Este país necesita con urgencia inversión pública y esto no es de ahora, ni exclusivo de este gobierno. ¡Esto es y ha sido así desde siempre!

Pero estamos en el hoy y en el ahora y las actuales autoridades tienen un enorme reto y gran responsabilidad. Éstas tienen que lograr sus promesas de campaña y con ello impulsar el desarrollo de este país, con la complicación de no poder contratar con los mismos proveedores y empresas que finalmente resultan ser los promotores de esa corrupción que opera en este país y encima de todo, sin sistemas o controles necesarios que eviten dichos contratos lesivos, anómalos y fraudulentos.

Por tanto, urge instaurar mecanismos y sistemas que generen certeza jurídica, eliminen la discrecionalidad y sean totalmente eficientes para proveer los suficientes controles y la transparencia necesaria que permita reactivar la economía, generando así empleo, desarrollo y progreso. Todo ello será fundamental para atender las carencias históricas en salud, educación, infraestructura y seguridad.

Lo anterior será posible cuando se cuente con una verdadera y sólida Ley de Contrataciones del Estado que impida esos espacios y oportunidades para la corrupción.

Estamos claros que sólo una ley no hará posible esto, siendo siempre necesario contar con funcionarios, proveedores y personas en general, que cuenten con principios y valores inquebrantables para cumplir con las leyes.

Volviendo al caso en concreto, es imperativo lograr reformar dicha ley, sin embargo, existe la posibilidad que en el Congreso de la República se discuta una iniciativa de ley que tenga por objeto principal la agilización de la inversión pública, la cual pretende ser una herramienta que permita acelerar la ejecución del gasto público y evitar así que las obras se queden atrapados en la actual y siempre eterna maraña burocrática, así como la terrible judicialización de contratos lesivos para el Estado.

Esto, en principio, pareciera no ser una mala idea, pero cabe preguntarse si realmente una ley como ésta, se constituirá en un impulso a la inversión pública o se convertirá en una nueva puerta abierta al robo y a la eterna corrupción.

La propuesta de ley podría contener elementos positivos que en esencia permitan el destrabe que actualmente se tiene entre la existencia de esos contratos lesivos y la imposibilidad de contratar con nuevos proveedores.

Son muchos los problemas y lograr atacar todos a la vez resulta prácticamente imposible. Mientras no se logre una definitiva y mejorada Ley de Contrataciones del Estado, tanto los impulsores de dicha iniciativa de ley como el pueblo en general, deberán tener muy en cuenta varias recomendaciones y elementos importantes, para evitar que una ley de agilización como ésta no resulte más dañina que beneficiosa al país.

Siempre es importante tomar riesgos, pero antes de tomarlos es indispensable generar el análisis necesario y preguntarse si los beneficios superan al riesgo.

Uno de los tantos elementos que podría aminorar los riesgos al tener una ley de agilización es realizar un listado concreto y cerrado de proyectos priorizados, que podría ir desde centros educativos y salud, así como carreteras y hasta puertos, con el objetivo de enfocar recursos en obras estratégicas.

Asimismo, es esencial introducir esos mecanismos para reducir tiempos como: plazos definidos para permisos y pagos más ágiles a contratistas de los cuales pueda comprobarse su honradez e idoneidad. Siempre deberá existir la obligación de publicar en Guatecompras y a reportar avances físicos y financieros, bajo estándares internacionales.

Es importante recordar que el papel aguanta con todo deseándose que éste se trate de un marco que prometa eficiencia y visibilidad, más no aminorar mecanismos que debiliten importantes controles.

Una iniciativa como ésta podría, en principio, permitir utilizar la compra directa o cotización no sólo en casos excepcionales, sino en prácticamente todo el ciclo de inversión pública: desde la preinversión hasta la supervisión.

Es importante mencionar que esto podría abrir una puerta muy peligrosa respecto a adjudicaciones fragmentadas y contratos con mínima competencia. En dicha iniciativa será muy importante analizar, entender bien y dialogar con la ciudadanía y sectores involucrados, lo relativo a la ejecución de proyectos con organismos internacionales como UNOPS o PNUD, en donde se aplicarán sus propias normativas, posiblemente al margen de los sistemas de control y rendición de cuentas nacionales.

Otro elemento interesante es el hecho que, el Fondo de Garantía de Convenios (FGC), administrado por el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) operará con recursos multianuales y con intereses que capitalizarán a esa entidad, en lugar de regresar al Tesoro.

La transparencia, es más que un valor y principio. Es, en esencia, el vehículo que permite que no opere la corrupción. Por lo tanto, si ésta, se supone ha sido una prioridad en este gobierno, la misma deberá manifestarse con mucho más ahínco, en una ley que desea ser el destrabe de la corrupción y la agilización del desarrollo.

La idea esencial de esta columna de opinión no es atacar la idea o a sus impulsores, sino más bien generar el diálogo necesario que permita a la ciudadanía no sólo manifestar sus preocupaciones sino también colaborar en afinar la misma y, por consiguiente, mejorarla, poniendo de manifiesto la alianza que debe existir entre pueblo y gobierno.

Recordemos que un país en donde existe transparencia y desarrollo se tienen prácticas importantes como publicación de contratos completos, adendas, precios unitarios, cronogramas o beneficiarios finales de las empresas contratistas.

Sin estos datos, el ciudadano no podrá ejercer auditoría social real y el discurso de “cero tolerancia a la corrupción” quedará reducido a buenas intenciones.

Guatemala requiere inversión ágil, sí. Pero la agilidad debe tratarse con cautela y nunca ser excusa para abrir atajos que reduzcan la competencia y se obvien controles. Una ley que debilite los candados de integridad no sólo podría contradecir el compromiso anticorrupción del actual gobierno, sino que arriesgaría convertir la inversión pública en un nuevo botín.

La pregunta, entonces, no es si necesitamos obras rápidas —eso está fuera de discusión— sino si estamos dispuestos a sacrificar transparencia en nombre de la velocidad, pues una obra hecha al margen de la ley, aunque termine inaugurada, siempre será una victoria para la corrupción y una derrota para el país.