El Pacto de Corruptos nos conducía al despeñadero. Una dictadura corporativa que otorgaba privilegios escandalosos a sus cómplices y aliados, y dejaba apenas las sobras al pueblo hambriento. Por eso el pueblo entero se las cobró en la primera ocasión que tuvo: las elecciones del 25 de junio pasado, ratificadas con creces el 20 de agosto. Resultó ineficaz el clientelismo aplicado a gran escala, y a última hora los propios alcaldes se burlaron y pasaron la factura de las humillaciones padecidas.
Ahora vivimos bajo un gobierno democrático, respetuoso de las libertades civiles y del principio de la separación de poderes. Pero hay un elefante en medio de la sala cuyo tratamiento no es fácil. El Ministerio Público (MP) y todas las Cortes son independientes del Ejecutivo y la propia Contraloría y la Superintendencia de Bancos ejercen su albedrío. Pero ¿qué ocurre cuando esas instituciones indispensables en el orden republicano son el fruto podrido de una dictadura corporativa?
La norma aconseja respetar los calendarios y procedimientos de relevo. Pero ¿mientras tanto? El MP de Consuelo Porras sigue hostigando la democracia, abusa de su poder y no cumple sus deberes de persecución penal. Las altas cortes del Organismo Judicial continúan abriéndoles las puertas y tendiendo la alfombra roja a los responsables de la gran corrupción, como este fin de semana al exministro de Comunicaciones del Partido Patriota de Otto Pérez, Alejandro Sinibaldi. La Corte de Constitucionalidad no ejerce como guardiana de nuestra Carta Magna, juega a la política pura y dura de intereses personales y de ciertas elites. La Contraloría General de Cuentas ¿de veras está cumpliendo con su mandato?
El liderazgo de un presidente demócrata como Bernardo Arévalo no es compatible con el laissez faire -dejar hacer, dejar pasar- en la República. El jefe de Estado debe lanzar mensajes públicos y privados para que las instituciones se alineen con la ley y cumplan plenamente sus deberes. El presidente de la República debe incentivar a la sociedad a que ejerza plenamente su derecho de auditar todas las instituciones del Estado y facilitarles el altavoz a sus hallazgos y recomendaciones. El líder de la nación debe aprender a separar y disminuir a los corruptos (los frutos podridos), desleales a su juramento de servidores públicos. Frente a los eventos que están en proceso, como la elección de nuevas cortes en este año, debe motivar a los profesionistas capaces, idóneos, honrados y de reconocida honorabilidad para que participen libremente y compitan con la confianza de que las redes de tráfico de influencias no van a imponer esta vez su ley, porque el gobierno va a crear condiciones de observación nacional e internacional. Nunca como ahora la integridad de las cortes, o sea, el rescate del Estado de derecho ha estado tan íntimamente vinculado con la salud de la democracia.
