¿Es realmente necesaria la Corte de Constitucionalidad (CC)?. Esta es una pregunta que muchos nos hacemos luego de observar el comportamiento de este cuerpo colegiado. Y es que durante sus últimos períodos la Corte ha dado muestras de aparentes desbordamientos en sus funciones, además de evidentes muestras de cooptación y politización en la emisión de sus fallos.

La Corte de Constitucionalidad fue creada en la Constitución de la República de 1985, con el fin primordial de defender el orden constitucional. Y así lo hicieron en un principio quienes comenzaron a integrarla. Pero conforme pasaron los años, sus nuevos magistrados fueron dándole un giro malévolo, peligroso y hasta inconstitucional.

Muchos teóricos constitucionales hablan de que el mandato de la CC debe ser estrictamente legal. Otros, en cambio, sostienen que lo jurídico y lo legal se cruzan obligadamente en todo fallo judicial. Quizás estos últimos tengan razón. ¿Pero hasta qué punto es aceptable ese cruce?

Pienso que no puede aceptarse cuando llega al punto de la cooptación y es exactamente a donde ha llegado desde ya hace varios períodos. La Corte, dominada por representantes de ciertos sectores, viene emitiendo criterios que contradicen su fin y benefician a esos sectores que la mantienen dominada. Y ese es el caso actual.

Hoy día hay tres sectores bien identificados que responden a intereses oscuros: los poderes legislativo y judicial, así como la Universidad de San Carlos de Guatemala. El magistrado Roberto Molina Barreto fue nombrado por el organismo legislativo, la magistrada Dina Josefina Ochoa fue nombrada por el organismo judicial y la magistrada Julia Marisol Rivera designada por la Universidad de San Carlos. Sus votos han sido los que han permitido múltiples abusos en lo que va de su período.

Hay casos que, al menos, muestran desigualdad en la toma de sus decisiones. Por ejemplo, lo más reciente es el amparo otorgado para suspender en el cargo de presidente del Banco de Guatemala (Banguat) a Jonathan Menkos, el hasta hace poco ministro de Finanzas del gobierno de Bernardo Arévalo.

El nombramiento de Menkos al frente del Banguat fue impugnado mediante amparo ante la CC por la cúpula empresarial organizada en el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). Sin embargo, los magistrados no han actuado de igual forma en el nombramiento del rector de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos, a quien se acusa de haber abusado de su control en el Consejo Superior Universitario para manipular las elecciones a rector al no dejar participar cuerpos electorales que le adversan.

La CC y sus acciones la hacen ver como la Corte Celestial, pues se mete en todo. En mi criterio la corte debiera limitarse a decir si algo es o no constitucional. Sin embargo, en sus fallos llega incluso a ordenar cómo debe actuar un ministro o el mismo Congreso, lo cual la hace inmiscuirse en el accionar de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, respectivamente.

Obvio, mientras siga existiendo esta corte, los poderes fácticos seguirán buscando tener su control en ella. Harán lo que sea necesario por tener mayoría entre los 10 magistrados representantes que la ley ordena deben integrarla.

Algo debe hacerse para terminar con los abusos en la CC. La pregunta es qué y quiénes son los llamados a hacerlo.

*Periodista y Profesor Universitario