En una entrevista, Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas durante el gobierno de Giammattei y luego presidente del Banco de Guatemala, dijo, sin mayor recato, que lo importante de los programas sociales era gastar el dinero; lo demás «pela». Así de pelado lo dijo.

     Esa mentalidad no se limita a los programas sociales. La frase resume la forma histórica de entender el presupuesto público: gastar primero y quizá preguntar después por los resultados. Durante décadas, la discusión presupuestaria ha girado alrededor de cuánto se asigna, no qué se consigue con lo asignado. Las prioridades y la calidad del gasto también siempre quedan relegadas.

     El proyecto de presupuesto para 2027, presentado por Jonathan Menkos, vuelve a poner el problema sobre la mesa: sin que haya metas, figura más gasto, más deuda y enormes recursos cuya ejecución y fiscalización merecen un examen riguroso.

     Pareciera que el presupuesto se confecciona con generosa comprensión para el crecimiento de la burocracia -asesores, sueldos, dietas y plazas de dudosa necesidad- y el resto, lo que sobra y ya no se le encuentra uso, para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes). Un cajón sin fondo. Allí es dónde hay que meter la mano peluda. La gaveta de la corrupción, con sus excepciones.

     Faltando menos de tres meses para terminar el año, los Codedes llevan una ejecución pobre -como la de todos los años-, de solo 30 por ciento de los cerca de 15 mil millones de quetzales asignados. ¿Para qué asignarles sumas semejantes a las de estos años, si no tienen capacidad de ejecutar? Tampoco hay capacidad de vigilancia y rendición de cuentas. Pero eso «pela».

     Sería como si un padre de familia dijera a su esposa e hijos: gasten cuanto puedan y en lo que quieran; no se preocupen por ahorrar, pagar deudas ni distinguir lo necesario de lo superfluo. Lo importante es gastar. Lo demás «pela».

     ¿No sería mejor reducir las asignaciones a los Codedes? Eso permitiría contener el déficit y/o reduciría en parte la necesidad de contratar deuda. De acuerdo al presupuesto presentado, nos endeudaríamos para financiar burocracia y gastos improductivos, sin una perspectiva clara de sostenibilidad. Las obligaciones de hoy las pagarán quienes aún no han llegado a la mayoría de edad o no han nacido. Gastemos hoy y que sus nietos paguen mañana.

     Pero los Codedes son apenas la guinda del pastel. El verdadero asunto son las prioridades y la calidad del gasto. Ningún presidente -incuido Arévalo- ha querido revisar las contrataciones innecesarias, los privilegios salariales y las llamadas «plazas fantasma» -cerca del 27 por ciento de los empleos públicos-. Son problemas graves que deben investigarse y cuantificarse con seriedad. No seguir dejándolos pasar impúnemente, como hasta ahora.

     Cada gobierno -el de Arévalo no es la excepción- tiene sus empresas constructoras de obra pública favoritas, a las que consienten dándoles una gran tajada de la realización de puentes, carreteras, edificios… eP Investiga ha realizado también reiteradas denuncias de otorgamiento de obra pública a empresas “cuestionadas” por corrupción. Y el diario digital La Hora desveló la sobrevaloración de lo que llamó “los puentes de primavera” cuya asignación fue exprés, sin contar con detalle ni desglose por renglones de los costes. Total, se hace chinche el dinero público y se engrosa la casta de nuevos ricos, que hacen su fortuna haciendo obra gubernamental.

     Cada cuatro años también surgen las «carreteras electorales», remendadas apresuradamente para aparentar progreso, que son un símbolo del despilfarro: vuelve la lluvia y vuelven los baches. Pero eso, al parecer, también «pela». Veremos si esta vez también aparecen.

     Una alternativa sería contratar determinadas obras, especialmente las carreteras, junto con su mantenimiento de largo plazo. Así, la empresa tendría incentivos para construir bien desde el principio. De lo contrario, el caldo les saldría más caro que los frijoles.

     En cuanto a prioridades, urge invertir mejor en educación. No basta con aumentar partidas: hay que mejorar el aprendizaje, la formación docente, las escuelas y la evaluación de resultados, para que, en las pruebas internacionales, nuestros jóvenes no lleguen en los últimos lugares. En un país gobernado por el hijo de Juan José Arévalo, pedagogo ilustre y presidente entre 1945 y 1951, la educación debería ocupar un lugar central, no solo en los discursos. Invertimos en educación pública solo el 3.1 por ciento del PIB, menos que la media latinaomericana y mundial, en tanto nuestro vecino El Salvador, 8 por ciento.

     Lo mismo ocurre con la desnutrición infantil. Necesitamos recursos que lleguen a quienes los necesitan, con metas verificables, en lugar de multiplicar oficinas y estudios sobre un problema largamente diagnosticado. Y hacen falta inversiones en puertos, aeropuertos, carreteras y electrificación, antes que nuevos privilegios y bonos burocráticos. Algunos, como el célebre «bono del pescado», hasta huelen a pescado shuco.

      Los diputados casi se triplicaron el salario, pero no fue para prestar un mejor servicio, sino como emolumentos complementarios a su labor de dipuconstructores. El incremento salarial de los diputados y su participación en decisiones sobre obra pública tampoco ayudan a recuperar la confianza ciudadana, sobre todo cuando periodísticamente se conoce de la existencia de hecho de una sustancial narcobancada.

     Cuando la política se convierte en una piñata de recursos, el ciudadano paga la fiesta. ¿Qué control existe sobre la calidad de las obras? ¿Quién responde por los sobrecostos y los proyectos abandonados? Gastar no debería ser sinónimo de gobernar.

     Con este telón de fondo llegamos a la discusión del presupuesto de 2027, antes de las elecciones generales. El Ejecutivo propuso un gasto de Q192 mil 45.1 millones y un déficit fiscal inaceptable equivalente al 4.4 por ciento del PIB. Creación de más de dos mil nuevas plazas laborales en el organismo ejecutivo sin funciones técnicas claramente justificadas. Financiación del aumento de la burocracia con endeudamiento público, lo cual es insostenible.

     Son cifras que obligan al Congreso a examinar con lupa cada asignación, especialmente aquellas susceptibles de uso clientelar. Un presupuesto electoral no debe convertirse en un instrumento de campaña. Debe también pedirse al ministerio de finanzas las metas que se pretenden alcanzar, que luego puedan ser verificadas.

     Si el anteproyecto no se corrige de manera sustancial, corresponde considerar las alternativas legales, incluida la continuidad del presupuesto vigente.

     El uso político del dinero público no es una tentación exclusivamente chapina. En Estados Unidos, a pocas semanas de las elecciones de medio período, el gobierno de Donald Trump anunció devoluciones de 500 dólares para cerca de un millón de afiliados elegibles al sistema de seguros de salud conocido como Obamacare, y pagos únicos de 90 dólares para ciertos beneficiarios de Medicare. Además, Trump prometió 5 mil dólares por adulto si los republicanos conservan el control del Congreso. Propuesta no aprobada sin financiamiento asegurado. Una cosa es anunciar una ayuda; otra, muy distinta, convertir en realidad una promesa condicionada al resultado electoral. Y vienen a darnos lecciones de moralidad pública.

     Como los chapines somos creativos para bautizar los bonos, ¿cómo llamaríamos al de los 5 mil dólares? Podría ser Bono Solidario o, por las fechas, mejor Bono de las Brujas o Bono de Halloween. Sandra Torres, la bonificadora por excelencia, quizá tenga alguna ocurrencia. En todas partes se cuecen habas y en la mía, calderadas.

     Aquí debemos exigir que Arévalo, su gobierno y los diputados no utilicen los fondos públicos para favorecer candidaturas. Que las elecciones sean limpias, sin clientelismo ni dinero del narcotráfico o de las maras. El narcotráfico ha financiado campañas de diputados y alcaldes y han contribuido a las de presidente. En 2015, la recordada Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) denunció que los fondos de las campañas electorales provenían, en un 25 por ciento, de aportes privados y empresariales, y el 75 por ciento restante, del narcotráfico, crimen organizado y recursos ilegalmente sustraídos al Estado. ¿Cómo se financiarán las elecciones del año entrante? ¿Irá a ser la de Estados Unidos una cooperación de control eficiente? ¿Habrá quienes se salten las trancas impúnemente?

     Que gane quien obtenga más votos, sea quien fuere. Y si nos equivocamos, tocará aguantar otros cuatro años. Ya sobrevivimos a Giammattei y Miguelito. Pero sería preferible aprender de la experiencia.

     Gobernar no consiste en agotar el presupuesto. Consiste en gastar bien, tener metas cuantificables, rendir cuentas y resolver problemas. Eso no debería «pelar».