Las recientes acciones públicas del STEG y el SNTSG (jueves 9), evidencian, además de sincronización prediseñada, una absoluta burla en medio de una coyuntura de preocupación nacional por la reciente ola telúrica y sus evidentes consecuencias dramáticas. Dejan claro que el país y sus vicisitudes no son su interés. Por el contrario, sus ansias de mantenerse vigentes y de hacerse sentir son su agenda inmediata. Para ello, cuentan con la complicidad y respaldo de las cabezas de la CC y el MP; quienes, a pesar de las evidentes acciones cargadas de ilegalidad de ambas expresiones, incluso violaciones al orden constitucional, no solo las protegen como muestra de la estructural impunidad; sino los mantienen vigentes para que sigan haciendo de las suyas y en su momento les respalden, más por la cercanía de los procesos de elección y las evidentes apuestas por la continuidad.

Indigna el accionar inmoral e ilegal de esas estructuras y de quienes les protegen ahora y durante décadas. Demostrar la repulsión social que generan, debería ser causa común en los guatemaltecos interesados en salir, de una vez por todas, de estas piedras de tropiezo.

Ante la falta de viabilidad para impulsar pactos o acuerdos con agendas maximalistas, poner en evidencia y mostrar total oposición a la existencia de las organizaciones que han hecho de lo público feudos de poder y enriquecimiento ilícito, deberían ser causa común. Quizás para acuerdos de este tipo si podemos ponernos de acuerdo. Ante ello no podemos seguir impávidos y tolerantes.

Un asunto en donde estimo si hay consenso, al menos inicial, es la dañina existencia del STEG y el SNTSG. Dos expresiones de falso sindicalismo, que, bajo la protección y complicidad de gobernantes, jueces y magistrados, se convirtieron por décadas en grupos de presión y actores de veto (cuya anuencia era necesaria para gobernar), recibiendo a cambio todo tipo de prebendas y beneficios, usando obviamente los recursos públicos como monedas de cambio.

Acevedo y Alpírez, ambos líderes autoimpuestos, están venidos a menos. Por sus formas autocráticas, perdieron bases; sus narrativas no generan adhesivos, su presencia mediática está desfasada en tiempo y espacio. Son actores que generan aversión.

No es asunto solamente de rechazar los bloqueos o la existencia de pactos colectivos, que en realidad son instrumentos de sometimiento y extorsión. Lo que está en juego son las agendas públicas de dos de los pilares del estado guatemalteco, ni más ni menos que la educación y la salud. Ambas expresiones cuasi-criminales se aprovechan al minar dos agendas públicas de evidente peso estratégico. De allí deviene su papel antes preponderante y hoy generador de antipatías.  Diversos ángulos están en juego, desde las finanzas públicas, hasta los recursos humanos. El estado y la institucionalidad tendrían mayor capacidad de hacer frente a los desafíos significativos, si expresiones retrógradas, como las mencionadas, dejaran de existir.

Además, está el efecto contagio. Pocos son los entes públicos donde no pululan organizaciones interesadas en replicar las prácticas perversas de las bandas de cuatreros disfrazadas de servidores públicos. Poner alto a los desmanes de estas expresiones no es asunto exclusivo del gobierno, quien por de pronto les ha cerrado algunos grifos. Ponerles alto es importante, pero no suficiente. La mutación, propia de los entes criminales, es un factor de riesgo latente.