Uno de los tres aspectos centrales del Estado, en su sistema legal, medido a través de la efectividad para responder a las demandas de la población. Ese factor se traduce en un medidor para analizar la calidad de la democracia y las posibilidades para hacer avanzar los procesos sociales y políticos. De allí que un Estado débil, como el guatemalteco, se caracterice, atendiendo al pensamiento de Guillermo O´Donell, porque «no penetra ni controla el conjunto de su territorio, ha implantado una legalidad frecuentemente truncada y la legitimidad de la coerción que lo respalda es desafiada por su escasa credibilidad como intérprete y realizador del bien común». El mismo autor, señala, como una de sus tesis para explicar el estado de la democracia en América Latina, que «el principal problema del estado latinoamericano no es el tamaño de las burocracias sino la ineficacia de éstas, la inefectividad de su sistema legal y la escasa credibilidad de estado y gobierno. Este estado débil y angosto es un grave impedimento para avanzar en la democratización de los respectivos países».

Esa notoria acumulación de factores orientados a la imposibilidad como sociedad quedan al desnudo en los preparativos de los importantes procesos de elección que están en juego y cuyas definiciones se concretarán en 2026. Mis expectativas no son altas, pero en medio de los grises que nos invaden, aún creo que es posible reconducir la direccionalidad de las instituciones en juego. Vislumbro dos tendencias, o la posibilidad (limitada) de cierta inflexión (cierta corrección de la ruta), o la continuidad del deterioro acelerado de la justicia (su total vaciamiento). Los últimos acontecimientos apuntan a la segunda de las vertientes.

A ese mismo escenario apuntan las capturas del pasado miércoles. Quitar del camino todo aquello que erosione o simplemente sea considerado como piedra en el zapato que afecte la continuidad de un régimen regresivo, pero que por ello mismo ha logrado erigirse como el válido para posibilitar la ampliación de importantes porciones de poder. Está visto que el sistema de justicia y el Congreso son las dos principales arenas donde el autoritarismo ha fincado sus mieles para ir por más.

Asistimos a un momento relevante donde se consolida la reconfiguración de la institucionalidad de la justicia y los actores que se movilizan, condicionan e interactúan entre sí para aprovechar las fortalecidas parcelas del poder; porciones que en ciertas coyunturas se juntan para realizar objetivos que antes, con claridad, eran rechazados por ser ilegítimos; pero que ahora llegan de la mano de actores emergentes dispuestos en engrasar los engranajes necesarios con financiamientos oscuros y desbordantes. Lo que para muchos es un final, para ellos es el inicio de nuevas vorágines. 

Guatemala, cuyo régimen político discurre velozmente en sentido autocrático, se muestra, entre neutralizado, cansado, disperso, con poca gasolina para enfrentar la fuerza de los actores interesados en acelerar aún más el proceso regresivo. Queda por verse si los últimos hechos incentivan el aglutinamiento de fuerzas sociales que piensen y actúen en sentido contrario.