2025 fue el año en que el mundo dejó de fingir que se gobierna por reglas. La economía internacional, que durante décadas funcionó como un sistema imperfecto pero predecible, empezó a parecerse más a una negociación permanente entre poder y urgencia: aranceles como instrumento político, incertidumbre como condición de negocios, amenazas comerciales como recordatorio de vulnerabilidad, y un clima cultural donde el corto plazo compite por sustituir la deliberación. Para un país pequeño, ese giro no es un debate académico: es una prueba de supervivencia. Cuando afuera reina la Ley de la Selva, la respuesta racional de un país débil debería ser aumentar su previsibilidad interna, reforzar su credibilidad y reducir sus costos estructurales. Guatemala, en cambio, hizo lo que hace un Estado con baja capacidad: buscar atajos.

Ese fue el hilo conductor de casi todo el año económico: confundir gesto con resultado. Entre proclamar y construir. Entre “aprobar” y “ejecutar”. Entre ganar aplausos y producir bienestar. El país opera con una fe implícita: que nombrar el objetivo equivale a producir el resultado. Pero los resultados nacen de incentivos, productividad, efectividad y restricciones, no de declaraciones. En ese marco, el debate del salario mínimo cerró el año como síntesis perfecta del problema. Pagar mejores salarios es legítimo. El error es creer que el salario puede adelantarse a la productividad, como si el empleo formal fuera infinito. Ese es el meollo de la mala secuencia: encarecer el trabajo antes de reducir costos que el propio Estado impone —trámites, inseguridad, incertidumbre regulatoria—, con una herramienta ciega que no distingue entre sectores con margen y sectores con el “agua al cuello”.

El segundo espejo del año fueron los “costos invisibles”: los que no aparecen en el comunicado oficial, pero sí donde se define el bienestar real. Una economía puede crecer por remesas y consumo y, aun así, deteriorar el mercado laboral cerca del umbral de productividad. El efecto no siempre se ve en afiliados al IGSS; se ve en participación, desempleo abierto, desaliento y oportunidades que no se abren. Por eso la mirada contrafactual —incómoda, poco “amable”— debería ser norma en política pública: no basta preguntar si una medida “suena bien”, sino qué habría pasado sin ella y qué alternativas plausibles habrían rendido más. El costo mayor casi nunca es el error visible, sino lo que no se ve: empleo que no se crea, inversión privada que no llega, bienestar que no se alcanza.

Ese patrón se repitió en otras áreas. Se discutió el presupuesto como un ritual: cambiar todo para no cambiar nada. El “modelo presupuestario gastado” no es solo exceso; es mecanismo: rigideces, incentivos de botín, gasto por inercia y una calidad que no mejora porque no hay sanción ni aprendizaje.  Mientras tanto, el país siguió pagando costos menos visibles pero corrosivos: reglas impredecibles, trámites que castigan al que cumple y un estilo de decisión pública donde el atajo sustituye el criterio. En ese ambiente, los Consejos de Desarrollo ofrecieron un ejemplo elocuente de erosión del Estado de derecho: impulsar una norma que pretende colocarse por encima del ordenamiento legal vigente no “destraba” al Estado; lo desordena. Por eso la defensa del SNIP no es nostalgia burocrática, sino una defensa de secuencia: primero reglas, evaluación y trazabilidad; después decisión. Cuando se invierte esa secuencia, lo que se gana en rapidez se paga en arbitrariedad.

Visto así, 2025 deja una lección útil para 2026. En un mundo más incierto y más mercantilista, Guatemala no puede darse el lujo de sumar incertidumbre interna, mucho menos promover esquemas mercantilistas que favorecen a unos sectores en contra de la población. La recapitulación no es un inventario: el punto de fondo es que, cuando el mundo se desordena, un país pequeño solo tiene una ventaja competitiva posible: ser predecible, serio y capaz. Lo demás —decretos, atajos, talismanes legales— es ruido. Y el ruido, en tiempos de discrecionalidad, cuesta más caro que nunca.