un error estratégico. El problema no es solo quién gana dentro del CANG, sino por qué el CANG tiene el poder que tiene. Mientras esa pregunta no sea enfrentada, el sistema seguirá oscilando entre capturas parciales, empates inestables y restauraciones autoritarias.

Aquí resulta especialmente iluminador el ejercicio comparativo con México y la reflexión sobre la paradoja de la reforma institucional. Como se ha señalado en otros contextos, no toda reforma es necesariamente democratizadora. Reformar sin desmontar estructuras de poder profundamente arraigadas puede incluso reforzar dinámicas autoritarias bajo una apariencia de modernización. El caso mexicano muestra cómo reformas legales ambiciosas, si no están acompañadas de transformaciones en las relaciones reales de poder y en las culturas institucionales, pueden producir resultados contradictorios o regresivos.

Guatemala enfrenta un dilema similar. Así como es urgente una reforma electoral profunda que vaya más allá de ajustes técnicos y enfrente la desigualdad estructural del sistema político, también lo es una reforma radical del sistema de comisiones de postulación. Este sistema ha demostrado, de manera reiterada, su incapacidad para producir autoridades independientes, competentes y legítimas. Más aún, ha operado como un mecanismo de neutralización democrática, desplazando decisiones fundamentales hacia espacios opacos, corporativos y altamente vulnerables a la captura.

Reformar las comisiones de postulación no significa simplemente cambiar reglas de votación o ajustar requisitos formales. Implica cuestionar el principio mismo de su diseño: ¿por qué ciertos gremios tienen poder de veto o de selección sobre autoridades que afectan a toda la ciudadanía? ¿Qué legitimidad democrática respalda ese privilegio? ¿Qué mecanismos reales existen para responsabilizar a esos actores por las consecuencias de sus decisiones?

Nombrar correctamente a las instituciones es un primer paso. Reconocer que el CANG no es una “barra” en el sentido fuerte del término, sino una asociación profesional con serias limitaciones estructurales y con urgente necesidad de reformas profundas, permite abrir un debate honesto sobre su función en el Estado. A partir de ahí, se vuelve posible plantear una reconfiguración institucional (desde la USAC hasta el sistema de justicia) que reduzca el peso del corporativismo, fortalezca mecanismos democráticos directos o indirectos de control y eleve los estándares reales, no retóricos, de profesionalización y ética pública.

La defensa de una democracia en Guatemala que realmente merezca ese nombre no puede descansar indefinidamente en victorias tácticas dentro de estructuras disfuncionales. Requiere una visión estratégica de transformación institucional profunda que articule la reforma electoral, la reforma del sistema de justicia y la desarticulación de los enclaves corporativos y redes de poder ilegítimo que han colonizado el Estado. Sin esa transformación, cada “respiro” será apenas una pausa antes del próximo intento de captura total.

En última instancia, la pregunta no es si una planilla u otra gana en el CANG, sino si Guatemala está dispuesta a abandonar un modelo de gobernanza que ha demostrado ser incompatible con un Estado de derecho democrático digno de ese nombre. Mientras esa pregunta siga postergándose, la democracia seguirá siendo frágil, condicional y permanentemente desplazada o cooptada.