Setenta y nueve millones de dólares pagados por adelantado para la compra de vacunas Sputnik que nunca llegaron. Una carretera millonaria en Chimaltenango y un paso a desnivel que presentaron fallas estructurales desde el principio. Redes de contratistas favorecidos dentro del Ministerio de Comunicaciones que durante años manejaron contratos de obra pública inflados o de dudosa ejecución. Obras municipales inconclusas, proyectos paralizados y fondos de desarrollo utilizados sin controles efectivos. Durante los últimos años Guatemala acumuló escándalos de corrupción que involucraron millones de quetzales del presupuesto público. En medio de este escenario vale preguntarse: ¿dónde estaba la institución encargada precisamente de vigilar el uso del dinero del Estado?

Tenemos una Contraloría General de Cuentas que se mantiene agazapada, sin hacer ruido, con un silencio complaciente, dando información a regañadientes. Su función es auditar el uso del dinero público, detectar irregularidades, establecer responsabilidades administrativas y trasladar hallazgos al Ministerio Público cuando existen indicios de delito. En teoría, es el mecanismo que permite identificar tempranamente los abusos en el manejo de los recursos públicos antes de que se conviertan en escándalos políticos o en procesos judiciales. Sin embargo, durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, mientras el país acumulaba denuncias de corrupción y decisiones financieras cuestionables, la Contraloría rara vez apareció como protagonista en la detección de esos casos. El sistema de control que debía encender las alarmas del Estado permaneció sorprendentemente silencioso.

Ese silencio resulta aún más significativo cuando se observa cómo se utilizó el gasto público en esos años. Buena parte del poder político de esos gobiernos se sostuvo sobre redes de clientelismo territorial que operaron a través de municipalidades y de los Consejos de Desarrollo. Los fondos destinados a proyectos de infraestructura local y obras comunitarias se convirtieron en una herramienta para consolidar alianzas políticas, fortalecer redes de alcaldes y garantizar apoyos electorales en el territorio. En ese modelo, los recursos públicos no solo financiaban obras; también financiaban y financian estructuras clientelares en manos de alcaldes y diputados.

Las cifras ayudan a dimensionar el problema. Sólo los Consejos Departamentales de Desarrollo manejan más de Q9 mil millones al año, mientras que las municipalidades reciben más de Q13 mil millones en transferencias del presupuesto nacional. En conjunto, más de un tercio del presupuesto del Estado termina ejecutándose a nivel territorial. Ese volumen de recursos ha convertido a los CODEDE en una de las piezas más importantes del poder político local.

El mecanismo es conocido. Los diputados negocian proyectos para sus distritos, los alcaldes impulsan las obras dentro de los consejos de desarrollo y los contratistas ejecutan los proyectos. En el camino se consolidan alianzas políticas, se distribuyen contratos y se construyen redes de lealtad territorial que resultan decisivas en cada proceso electoral. Cuando los fondos de desarrollo se convierten en herramienta de negociación política, el presupuesto público deja de ser desarrollo y pasa a ser gasolina clientelar para reelecciones de alcaldes y diputados.

Un sistema de control fiscalizador riguroso habría detectado con rapidez ese patrón. La concentración de contratos en determinadas empresas, la repetición de irregularidades en obras similares o la acumulación de proyectos paralizados son señales que cualquier auditoría financiera seria debería identificar con claridad. Sin embargo, durante esos años la Contraloría rara vez produjo informes capaces de desencadenar investigaciones profundas o responsabilidades políticas significativas. Sin contar con que tampoco el actual MP hubiera movido un dedo para hacer las investigaciones correspondientes. Pero la evidencia habría quedado.

El problema no es únicamente técnico. En sistemas donde la corrupción se vuelve estructural, la cooptación de las instituciones de control es vital para neutralizar su función y perfeccionar así la gobernanza mafiosa. No necesitan convertirse en actores abiertamente corruptos; basta con que reduzcan su capacidad de vigilancia o produzcan informes que no generan consecuencias. Así el sistema continúa funcionando mientras la apariencia de control institucional se mantiene intacta.

Pero la cadena de la impunidad no termina allí. Cuando las irregularidades no se detectan a tiempo y las investigaciones avanzan con lentitud o selectividad, la última palabra termina estando en manos de los tribunales. En Guatemala hemos visto cómo procesos por corrupción se diluyen en resoluciones judiciales que retrasan expedientes o liberan responsabilidades.

Por eso es importante entender que la corrupción no es solo el resultado de decisiones individuales, sino el producto de un engranaje institucional que permite que esas decisiones ocurran sin consecuencias reales. Un sistema mafioso donde el dinero público se utiliza para construir redes de poder necesita varias piezas funcionando al mismo tiempo: políticos dispuestos a utilizar los recursos del Estado para fortalecer sus alianzas, contralores que no detecten a tiempo las irregularidades, fiscales que seleccionen cuidadosamente a quién investigar y jueces que, al final del proceso, terminen cerrando el círculo de la impunidad.

En ese contexto, la próxima elección del Contralor General de Cuentas adquiere una importancia que muchas veces pasa desapercibida. No se trata solo de designar a un funcionario más dentro del aparato estatal. Se trata de decidir si el país quiere una institución capaz de encender las alarmas cuando el dinero público se utiliza para construir redes de poder o si seguirá teniendo una Contraloría que observa desde la distancia mientras los recursos del Estado alimentan el clientelismo político.

Cualquier discusión seria sobre la reconstrucción institucional del país tendrá que mirar ese sistema completo. Porque la lucha contra la corrupción no depende únicamente de perseguir a algunos responsables visibles, sino de desmontar la arquitectura institucional que permitió que esa corrupción funcionara durante años.