Las estructuras criminales que la justicia decidió proteger

Las recientes sanciones de Estados Unidos contra Los Mendoza, Los Huistas y Los Lorenzana han vuelto a poner sobre la mesa una realidad que Guatemala conoce desde hace años. Estas organizaciones no aparecieron de repente, ni fue necesario que las autoridades estadounidenses las señalaran para conocer sus actividades. Lo indignante es que, después de años de investigaciones y de llevar a algunos de sus integrantes ante los tribunales, fue el propio sistema de justicia guatemalteco el que terminó favoreciendo su impunidad.

Juan Francisco Sandoval

noviembre 19, 2026 - Actualizado noviembre 18, 2026
Juan Francisco Sandoval

Durante los años en que trabajamos desde la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), junto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), investigamos a integrantes de estas estructuras. No incautamos grandes cargamentos de droga, porque ese no era el propósito de nuestros expedientes, pero sí documentamos asesinatos, secuestros, despojo de tierras, lavado de dinero y maniobras para manipular procesos judiciales. El crimen organizado no funciona únicamente mediante el tráfico de drogas; también necesita controlar territorios, acumular recursos y contar con personas dispuestas a proteger sus intereses dentro de las instituciones.

En 2014 investigamos el caso Cancerbero, contra la estructura dirigida por Haroldo Mendoza Matta, que operaba como un ejército privado en comunidades de Izabal. Documentamos asesinatos, desapariciones, robo de ganado y violencia contra campesinos para imponer intereses sobre sus tierras. Sin embargo, el proceso permaneció casi once años sin llegar a juicio, hasta que en septiembre de 2025 la jueza Abelina Cruz Toscano dictó sobreseimiento a favor de los procesados. Dos años después de Cancerbero, presentamos el caso Génesis, contra otra estructura vinculada con Walter Obdulio Mendoza Matta, que mediante amenazas, actuaciones notariales y la intervención irregular de funcionarios se apropió de 28 fincas en Petén. Logramos diez condenas en 2019, aunque posteriormente varias fueron revocadas en segunda instancia.

También investigamos a Los Huistas. En 2018 presentamos el caso Huistas Impunidad, que permitió descubrir cómo integrantes de esa organización fabricaron documentos y simularon negocios para conseguir el cierre de un proceso por lavado de dinero. Identificamos a quienes participaron en aquellas maniobras y obtuvimos condenas. Estas investigaciones demostraron que las organizaciones criminales no necesitan solamente hombres armados, sino también profesionales, funcionarios y operadores dispuestos a utilizar las instituciones para garantizarles impunidad.

Recuerdo que, cuando presentamos Cancerbero, Iván Velásquez insistía en que las capturas eran apenas el comienzo. Correspondía al Estado recuperar el control de las comunidades, proteger a sus habitantes y evitar que esas estructuras continuaran operando. Pero esa respuesta nunca tuvo la continuidad necesaria. Peor aún, en lugar de fortalecer las capacidades que habíamos construido, primero se produjo la salida de la CICIG y posteriormente, durante la gestión de Consuelo Porras, se desmantelaron los equipos de la antigua FECI y se persiguió penalmente a quienes habíamos participado en investigaciones de alto impacto. Se debilitó una capacidad institucional que había costado años construir.

Por eso llama la atención el silencio de algunos sectores frente a las sanciones estadounidenses. Son los mismos que durante años cuestionaron nuestras investigaciones, justificaron el debilitamiento de la FECI o pretendieron reducir aquel trabajo a unas cuantas capturas para aparentar resultados. Los expedientes y las sentencias cuentan otra historia. Investigamos organizaciones poderosas, presentamos acusaciones y obtuvimos condenas. Que después algunos procesos fueran cerrados o sus resultados revertidos no borra lo realizado; obliga a preguntarnos quiénes se beneficiaron de esas decisiones y por qué se permitió que ocurrieran.

Las sanciones de Estados Unidos deberían llevarnos a reflexionar sobre lo que Guatemala dejó de hacer. La ausencia estatal en territorios controlados por organizaciones criminales es responsabilidad de distintos gobiernos, pero también lo es haber permitido el debilitamiento de las instituciones que comenzaron a enfrentarlas.

El problema no fue que estas estructuras nunca fueran investigadas. Nosotros las investigamos y llevamos a sus integrantes ante la justicia. El problema fue que, mientras el Estado renunciaba a recuperar los territorios bajo su influencia, el sistema de justicia terminó favoreciendo a algunos de los investigados y persiguiendo a quienes los habíamos investigado.

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