Hay incendios que no terminan cuando se apagan las llamas: se convierten en método. En Guatemala, algunos episodios del pasado no quedaron atrás porque nunca fueron subsanados. La quema de la Embajada de España en 1980 suele recordarse como una tragedia en el contexto de la guerra interna. Pero presentarla como un hecho histórico superado, permite evitar una pregunta incómoda: qué cambió realmente desde entonces. Hay que aceptar que aquel fuego no fue solo destrucción y muerte en un momento histórico concreto: fue una señal de cómo actúa el poder cuando la ley estorba.

En enero de 1980 no ardió únicamente una sede diplomática. Ardió la idea misma de que la legalidad podía imponer límites. La embajada era suelo internacional, protegida por convenios que el Estado guatemalteco conocía y estaba obligado a respetar. Aun así, fuerzas de seguridad ingresaron, se negó auxilio y se dejó que el fuego hiciera el resto. No fue un error operativo ni un exceso policial. Fue una decisión política, seguida por años de encubrimiento e impunidad. El mensaje fue claro: cuando la ley incomoda, ésta se ignora.

Cuarenta y cinco años después, el fuego ya no se ve. No hay humo ni llamas, pero la lógica sigue siendo la misma. Hoy no se violan convenios internacionales de forma abierta; se vacía la Constitución desde dentro. No se incendian edificios; se erosiona, resolución a resolución, el sentido de la legalidad. Y se hace con un lenguaje cuidado y técnico, que cumple la forma, pero socava y destruye el fondo.

Hoy no estamos ante un poder monolítico actuando contra la ley, como en el pasado más bien reciente.  Lo que opera es algo más sofisticado y persistente: un Estado paralelo, heredero de los CIACS – los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad- que no desaparecieron, sino que mutaron y se adaptaron. Dejaron la violencia dirigida y aprendieron a operar desde dentro, capturando instituciones y utilizando la legalidad como herramienta de poder.

Ese entramado no gobierna todo, pero controla nodos estratégicos. Incide en la elección de la Corte de Constitucionalidad; presiona procesos de designación judicial; ha convertido espacios como el CANG -hasta hace pocos meses- y la USAC, en mecanismos de control político que acompañan y articulan la captura de la justicia. No necesita tanques ni fuego: le bastan reglamentos reinterpretados, padrones depurados selectivamente y resoluciones administrativas hechas a la medida.

Lo ocurrido ayer en el Colegio de Abogados no es un hecho menor ni un problema técnico. El intento de excluir votantes a 48 horas de la elección, con la intención de alterar el resultado -beneficiando a candidaturas vinculadas al pacto de corruptos -, confirma el patrón. Cuando el resultado no garantiza control, se modifica el procedimiento. No se prohíbe votar; se decide quién puede hacerlo. No se anula la elección; se la administra.

No es una lógica nueva. En 2023 se aplicó el mismo método al proceso electoral: se excluyeron candidaturas presidenciales incómodas y, una vez emitido el voto, se intentó desconocer el resultado cuando este no favorecía a quienes controlaban los resortes institucionales.

Desde esta lógica se entiende mejor la disputa actual por el sistema de justicia. No se trata de debates jurídicos legítimos ni de diferencias interpretativas de buena fe. Se trata de asegurar impunidad. Cuando los espacios clave -Cortes, Ministerio Público, colegios profesionales- dejan de ser previsibles, el sistema reacciona cerrando filas y reduciendo el universo de decisión.

Por eso tampoco sorprenden los esfuerzos por blindar a Consuelo Porras y al propio Néster Vásquez, ambos señalados por el Departamento de Estado de EE. UU. como actores que socavan la democracia. No se trata de soberanía ni de defensa institucional. Se trata de autoprotección. Cuando el control se debilita, la ley deja de ser un límite y pasa a ser un obstáculo que hay que sortear, retorcer y cambiar para beneficio propio.

En ese punto, la Constitución ya no se viola de manera frontal; se vacía desde dentro. Se la interpreta, se la estira o se la fragmenta hasta neutralizarla. No es una anomalía ni un accidente. Es un patrón que viene de lejos. En 1980 se ignoró el derecho internacional porque estorbaba. Hoy se intenta neutralizar el derecho constitucional por la misma razón.

El paralelismo es incómodo, pero necesario. Antes fue la fuerza; hoy es el procedimiento. Antes ardió una embajada; hoy se erosiona, resolución a resolución, la legalidad democrática. El instrumento cambió, pero la lógica permanece intacta: cuando la ley estorba, se la neutraliza. Y en ese proceso, la Corte de Constitucionalidad ha jugado un papel clave, no como contrapeso, sino como espacio donde la interpretación constitucional se ha vuelto un recurso político. No se rompe la ley; se la moldea hasta que deja de cumplir su función de límite al poder.

Esto no es improvisación. Es gobernanza mafiosa.

Hay, sin embargo, un factor que este modelo no controla del todo: la participación. Cada vez que el universo de decisión se amplía, la impunidad se vuelve más débil. Por eso se excluyen votantes, se depuran padrones y se intenta desalentar la participación en espacios clave. No es un problema logístico ni administrativo: es político. Cuando más personas deciden, menos margen queda para administrar y manejar el resultado. Por eso participar masivamente se convierte en el instrumento de rescate de la justicia y la democracia.

La quema de la Embajada de España no fue solo una tragedia del pasado; fue una advertencia que nunca se quiso escuchar. El fuego no se apagó. Solo cambió de forma. Hoy no se trata de si la ley se viola, sino de quién tiene el poder de decidir cuándo la ley deja de ser un límite.