La Corte de Constitucionalidad emitió recientemente un comunicado para pedir respeto y denunciar supuestas amenazas para tres de sus magistrados: Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera. Hay comunicados que intentan explicar o comunicar una decisión, sin embargo, este último, paradójicamente, abre una discusión mucho más profunda. Está claro que si existen realmente amenazas contra cualquiera de ellos, corresponde al Ministerio Público investigarlas y al Estado garantizar plenamente su seguridad. Ningún juez debe ejercer sus funciones bajo intimidación. Esa no puede ser materia de debate.
Lo que sí merece discutirse públicamente es otra cosa muy distinta. El comunicado recuerda que «una democracia constitucional se construye con apego a la ley, respeto a las instituciones e independencia judicial». Difícilmente alguien podría disentir de tal afirmación en una democracia plena, con un sistema judicial impecable. Pero la duda que se abre es si estos tres magistrados de la CC respetan esos mismos principios, sobre todo teniendo a la vista algunas de las resoluciones recientes de la propia Corte, por una mayoría liderada precisamente por ellos tres. Porque el respeto institucional nunca ha consistido en aceptar decisiones por el simple hecho de que provienen del máximo tribunal constitucional. El respeto se construye cuando las instituciones consiguen convencer de que aplican el mismo estándar jurídico para todos, sin excepciones y teniendo como objetivo el respeto a la Constitución y a su primer artículo: “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”.
Con la resolución (tres a dos) que confirmó la permanencia de Walter Mazariegos al frente de la USAC, la CC terminó consolidando un proceso marcado por la exclusión de cuerpos electorales, múltiples impugnaciones y cuestionamientos que indudablemente apuntan a un fraude evidente. Pocos días después, esa misma mayoría volvió a aparecer en otra resolución que confirma el amparo favorable a Alejandro Sinibaldi y deja firme el sobreseimiento que impide que enfrente juicio en el caso Odebrecht, rechazando las apelaciones promovidas por la Procuraduría General de la Nación. Es decir, resoluciones contrarias a la preservación de los intereses nacionales, favoreciendo a un exfuncionario corrupto que aceptó haber cometido los delitos. Cada expediente puede tener naturalmente, sus propias particularidades jurídicas. Lo que preocupa a la ciudadanía no es la existencia de resoluciones discutibles como ocurre en cualquier democracia, sino la reiteración de una misma mayoría resolviendo algunos de los casos con mayor impacto político e institucional del país, incluso en contra de los intereses nacionales.
No parece casualidad que los tres nombres que hoy la propia CC considera necesario proteger mediante un comunicado, sean también los que integraron la mayoría en la resolución sobre la Universidad de San Carlos. Nadie discute su derecho a ejercer la magistratura ni la obligación del Estado de garantizar su seguridad. Lo que la ciudadanía se pregunta es por qué los mismos tres votos aparecen una y otra vez detrás de las resoluciones que más benefician a quienes concentran poder y más debilitan la confianza en la justicia constitucional. Esta situación lleva a que cada vez más personas cuestionen su legitimidad; entendiendo que es la legitimidad de los tres magistrados, cuyas resoluciones no sólo no preservan el estado de derecho, sino que lo pervierten con resoluciones contrarias al mismo.
Volviendo al comunicado, el mismo sostiene que «las resoluciones son producto del ejercicio independiente de la función jurisdiccional». Así debe ser. Pero la independencia judicial protege a los magistrados frente a las presiones; no los coloca por encima del escrutinio público. Una Corte de Constitucionalidad no necesita que todos aplaudan sus resoluciones. Pero si debe lograr que, incluso quienes las cuestionan, puedan reconocer que fueron adoptadas con imparcialidad, coherencia y argumentos jurídicos capaces de sostenerlas.
En las últimas semanas hemos visto a algún magistrado conceder entrevistas para responder personalmente a las críticas o lamentar el tono del debate público. Puede comprenderse que nadie disfrute ser cuestionado. Sin embargo, el inmenso poder que la Constitución deposita en la CC exige una responsabilidad equivalente frente a la ciudadanía. Los guatemaltecos no necesitan ser especialistas en Derecho Constitucional para saber si una resolución fortalece o debilita el Estado de Derecho. Tampoco están obligados a aceptar un fallo únicamente porque proviene del órgano que tiene la última palabra. Las cortes constitucionales no existen para ser obedecidas por el renombre de quienes las integran; existen para convencer mediante la calidad de sus argumentos.
Quizás el aspecto más revelador del comunicado no sea lo que dice, sino lo que no explica. No responde por qué precisamente esos tres magistrados concentran hoy buena parte del debate público debido a sus decisiones. No responde por qué la resolución sobre la Universidad de San Carlos avala un fraude evidente en detrimento de la institucionalidad. Tampoco explica por qué puede irse en contra de una petición de la PGN y eximir a alguien que reconoció haber aceptado sobornos para autorizar una obra que nunca fue construida.
Sería irresponsable concluir de todo esto, que Guatemala no necesita una Corte de Constitucionalidad. Ocurre exactamente lo contrario. El país necesita una CC fuerte, independiente y respetada. Precisamente por eso resulta indispensable que sus magistrados comprendan que el prestigio de la institución no depende de comunicados emitidos para recordar su autoridad, sino de resoluciones capaces de resistir el examen jurídico, académico y ciudadano más exigente. La legitimidad no nace del «porque lo dice la CC». Ese es el lenguaje autoritario del pasado. La legitimidad nace del «porque la Corte logró convencer» a la ciudadanía que se preserva el bien común. Ese es el lenguaje de una auténtica democracia constitucional.
Las palabras del comunicado (no sabemos si emitido por solicitud de esa misma “mayoría”) suenan impecables. Pero son los hechos los que hoy están siendo juzgados por la ciudadanía. Sería lamentable que se confundiera el escrutinio ciudadano con una amenaza. El verdadero desafío de la CC no es reclamar respeto, sino recuperar la confianza que solo pueden devolver sus propias resoluciones. En una democracia, incluso quienes interpretan la Constitución deben estar dispuestos a explicar por qué sus decisiones merecen seguir siendo respetadas.
