No toda deuda pública es una bomba a punto de explotar, ni todo déficit fiscal un incendio incontrolable: lo verdaderamente explosivo es un Estado que gasta mal, que no es efectivo y que se resiste a la reforma. Lo que sucede hoy con el sindicalismo público en educación es el ejemplo más claro de esto. Dinero no ha faltado. Resultados, sí. Incrementos salariales, pactos colectivos, bonificaciones y prebendas han recibido por montones. Mejor comprensión lectora, mayores habilidades matemáticas y mejor formación en ciencia básica brillan por su ausencia. A pesar de este evidente fracaso, el debate sobre el presupuesto público sigue atrapado entre anuncios de colapso evidente y proyecciones catastróficas. Profetas del colapso, que con el nuevo evangelio de “cómo se arruinan los países” bajo el brazo, trazan líneas rojas que no deben cruzarse, so pena de caer —sin escala— en el infierno de Dante, reservado para los imprudentes fiscales.

Ese tipo de alarmas —aunque comprensibles en su intención— suelen ignorar un detalle fundamental: las cifras aisladas no explican realidades complejas. Un mismo nivel de déficit o deuda puede significar cosas muy distintas según el contexto macroeconómico, la estructura institucional y el régimen monetario de cada país. Pretender que existen “números mágicos” que definen el colapso es una ilusión peligrosa. En el caso guatemalteco, los datos actuales no sugieren una crisis fiscal inminente. La deuda pública se mantiene baja en relación al PIB; está mayoritariamente nominada en moneda local; el servicio de deuda es manejable como proporción del gasto público;  y los escenarios de estrés han mostrado una resiliencia moderada ante choques de crecimiento o tasas de interés.

Los datos muestran un patrón notable. Guatemala ha operado bajo lo que Catalán, economista del Banco de Guatemala, llamó en su estudio de 2019 una “regla fiscal implícita” que favorece la estabilidad. Esta regla no está escrita en ninguna ley específica, pero se expresa en dos mecanismos institucionales: una fuerte aversión política al endeudamiento público, y una arquitectura presupuestaria que preasigna buena parte de los ingresos a usos específicos, dejando al margen de maniobra fiscal reducido y estable. los hallazgos del CIEN ayudan a iluminar la verdadera dimensión del problema. Según su análisis del Proyecto de Presupuesto 2025, entre el 83 % y el 89 % del gasto público está preasignado a compromisos rígidos como salarios, deuda pública, pactos colectivos y transferencias obligatorias. Esto deja apenas un 11–17 % del presupuesto como espacio real de decisión, lo cual vuelve inerte al aparato público frente a cualquier necesidad estratégica o coyuntural.

En palabras del propio CIEN, «la elevada rigidez reduce significativamente la posibilidad de reasignar recursos según prioridades cambiantes», anulando con ello la función planificadora del presupuesto. Según Catalán, esto ha funcionado como un “corsé institucional” que permite déficits contenidos, a costa de inversión pública mínima y gasto social insuficiente. La paradoja fiscal guatemalteca: se gasta poco en términos relativos, pero se gasta mal en términos absolutos.

Más aún, las trayectorias fiscales recientes refuerzan este diagnóstico. Los escenarios que construye Catalán en su estudio muestran que, incluso bajo escenarios de expansión fiscal moderados, la deuda pública guatemalteca seguiría siendo sostenible, con incrementos controlados y sin riesgo inmediato de desbordamiento. A esto se suma las cifras del déficit primario de la  Revisión del Artículo IV del FMI (2025), que confirma una tendencia hacia el equilibrio fiscal desde 2022. Después del shock de 2022,  el déficit primario cae bruscamente y permanece cercano a cero durante todo el horizonte proyectado (hasta 2029).

Guatemala no necesita alarmas ni calmantes. Necesita cirugía estructural. Lo que la debilita fiscalmente no es la deuda actual ni el déficit de este año, sino un aparato estatal atrofiado, un presupuesto rígido, un gasto capturado y una institucionalidad que opera por inercia. El gasto público está escasamente evaluado, muchas veces responde a redes clientelares, la inversión pública es baja, el gasto social está mal focalizado y la arquitectura institucional que lo gestiona carece de capacidad estratégica. En este contexto, hablar de sostenibilidad fiscal sin hablar de calidad del gasto es construir sobre arena. El país no está al borde del abismo. Los fundamentos técnicos y macroeconómicos no justifican una alarma inminente. Lo que verdaderamente amenaza la estabilidad fiscal no es un desborde, sino una corrosión silenciosa: la precariedad funcional del Estado.

Es aquí, entonces, en donde hablar de ampliar el gasto público, sin revisar esa estructura colapsada,  es perpetuar una lógica donde más dinero no significa más efectividad del Estado. Mientras persista esa situación, el principal problema no es cuánto se gasta, sino en qué y cómo se gasta. En tales condiciones, cualquier expansión del gasto sin reforma institucional previa solo incrementará la ineficiencia, los cuellos de botella y el desencanto ciudadano. Por eso mismo, el uso de narrativas de urgencia fiscal tiene un riesgo no menor: que termine justificando decisiones improvisadas en materia tributaria para responder a presiones políticas, sin transformar las causas estructurales de la debilidad fiscal.

Si la calidad del gasto no mejora, si no se desmontan mecanismos de asignación automática, si no se fortalecen capacidades estatales, no hay expansión que valga. Ni deuda ni impuestos adicionales servirán de nada si no se corrige antes el corazón de la ineficiencia. La sostenibilidad fiscal no es un número rojo en una hoja de Excel. Es una construcción política, técnica e institucional que se juega en tres planos: el crecimiento económico, la credibilidad del sistema presupuestario y la capacidad del Estado para transformar recursos en bienes públicos visibles. Las crisis fiscales no nacen de un número. Nacen de no entender lo que ese número esconde.