En Huité murieron ocho personas el 27 de septiembre. Tres eran mujeres de una misma familia. Había también un menor de edad. El Ministerio Público procesó cuatro escenas distintas y recogió 77 indicios balísticos. Dos semanas después, sabemos que hubo militares en el lugar, que algunos dispararon, que 107 efectivos fueron puestos a disposición de la investigación y que dos altos mandos fueron relevados. Lo que seguimos sin saber es quién dio la orden, para hacer qué y bajo qué autoridad.

La primera versión habló de un enfrentamiento entre estructuras criminales. Después aparecieron videos con vehículos militares. Más tarde, el propio Ministerio de la Defensa reconoció que sus efectivos estuvieron allí y que realizaron “disparos disuasivos controlados de advertencia”. La versión oficial fue mudando al ritmo de las evidencias. No deja de ser curioso: cuanto más se aclara la presencia del Ejército, menos clara parece la explicación sobre lo que realmente estaba haciendo.

La PNC confirmó además que las ocho víctimas no tenían antecedentes criminales. Eso no permite afirmar que ninguna estuviera bajo investigación por algún otro motivo, pero sí debilita la versión cómoda de reducir todo a otro ajuste entre narcotraficantes. Tampoco murieron juntas en medio de un único intercambio de disparos. El MP procesó cuatro escenarios diferentes, lo que obliga a reconstruir cómo murió cada persona, dónde estaba y qué relación tuvo —si alguna— con el supuesto enfrentamiento.

El problema, sin embargo, parte de la naturaleza misma de las instituciones. La legislación guatemalteca establece que son las fuerzas de seguridad civil las que pueden ser apoyadas por unidades del Ejército cuando las circunstancias lo requieran. El protocolo que regula las operaciones conjuntas mantiene la misma lógica: en seguridad interior, la responsabilidad corresponde a Gobernación y a la PNC; el Ejército cumple una función de apoyo. Incluso cuando se trata de patrullajes o puestos de registro, la conducción operativa sigue siendo policial.

En Huité ocurrió algo bastante difícil de explicar dentro de ese marco. El ministro de Gobernación aseguró que no hubo coordinación con él y la PNC tampoco participó en un operativo previo. Los primeros dos policías llegaron después de recibir, a las 18:01, una alerta por disparos y se encontraron con un grupo fuertemente armado que les dijo que desarrollaba una “operación militar”. Eran dos agentes frente a hombres con armamento pesado. Solicitaron refuerzos y el grupo terminó retirándose antes de que pudieran establecer quiénes eran o quién los dirigía.

Defensa, en cambio, sostiene que no hubo ninguna operación militar y habla de un “despliegue preventivo”. Pero su propia explicación indica que los soldados iban a establecer puestos de registro y control en los accesos al municipio porque existía información sobre grupos armados. Llamarlo despliegue preventivo no cambia demasiado la naturaleza de lo que estaban haciendo. Si se instalan controles para responder a estructuras criminales, se está ejerciendo una función de seguridad interior. Y si la Policía no la pidió, Gobernación no la coordinó y todavía no sabemos quién la autorizó, entonces el problema es de cadena de mando.

La comparecencia de Defensa ante el Congreso añadió otro dato difícil de comprender: el viceministro no pudo precisar quién ordenó la movilización ni cuántos de los 107 militares estuvieron realmente en Huité. Tampoco se conoce públicamente qué unidades participaron, quién comandaba cada contingente ni cuáles eran exactamente sus instrucciones. Sabemos, eso sí, que hubo militares armados, que hubo disparos y que ocho personas terminaron muertas. Si dos semanas después la institución todavía no logra explicar con claridad quién estaba allí y bajo qué orden, no estamos solo ante una mala coordinación. Estamos ante un problema serio de mando y control.

También merece atención la explicación sobre los llamados “disparos disuasivos”. Defensa admite que sus soldados dispararon porque escucharon detonaciones, aunque también reconoce que no tenían identificada la amenaza ni sabían con certeza de dónde provenían los disparos. Los estándares sobre uso de la fuerza exigen necesidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas. Escuchar disparos no convierte automáticamente cualquier respuesta armada en legítima. Habrá que determinar quién disparó, cuántas veces, en qué dirección y frente a qué amenaza concreta.

Aquí la balística puede ser decisiva. Los 77 indicios recogidos por el MP permiten establecer cuántas armas participaron y, si se hace el cotejo adecuado, cuáles pudieron producir determinados casquillos o proyectiles. Pero existe un problema estructural: mientras las armas de la PNC están sometidas a un sistema de registro, asignación y huella balística, las armas del Ejército están fuera del registro ordinario de DIGECAM y no necesariamente cuentan con una huella previa incorporada al banco nacional de huellas balísticas.

Eso no significa que sea imposible identificarlas. Significa que ahora habrá que reconstruir hacia atrás una trazabilidad que debería ser mucho más sencilla: qué armas salieron de la armería, quién tenía asignada cada una, qué munición recibió cada efectivo y cuánto devolvió. Después habrá que producir disparos testigo y compararlos con los indicios de las cuatro escenas. Si aparece una coincidencia, todavía habrá que determinar quién tenía físicamente esa arma cuando se produjo el disparo. La balística puede llevarnos hasta el arma; la investigación deberá llevarnos hasta la persona.

Por eso Huité no puede concluir como un “incidente confuso”. Puede haber sido una reacción improvisada y gravemente descoordinada ante información sobre grupos armados. Puede haber existido una operación previamente planificada cuyo verdadero objetivo todavía no se ha explicado. Puede incluso haber habido dos operaciones simultáneas, una criminal y otra estatal. Y también debe investigarse si agentes del Estado actuaron en beneficio de alguna estructura criminal. Esta última hipótesis es extremadamente grave y hoy no existe evidencia pública suficiente para sostenerla como conclusión, pero precisamente por su gravedad debe ser investigada y descartada con pruebas, no con explicaciones institucionales incompletas.

Hay todavía otra posibilidad nada tranquilizadora: que el propio Estado haya perdido el control sobre quién operaba, bajo qué mando y con qué propósito. Si la balística demuestra que agentes estatales causaron alguna de las ocho muertes y que las víctimas no representaban una amenaza inmediata, ya no estaríamos solamente ante una operación irregular, sino ante una posible privación arbitraria de la vida. Y si se comprobara que alguna persona fue deliberadamente eliminada por agentes estatales fuera de cualquier procedimiento legal, entonces habría que investigar posibles ejecuciones extrajudiciales.

Pero incluso antes de llegar a esa conclusión, Huité ya revela una falla que el Estado no puede minimizar. En un Estado democrático no puede haber tropas desplegadas para funciones de seguridad interior sin que esté claro quién las mandó, quién autorizó la operación, cuál era su misión y ante qué autoridad respondían. Tampoco puede aceptarse que, después de ocho muertes, la explicación institucional consista en una sucesión de versiones incompletas que cambian conforme aparecen videos, testimonios o preguntas incómodas.

Desde ya la actuación del ejército sin conocimiento de la policía contradice las normas de coordinación. Si fue una operación legítima que salió mal, hay que decir quién la ordenó y asumir las responsabilidades. Si hubo unidades que actuaron fuera de la cadena de mando, hay que identificarlas. Si coexistieron fuerzas estatales y grupos criminales sin coordinación, hay que explicar cómo fue posible semejante pérdida de control. Y si hubo agentes públicos actuando en beneficio de estructuras criminales, el problema dejaría de ser únicamente Huité para convertirse en algo mucho más grave: la utilización del aparato del Estado al servicio del crimen organizado.

Por eso ya no es suficiente preguntar qué pasó en Huité. La pregunta que el Gobierno, el Ejército y el Ministerio Público tienen la obligación de responder es otra: ¿quién controlaba realmente la operación y a quién estaba sirviendo? Mientras esa respuesta no exista, cada día de silencio no despeja las sospechas: las multiplica.