La criminalización de Héctor Chaclán y Luis Pacheco, reconocidos líderes de los 48 Cantones de Totonicapán, no solo representa un acto de persecución política, sino también un grotesco reflejo de cómo el sistema de justicia, especialmente el Ministerio Público y ciertos jueces, se han degradado hasta convertirse en herramientas para reprimir la organización comunitaria y silenciar el disenso legítimo.

Ambos fueron acusados de un delito de terrorismo, una acusación tan ridícula como alarmante. Cuando la falta de pruebas para sustentar semejante imputación se hizo evidente, el juez no solo se abstuvo de ordenar la falta de mérito, como correspondía, sino que, por órdenes inconcebibles de una Sala de Apelaciones corrompida, decidió agregar el delito de asociación ilícita, argumentando que la estructura ancestral de los 48 Cantones, vigente desde tiempos precoloniales, no está registrada en el Registro de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación. Este razonamiento no solo es jurídicamente insostenible, sino que también contraviene el artículo 66 de la Constitución Política de la República, que reconoce la existencia de comunidades indígenas con formas propias de organización social, así como el Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a respetar las instituciones representativas y sistemas normativos de los pueblos originarios. Interpretar una organización ancestral como “ilícita” solo porque no está registrada en un sistema administrativo moderno es, además de un desconocimiento deliberado de la historia, una violación de la Constitución y del derecho internacional.

Este escenario se ve agravado por un patrón preocupante de opacidad y secretismo. El caso ha sido mantenido bajo reserva prolongada, privando a la defensa, a las familias y a la ciudadanía de acceso a información clave. Este uso abusivo de la reserva procesal no solo interfiere con el curso legítimo de la investigación, sino que se convierte en un manto de impunidad para fiscales y jueces que actúan con total arbitrariedad. La reserva procesal no puede ser una licencia para el atropello, ni un escudo para ocultar la falta de pruebas o el uso político del aparato penal.

Sin embargo, el problema va más allá de una causa penal viciada o acusaciones ridículas. Lo que está en juego es la existencia misma de una forma de organización comunitaria profundamente arraigada, que ha sido clave para la preservación del tejido social, la defensa del territorio y la construcción de alternativas de justicia y gobernanza desde los pueblos originarios. Los 48 Cantones de Totonicapán no son una invención reciente ni una ONG subversiva. Son una institución ancestral, legítima y viva, que ha garantizado el orden, la paz y el respeto a los bienes comunales por generaciones. Atacar a sus líderes es intentar decapitar a la comunidad; es un mensaje que busca infundir miedo, romper la cohesión social y erosionar una autoridad que no se vende ni se doblega ante el poder central.

La persecución judicial en su contra no es casual: se castiga la dignidad, la autonomía y la resistencia. Se criminaliza la voz que se levantó contra la corrupción, que denunció el saqueo del Estado, que acompañó al pueblo cuando otras instituciones lo abandonaron. La estrategia es clara: debilitar las estructuras comunitarias para neutralizar su poder transformador. Si se logra deslegitimar lo que representan los 48 Cantones, se abre paso al despojo, al clientelismo y al control político a través del miedo.

Esta ofensiva jurídica, revestida de legalidad, es parte de un patrón más amplio de regresión autoritaria: capturan las cortes, toman el Ministerio Público y luego usan el sistema penal para castigar toda disidencia, especialmente aquella proveniente de sectores históricamente excluidos. Hoy son Héctor Chaclán y Luis Pacheco; mañana puede ser cualquier autoridad comunitaria que se atreva a decir que el pueblo tiene derecho a decidir sobre su vida, su agua, su tierra, su destino.

El Ministerio Público y el juez del caso parecen no entender —o no querer entender— que la legalidad no es un traje a la medida del poder. Aplicar el derecho exige rigor, pero también respeto a la historia, a la diversidad y a los principios democráticos. Mientras tanto, en Totonicapán, la dignidad sigue de pie, aunque intenten someterla con barrotes y códigos mal interpretados.