Debemos recordar que la transparencia no consiste únicamente en afirmar que las cosas son claras y que se están haciendo de forma correcta. Esta consiste, sobre todo, en permitir que la ciudadanía pueda acceder a la verdad para comprobarlo.

Durante las últimas semanas han surgido noticias sobre distintos acontecimientos que, aunque no necesariamente están relacionados entre sí, tienen un denominador común y es que involucran recursos públicos, el acceso a la información y la necesidad de rendir cuentas.

De forma individual, quizá todas pueden tener una explicación posiblemente razonable.

El problema surge cuando se acumulan y las explicaciones no llegan a tiempo, o si lo hacen, no son necesariamente claras ni precisas como con la que aparecen las dudas.

Un primer ejemplo es el caso del portal Guatecompras. En septiembre pasado, el actual Ministerio de Finanzas Públicas, modificó la funcionalidad de búsqueda de proveedores, reduciendo considerablemente el universo de perfiles consultables. Dicha medida generó varios cuestionamientos de periodistas, analistas, organizaciones y la ciudadanía en general, por sus posibles efectos sobre el acceso a la información pública.

Ante el cúmulo de inquietudes y críticas, Finanzas decidió restablecer temporalmente la funcionalidad anterior y convocar a un proceso de diálogo.

En esencia, la decisión de rectificar y escuchar es positiva, sin embargo el episodio deja un mal sabor de boca y por supuesto, una importante enseñanza y es que cualquier modificación a una herramienta, tan importante como esta, la cual sirve para ejercer el derecho a la auditoría social y destinada a transparentar las compras públicas, debe ser explicada de forma amplia antes de ejecutarse cualquier cambio, y así evitar malas interpretaciones que pudiesen limitar las consultas, así como comparar y relacionar información. 

Sumado a ello, surge el caso de la compra de los puentes Mocá, Las Pericas y Santa Bárbara. Según información brindada en medios de comunicación, los tres contratos para diseño y construcción suman aproximadamente Q277 millones. Por su parte, un informe preliminar de la Contraloría General de Cuentas – CGC-  existen observaciones que merecen ser aclaradas, entre ellas una diferencia de Q38.9 millones entre valores registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública y los consignados en los contratos.

De esa cuenta, también surgen cuestionamientos sobre la selección de empresas invitadas, la experiencia de algunos oferentes, criterios de evaluación y la ausencia de visitas de campo. En este sentido, algunas investigaciones periodísticas han planteado una posible sobrevaloración de hasta Q148 millones.

En conclusión, las dudas han crecido y la ciudadanía se encuentra dudosa y confundida. Es importante que dicha información se maneje con responsabilidad, pero la transparencia y cuentadancia debe crecer.

Es preciso tener muy en claro, que una estimación periodística no equivale a una resolución de la Contraloría, ni demuestra, por sí misma, que haya existido sobreprecio o delito. Pero la duda, está sembrada y las pruebas que descarguen las mismas, siguen sin llegar.

Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV- han rechazado esa comparación y han explicado que los contratos incluyen diseño, demolición, cimentaciones, puentes provisionales y otras obras adicionales, pero de las cuales aún no se tiene claridad y por ello es que resulta imprescindible aclararlo.

Si los precios están plenamente justificados, que se publiquen los elementos técnicos, que permitan comprobarlo. En caso, las diferencias encontradas tienen explicación administrativa o técnica, que se explique y si la auditoría definitiva determina irregularidades, entonces que corresponda establecer las responsabilidades respectivas.

Por último, aunque no menos importante, existe un tercer elemento que no podemos ignorar y es el manejo del presupuesto público y su capacidad de convertirse efectivamente en obras y servicios.

Guatemala ha tenido dificultades históricas para ejecutar inversión. Este año los Consejos Departamentales de Desarrollo disponen de miles de millones de quetzales, incluyendo recursos provenientes de ejercicios anteriores. La discusión entonces, no debería limitarse a cuánto dinero se asigna, sino a cuánto se ejecuta, cómo se ejecuta, en qué  y qué controles acompañan dicha ejecución.

Aquí es donde estos asuntos, aparentemente separados, comienzan a encontrarse.

Es necesario un portal de compras públicas que facilite la fiscalización. Una contratación millonaria debe resistir el escrutinio técnico y público. Y un presupuesto nacional, debe poder seguirse desde que el dinero es aprobado hasta que se convierte en una carretera, un puente, una escuela o un hospital.

No estoy afirmando que estos acontecimientos demuestren corrupción. Sería irresponsable hacerlo sin investigaciones concluidas. Pero tampoco considero responsable pedirle a la ciudadanía que simplemente ignore las señales que generan válidas preguntas.

¡Recordemos que la incertidumbre tiene un costo!

Cuando aparecen cifras distintas, información incompleta, modificaciones en mecanismos de consulta y observaciones de los órganos fiscalizadores, comienza a instalarse la sospecha. Y cuando la sospecha no encuentra respuestas claras, se transforma en desconfianza.

Por eso, este no debería ser un llamado a condenar anticipadamente a nadie.

¡Es un llamado a aclarar, publicar, auditar e investigar!

Las instituciones tienen la oportunidad de demostrar que las dudas son infundadas cuando así sea y de corregir aquello que corresponda cuando no lo sea.

La CGC debe concluir sus procesos con independencia; las autoridades involucradas están obligadas a proporcionar la información necesaria; y la ciudadanía, los medios y las organizaciones civiles debemos mantenernos atentos.

La auditoría social no significa asumir que todo está mal. Significa no aceptar que aquello que se financia con dinero público, quede fuera del escrutinio público.

En momentos como éste, Guatemala no necesita rumores y mucho menos, condenas anticipadas.

¡Este país necesita información! Ojalá haya explicaciones claras e instituciones que comprendan que a mayores dudas, mayor deberán ser los esfuerzos por la transparencia.