Durante décadas el Estado guatemalteco ha actuado como un tropiezo para la unificación de los pueblos maya, garífuna, xinca y mestizo. En todo el país se ha fomentado la división, lo que ha llevado a una fragmentación por motivos triviales. Asimismo, el orden mundial ha impuesto sus propias divisiones basadas en el color de piel, el idioma o la nacionalidad, aspectos que carecen de importancia cuando el objetivo es el bien común.

Cuando la organización comunitaria en Guatemala tiene éxito, el Estado reacciona de forma inmediata. Haciendo uso del sistema legal, se implementan planes para deslegitimar los logros y las luchas. De esta forma, intenta convencer a la población que está mal organizarse y exigir el cumplimiento de sus derechos.

Incluso teniendo la presencia de un gobierno consciente de la situación y con la intención de revertir estos hechos, persisten los actos de criminalización. Aún más grave, se otorgan beneficios a delincuentes, lo que contribuye a los altos índices de impunidad y corrupción. El problema no reside en un grupo de personas, sino en el engranaje del sistema, mientras los criminales viven en libertad o con comodidades, los líderes comunitarios son acusados de terrorismo, sedición, asociación ilícita, entre otros delitos que carecen de pruebas contundentes.

«¡El pueblo unido, jamás será vencido!» es una consigna que siempre me ha llamado poderosamente la atención. Verdaderamente refleja que, a pesar de las adversidades que el Estado nos presenta, la unión entre las comunidades puede lograr grandes hazañas. Si dejamos a un lado la división y entendemos que nuestras necesidades comunes nos unen, nuestra condición de vida sería diferente. La organización comunitaria nos enseña la importancia del servicio, la empatía, la solidaridad y el respeto hacia los demás. Aunque parezca una utopía, no lo es, en varios departamentos del país, esta forma de vivir es una realidad que debe ser reconocida y promovida.

Uno de los ejemplos más loables es el levantamiento k’iche’ de 1,820 en Totonicapán, este hito aún no recibe el reconocimiento que merece. Este acto de resistencia legítima se manifestó nuevamente en la era moderna con la protesta de octubre de 2,023. Que duró más de cien días, liderada por autoridades comunitarias que mantuvieron firme su convicción ante las vicisitudes que se presentaron, esta acción tuvo un resultado crucial: mantener con vida la frágil democracia, que culminó en la toma de posesión del gobierno actual.

En lo que va del año se han fraguado juicios ilegítimos contra líderes comunitarios por el simple hecho de fomentar la unión, resistencia legítima, la defensa de los derechos y la democracia. Es imperante comprender que la democracia no puede funcionar sin la participación activa de la población y sin la organización comunitaria. Este factor es de vital importancia y debe ser reconocido. Vivir en armonía implica trabajar con y para el prójimo, debemos direccionar esfuerzos a la construcción de un futuro mejor. La gran diversidad de Guatemala, manifestada en su cultura, idiomas y cosmovisión, debería servir como hilo conductor para la unidad. La organización comunitaria es un ejemplo a seguir que nuestra patria necesita.