Durante ocho años se llenaron la boca con el crecimiento territorial del Ministerio Público. Más fiscalías, más agencias, nuevas unidades, funcionarios, vehículos, edificios y comunicados que nos explicaban lo mucho que se trabajaba. Consuelo Porras dirigía una institución que quería mostrarse activa. Sin embargo, el informe presentado por la nueva administración permite conocer los datos y descubrir lo que en realidad se ocultaba detrás de tanta parafernalia: para algunas cosas faltaban personal y hasta guantes. Sin embargo, para otras sobraba una rápida diligencia.

El informe reconoce que, durante aproximadamente diez años no se realizaron licitaciones ni cotizaciones para adquirir insumos básicos destinados a la investigación criminalística. Estamos hablando de mascarillas, bolsas para cadáveres, sobres, guantes desechables y materiales indispensables para recoger y preservar indicios. Una institución que debe investigar asesinatos podía carecer de lo elemental para procesar una escena del crimen. Curiosa manera de priorizar la persecución penal.

Al mismo tiempo, había estructuras cuya utilidad resulta difícil de explicar. La Fiscalía Liquidadora mantenía una función residual y estaba sin investigaciones activas, con la mayor parte de su personal asignado a otras dependencias. La Unidad de Investigación Criminal Transnacional comenzó la nueva gestión sin una planificación consolidada, sin infraestructura adecuada y, otra vez, sin expedientes activos. Después de mayo comenzó a desarrollar investigaciones sobre narcotráfico, asociación ilícita, corrupción y tráfico de armas. Uno termina preguntándose para qué sirve crear fiscalías especializada si no hay casos que investigar, por falta de investigación, de interés y personal insuficiente y sin calificación.

Pero la palabra más reveladora del informe aparece cuando llega a la FECI. El diagnóstico habla expresamente de una “desnaturalización de la Fiscalía” y de la necesidad de recuperar controles sobre expedientes, evidencia, reservas y recursos, además de restablecer mecanismos de coordinación investigativa y analítica. Es decir, que lo que salía de las manos de Curruchiche eran casos fabricados, a petición del mejor postor y sin evidencia basada en pruebas. Esto no es un “ataque internacional”, es el resultado del diagnóstico elaborado por el nuevo Fiscal General.

Y “desnaturalización” no significa simplemente que se extravió un expediente o que alguien llenó mal una estadística. Significa que una estructura se alejó de la finalidad para la cual había sido creada. La FECI nació para combatir estructuras de corrupción e impunidad. La CIDH concluyó en su informe de 2025 que el Ministerio Público se había apartado de su mandato constitucional, que operaba como instrumento de persecución selectiva y que la FECI había pasado de investigar la impunidad a blindar el statu quo y perseguir a quienes lo cuestionaban.

Los efectos de esa selectividad tampoco fueron una percepción exclusivamente doméstica. En 2024 la Unión Europea sancionó a Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Ángel Pineda y Leonor Morales —además del juez Fredy Orellana— por acciones que, según el Consejo de la UE, socavaron la democracia, el Estado de derecho o el traspaso pacífico del poder. La CIDH documentó además la criminalización de operadores de justicia, periodistas, dirigentes sociales, autoridades indígenas y otros actores, y señaló deficiencias estructurales en la persecución de delitos como la corrupción mientras existía una política de persecución penal selectiva.

Ahí la explicación de la simple “ineficiencia” comienza a quedarse pequeña. El MP no parecía ser igualmente ineficiente para todo. Podía carecer de insumos para investigar delitos comunes, mantener unidades prácticamente sin casos y acumular expedientes, pero mostraba una notable energía cuando se trataba de determinados objetivos. La maquinaria funcionaba de manera selectiva sin preocuparse de la investigación que se demandaba por parte de la población. Millones gastados para subirse sueldo y bonos y no para cumplir con sus funciones constitucionales. El mecanismo funcionaba para proteger a pagadores, amigos, y finalmente a quiénes los habían puesto por dos períodos presidenciales. Y ser muy eficientes en la persecución de opositores políticos o de críticos independientes.

El mejor caso que ilustra lo anterior es el de Miguel Martínez. En diciembre de 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó bajo el régimen Global Magnitsky y afirmó que había participado en esquemas generalizados de sobornos relacionados con contratos públicos, incluidos señalamientos vinculados con la compra de vacunas Sputnik V. Esa sanción estadounidense no es una condena penal en Guatemala, pero difícilmente podía considerarse una noticia menor para una institución encargada de investigar corrupción.

Durante la gestión de Porras no se conocieron resultados equivalentes contra Martínez. En septiembre de este año, bajo la nueva administración, la Fiscalía contra el Crimen Organizado realizó trece allanamientos dentro de una investigación que, según información del propio MP, vincula a Martínez con una presunta estructura criminal y busca esclarecer sociedades, bienes y operaciones patrimoniales. Increiblemente, en Guatemala nunca se tuvo la diligencia de investigar los negocios eso si, el MP desestimaba los casos al igual que miles de ellos, para aparentar diligencia y eficiencia.

Guatemala arrastra desde hace décadas redes donde convergen intereses políticos, económicos y criminales. No hace falta imaginar una reunión clandestina donde políticos, fiscales y pandilleros se reparten instrucciones -aunque por los datos públicos, parece que hasta los pandilleros tenían sus funcionarios con mando dentro de la fiscalía que debía investigarlos. Una red criminal prospera tanto por lo que el Estado hace como por lo que decide no investigar. Si ciertos actores pueden anticipar que sus negocios, alianzas o movimientos encontrarán pocos obstáculos, la impunidad deja de ser una falla del sistema y se convierte en una ventaja.

El informe de Gabriel García Luna se constituye en una primera radiografía interna de la institución recibida. Ya no basta contar cuántas fiscalías existían, cuántos operativos se anunciaban o cuántos expedientes se abrían. Deja al descubierto qué se investigaba, qué se dejaba dormir, dónde estaban los recursos y dónde aparecía repentinamente toda la energía del aparato penal. Porque después de conocer cómo quedó el Ministerio Público tras ocho años de Consuelo Porras, ratifica con datos lo que se percibía: que el MP se constituyó en una institución que funcionaba selectivamente, traicionando su propia naturaleza y mancillando la justicia. Así los recordaremos.