Miles de guatemaltecos se preguntan a diario: ¿A qué horas va a venir el agua? ¿En qué momento se irá? ¿Cuándo tendremos que levantarnos para poder asearnos? ¿Qué día llegará el camión de agua?

Mientras tanto, las noticias no dejan de sonar a “plagas” tomadas del Éxodo:  El río Las Vacas se tiñe de rojo… Varias casas son destruidas por el río Pinula… Miles de familias padecen hambre e incertidumbre por la sequía… Comunidades intentan rescatar sus cuencas de una avalancha de basura… Madres afligidas por salvar las vidas de sus bebés flagelados por la gastroenteritis… Lagos cristalinos se tornan verdes por las cianobacterias…

El agua que contaminamos, que ignoramos, que anhelamos, que nos da vida y nos enferma refleja ineludiblemente la miseria de quienes, como faraones, ejercen el poder con arrogancia y egoísmo.

Aquí en esta tierra bendecida por mares, lagos y corrientes de agua, los poderosos desvían ríos, contaminan lagos y lagunas con pesticidas, lucran con el agua, sacando provecho de “un pueblo sin ley”, donde las consecuencias más graves las pagan los más indefensos y desprotegidos… Un pueblo sin ley general de aguas se vuelve esclavo del más fuerte.

La Constitución de la República en su artículo 127 establece que “todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta materia.”

Por eso, como ciudadanos estamos llamados a exigir que se cumpla la Carta Magna y salir del rezago. Luego de cuatro décadas de iniciativas fallidas, no podemos seguir siendo el único país de Centroamérica que no cuente con una legislación específica que regule el uso y la protección de este vital líquido.

Desde agosto pasado la mesa está nuevamente servida. Dos iniciativas han sido presentadas al Legislativo. Una por el oficialismo, la 6816, otra posteriormente por la Unidad Nacional de la Esperanza identificada como la 6834.

En síntesis, las dos propuestas aspiran a crear un marco nacional para ordenar la gestión del agua y cumplir el mandato constitucional pendiente. Ambas buscan pasar de una gestión fragmentada a un sistema nacional, técnico, financiado y organizado que asegure agua para la población, los ecosistemas y las actividades productivas. La diferencia principal entre ambas iniciativas radica en sus propuestas de institucionalidad y su alcance regulatorio.

En cuanto a las instituciones, la iniciativa 6816 propone una Superintendencia dirigida por cinco integrantes provenientes de los ministerios de ambiente, agricultura, salud, energía y minas, así como de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM). En cambio, la 6834 plantea un Consejo Nacional del Agua con representación gubernamental, municipal y empresarial.

Es de suma urgencia avanzar en el análisis de estas iniciativas. Ambas no son equivalentes. En general, me inclino por la iniciativa 6816 que reconoce el derecho humano al agua, regula licencias y cánones y protege sistemas comunitarios e indígenas. Además, fortalece la institucionalidad estatal y busca evitar conflictos de interés al impedir que sujetos regulados sean parte del ente regulador.

A pesar de esto, habrá que escuchar a la Comisión Plurinacional por el Agua, integrada por varias organizaciones indígenas, que ya ha objetado aspectos de la propuesta -que  a su criterio- beneficiarían al sector privado en detrimento de los intereses y derechos de las poblaciones indígenas entre otros.

En todo caso, el proceso es una oportunidad para que los diputados asesorados por expertos hagan un análisis concienzudo y ágil para que -tomando en cuenta a los distintos sectores- procedan a aprobar pronto un texto consensuado que responda a la Constitución y a las urgentes necesidades del país.

Queda por ver el camino que tomen los legisladores para evitar que no estemos ante otro fallido intento de cumplir con el mandato constitucional.

Guatemala es la economía más grande del istmo, el país más poblado, con una riqueza multicultural y ambiental enorme. Sus características, así como su posición privilegiada nos deberían motivar a soñar y construir un futuro promisorio para nuestros hijos y nuestros nietos.

Sin una gestión racional y ordenada del agua, nuestro presente y nuestro futuro están comprometidos.

Señoras y señores diputados, no sé a qué hora se despiertan ustedes para recibir el agua con la que se asean o llenan sus baldes… tal vez la pregunta sea necia. Quizá sea mejor preguntar: ¿cuándo se despertarán para atender el grito de la población?

Nuestro país clama a diario por el agua… detrás de ese clamor se evidencia la necesidad de contar con una ley que permita que el recurso hídrico sea administrado responsablemente.

Señoras y señores, su legislatura puede ser la que abra el grifo para un futuro mejor. Sus nombres y sus grupos han demostrado que cuando hay voluntad política, los consensos se alcanzan rápidamente.

Diputadas y diputados, legislen para el pueblo al que se deben. Ahora le toca al agua.