En medio del proceso para elegir fiscal general, en Guatemala el concepto de la honorabilidad se ha vaciado de contenido para convertirse en una frase dentro de un cuestionario sin base alguna. Honorabilidad e idoneidad no se fundamentan en la ética, ni en los resultados de una gestión, sino por la utilidad que una persona tiene dentro de un sistema de gobernanza mafiosa que protege sus propios intereses.

Esa es la paradoja que hoy enfrenta el país. Mientras vuelven a aparecer señales de cómo el crimen organizado se incrusta en lo local —exalcaldes asesinados, familiares de autoridades capturados y enviados a procesos de extradición por narcotráfico—, el sistema institucional insiste en su ficción favorita: que la honorabilidad puede evaluarse con una tabla, un expediente y un puntaje. Una fórmula superficial que deja pasar sin cuestionamientos, a casi cualquiera que tenga muchos títulos, posgrados regalados y años de trabajo.

Y en esa ficción distópica, Consuelo Porras cumple.

Cumple, aunque su nombre figure en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos por socavar el Estado de derecho y los procesos democráticos. Cumple, aunque la Unión Europea la haya sancionado con restricciones de viaje y congelamiento de activos por los mismos motivos. Y cumple, incluso, después de haber sido señalada en 2023 por el consorcio internacional OCCRP como “Persona del Año en Crimen Organizado y Corrupción”.

¿Qué significa “reconocida honorabilidad” o “idoneidad” para juristas, magistrados y comisionados que consideran irrelevante que una aspirante a fiscal general esté sancionada internacionalmente y señalada por organismos especializados en corrupción? Concretamente para 14 de ellos. Varios, decanos de universidades que definitivamente nadie debería estudiar en ellas, si consideran honorable e idóneo un personaje como ella.

Pero el asunto no es solo reputacional. Son las acciones que esta persona ha hecho para traerse abajo el marco democrático e institucional cometiendo ilegalidades que pusieron en riesgo la transición democrática. Ese contexto explica buena parte del aislamiento internacional que hoy enfrenta la fiscal general.

Según declaraciones recientes del ministro de Gobernación, la falta de comunicación y coordinación con el Ministerio Público dificulta el avance de investigaciones criminales, limitando y debilitando la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado. Esto ya no es un debate político. Es un problema directo para la seguridad del país y un costo sentido para los guatemaltecos.

Diversos análisis independientes coinciden en que más del 90% de las denuncias presentadas al Ministerio Público no terminan en una acusación formal. La mayoría de los casos se archiva o queda sin avance significativo, mientras la tasa de resolución efectiva se mantiene en niveles mínimos. Es decir, su gestión es una carga para la justicia y la seguridad. La debilidad institucional no se refleja solo en la falta de condenas. También en el ámbito patrimonial. En varios casos de alto impacto, el Ministerio Público ha solicitado sobreseimientos y el levantamiento de bienes ya extinguidos. Y ese dinero que se devolvió a los personajes corruptos, era de los guatemaltecos.

La discusión pública sobre la gestión de Porras no gira alrededor de “errores administrativos”. Gira alrededor de un patrón: persecución extrema y criminalización contra ciertos sectores y omisiones llamativas frente a otros. En ese contexto, hablar de honorabilidad o idoneidad, adquiere otra dimensión. La honorabilidad no es solo no tener condenas personales. Se demuestra con resultados, con independencia y con la capacidad real de perseguir el crimen sin miedo y sin favoritismos; independencia frente a las redes criminales; resultados verificables; transparencia; rendición de cuentas.

La paradoja se vuelve todavía más absurda cuando miramos el tema de transparencia y costo país. ¿Cuánto gana la fiscal general? En un país normal, esa cifra sería pública. Aquí se reporta, se discute, se evade y se reserva. Hay reportes periodísticos que señalan que el Ministerio Público ha mantenido en reserva el salario específico de la fiscal general alegando razones de seguridad, mientras existen investigaciones periodísticas que estiman montos y documentan aumentos internos.  No es una simple curiosidad. Es un tema de Estado: si el MP exige legalidad y transparencia a todos, pero opera con opacidad en lo propio, la “honorabilidad” se queda sin piso moral.

La pregunta no es si Consuelo Porras reúne “requisitos formales”. La pregunta es qué entiende Guatemala por honorabilidad o idoneidad, cuando una fiscal general puede estar sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, y aun así el sistema la trate como una candidata más, como si su historial fuera irrelevante.

En este punto, yo preguntaría a alguno de esos grandes empresarios monopólicos del país que la apoyan: ¿Su empresa contrataría a una directora ejecutiva sancionada internacionalmente por socavar el Estado de derecho? ¿Un organismo internacional consideraría idóneo ese perfil para dirigir una institución clave? ¿Una universidad prestigiosa, un banco o cualquier organización asumiría ese nivel de riesgo reputacional? La respuesta es evidente.

Sin embargo, en Guatemala se pretende que ese mismo perfil sea considerado honorable e idóneo para dirigir la institución responsable de la persecución penal. Como si los guatemaltecos nos contentáramos con cualquier cosa. Esa es, en el fondo, la verdadera paradoja. La única razón para dejar pasar a una figura con este nivel de cuestionamiento internacional difícilmente puede explicarse solo por méritos técnicos o desempeño institucional. Obliga a mirar las redes de poder que operan detrás de estas decisiones. Esas mafias de todo tipo que persiguen impunidad.

En un sistema de gobernanza mafiosa, la lealtad no se premia por valores.
Se mantiene por utilidad. Por eso, no se trata del personaje. Consuelo Porras ya perdió su utilidad, impensable que alguien cargue con ella. Pero es la cortina de humo para que, con base a esa absurda tabla de evaluación, pasen otros, con los mismos compromisos, a cumplirle a la gobernanza mafiosa. Ella está para el escándalo. Pero su presencia contamina el proceso y lo hace viable para que obscuros personajes emerjan como solución o alternativa.

Por eso la pregunta ya no es si una candidata cumple con una tabla. La pregunta es otra:
¿idónea y honorable… para quién? Porque si la respuesta es que una funcionaria puede estar sancionada internacionalmente, cuestionada por su desempeño y aun así ser considerada apta para el cargo, entonces el problema no es la persona. El problema es el sistema que redefine los estándares para que encajen dentro de una lógica de gobernanza mafiosa y crimen organizado.

Cuando la honorabilidad y la idoneidad dejan de basarse en la ética, los valores y el mérito profesional, y pasan a responder a la lógica de las redes, dejan de ser criterios.
Se convierten en coartadas para que la impunidad siga siendo la regla y el sistema cooptado siga bajo su control.