La afrenta contra la memoria social se remonta a la historia de la familia de Oliverio Castañeda de León, secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), quien a sus 23 años fue asesinado el 20 de octubre de 1978 por agentes del Estado de Guatemala en el Centro Histórico. Oliverio creció en el inmueble familiar conocido como «La casa del timbre», ubicado en la esquina de la 6.ª avenida y 3.ª calle de la zona 1 de la capital. Tras su asesinato y la posterior muerte de sus padres, su hermana mayor, la Dra. Lucila Castañeda de León, habitó la residencia en un aislamiento casi total, durante décadas. En mayo de 1995, Lucila suscribió un testamento en el cual estipuló que, atendiendo a la voluntad de su padre, la propiedad fuese heredada a la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) bajo la condición expresa de instituir una biblioteca pública de medicina, destinada a resguardar la extensa colección bibliográfica de la familia.

Lucila falleció por causas naturales a mediados de 2015, pero su cuerpo en avanzado estado de descomposición, fue hallado meses después, lo que mantuvo la vivienda clausurada por orden judicial para llevar a cabo las investigaciones pertinentes. Esta situación de abandono fue aprovechada por «Los Topacio», una red criminal dedicada al despojo de propiedades mediante abogados, notarios y testaferros.

Entre 2013 y 2016, la notaria Edith Lorena González Camey (vinculada a dicha red) y otros operadores falsificaron la firma de Lucila Castañeda para simular una compraventa de la vivienda por la suma de Q5 mil a favor de Gabriel Osmar Zet Archila, e inscribir posteriormente una segunda transacción a favor de Karen Estefany Escobar Molina para darle una aparente legalidad de «tercer comprador de buena fe».

El despojo salió a la luz cuando Gustavo Castañeda, hermano de Oliverio, acudió a tomar posesión de la casa tras el cierre del caso judicial y descubrió que las chapas habían sido cambiadas y que personas ajenas ingresaban al lugar. Al consultar en el Registro de la Propiedad, su abogado confirmó la existencia de las escrituras falsificadas. Ante esto, Gustavo interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público en octubre de 2016 e inmovilizó la propiedad para evitar nuevos traspasos ilícitos.

Durante las diligencias, la familia halló el testamento otorgado por Lucila e informó a la USAC sobre dicho legado. El Departamento Jurídico de la universidad realizó peritajes grafológicos que concluyeron fehacientemente que la firma de Lucila había sido copiada y falsificada. La USAC se sumó a las acciones legales, solicitó ser querellante adhesivo y planteó acciones constitucionales de amparo que permitieron anular las inscripciones fraudulentas y restituir la titularidad legal del inmueble a favor de la universidad pública.

Entre 2018 y 2019, la dirigencia de la AEU (liderada por Lenina García) y la familia Castañeda diseñaron un plan integral para convertir la casa en un centro de memoria histórica y cultura denominado «La Casa de Oliverio». El proyecto contemplaba:

• La creación de un museo sobre las luchas y la persecución del movimiento estudiantil.
• La reconstrucción del dormitorio original de Oliverio con sus muebles y pertenencias.
• La instalación de la biblioteca pública especializada en medicina con más de mil libros.
• La habilitación de un café en la azotea para asegurar la sostenibilidad económica del espacio.

No obstante, la ejecución física se frenó debido a la falta de asignación presupuestaria -estimada en más de Q1 millón para su restauración- por parte de las administraciones universitarias de turno y la lentitud del Consejo Superior Universitario en aprobar el acuerdo institucional.

En la actualidad, la Casa de Oliverio enfrenta una fase crítica de desprotección e irregularidad:

1. Abandono e ilegalidad institucional en la USAC: Desde la llegada de Walter Mazariegos a la rectoría de la USAC —proceso señalado de fraude electoral y protegido por resoluciones de la Corte de Constitucionalidad— diversos inmuebles de la universidad en el Centro Histórico y el campus central han quedado abandonados o restringidos, manteniéndose únicamente actividades administrativas y educación virtual.
2. Ocupación por una empresa de seguridad privada: Recientemente, se constató la presencia reiterada de personal uniformado de la empresa privada Defender Force Security, S.A. e individuos con indumentaria similar a la policía ingresando y permaneciendo en el inmueble de la 6.ª avenida y 3.ª calle, sin que las autoridades de la USAC o las personas en el sitio brinden explicaciones sobre su legitimidad o función.
3. Contrataciones estatales y ausencia de vinculación oficial: De acuerdo con la plataforma Guatecompras, la empresa Defender Force Security, S.A. ha recibido contratos públicos por más de Q3.3 millones durante la administración de Bernardo Arévalo para prestar servicios a ministerios como Salud, Cultura, Ambiente, Educación y el IGSS. Sin embargo, Guatecompras no registra ningún contrato ni vínculo legal entre esta empresa privada y la USAC para la custodia del inmueble.
4. Denuncias sobre la empresa e inacción gubernamental: La firma de seguridad registra señalamientos públicos por cobros excesivos, retención de documentos y maltrato a sus trabajadores. Al mismo tiempo, el gobierno central ha mantenido silencio respecto a la crisis y cooptación en la USAC, dejando la resolución del conflicto institucional en manos de la Corte de Constitucionalidad.

El futuro de la Casa de Oliverio oscila entre el riesgo de la pérdida patrimonial y la exigencia ciudadana de rescate de la memoria, por los siguientes factores:

• Riesgo de consumación del despojo físico: Si persiste el abandono institucional por parte de la rectoría de la USAC y la falta de intervención de las autoridades competentes, el inmueble corre el riesgo de ser privatizado de facto o sufrir un deterioro irreversible, a manos de actores ajenos a la academia.
• Dependencia de la crisis política universitaria: La posibilidad de hacer cumplir la voluntad testamentaria de la familia Castañeda de León depende de la restitución del orden democrático en la USAC, la renovación de sus autoridades legítimas y la apertura de las instalaciones universitarias.
• Persistencia del proyecto de memoria histórica: Estudiantes, exdirigentes de la AEU y colectivos de derechos humanos mantienen viva la denuncia del uso irregular de la propiedad. Para rescatar la Casa de Oliverio se requerirá una auditoría sobre la ocupación actual, la asignación de recursos para la restauración física de la estructura y la firma formal del acuerdo con el Consejo Superior Universitario para concretar la biblioteca de medicina y el museo conmemorativo.

Este lugar trasciende su valor material: es un monumento vivo a la memoria histórica. Por ello, todos estamos llamados a ejercer una auditoría social activa y a exigir con firmeza su recuperación, honrando así el noble legado que nos confió la familia Castañeda.

*Historiador y analista político