Quiero aclarar que la metáfora no ha sido idea mía; ha sido producto de discusiones y videos de TikTok. Ha sido muy interesante redactar este texto.

El agua política hierve, pero ese hervor viene acompañado de acusaciones. Bernardo Arévalo señala un intento de golpe de Estado técnico, en el que señalan como protagonistas a la fiscal general Consuelo Porras y al presunto juez Fredy Orellana. Los hechos parecen simples en el papel: una resolución judicial para anular el partido que llevó a Arévalo al poder, la suspensión de su partido político, y una ofensiva desde instituciones que deberían mantener la neutralidad y el equilibrio.

Pero este caldo adquiere sabor más agrio cuando se considera quién menea la cuchara. Porras y Orellana —cada cual con su rol— aparecen como actores centrales en una jugada que puede reacomodar la guarnición del poder. La fiscal intenta alargar su influencia hasta el 2026 y quizás hasta el infinito y más allá, mediante el nombramiento de sucesores propios. El juez, por su parte, ha sido señalado internacionalmente como un actor “antidemocrático” por su inclusión en listas como la estadounidense de personas que socavan la gobernabilidad. Pero esos, al parecer, son requisitos para ser funcionario público; ¿ha estado usted en la cárcel?, perfecto, es apto para una plaza en el OJ. ¿Está usted en la lista Engel?, pues aplique a una jefatura en el MP.

Aquí es donde se advierte el principal problema: el poder que disfraza maniobra de legalidad. Cuando un instrumento de la justicia se usa para modificar la voluntad popular, ya no hablamos sólo de estrategia política, sino de riesgo institucional. Arévalo habla de delincuencia organizada del Derecho que pretende “hundir al país” al negar los resultados de 2023. Y es precisamente en ese punto donde entra la metáfora de la verdura en el caldo: en una sopa normal, la verdura aporta sustancia, sabor, color. En este caldo colectivo que es la democracia guatemalteca, la verdura sería la voluntad popular, la transparencia, la institución que funciona sin tutela indebida. Pero si la verdura se marchita o se manipula, el caldo deja de nutrir y empieza a envenenar.

El problema es que, en esta olla, hay quien se cree esa verdura —el ingrediente imprescindible, el eje sin el cual nada puede funcionar— y por tanto actúa como si el guiso le perteneciera. No declara que es dueño de la cocina, pero su conducta lo insinúa: intervenido, regulando, dirigiendo o frenando procesos electorales y judiciales al gusto de sus intereses. En otras palabras: estorbando.

Para Guatemala, el riesgo es real: una democracia debilitada por la instrumentación de los órganos de poder, una institucionalidad que no se percibe como neutral y un electorado que teme que su voto sea sólo un vegetal sin sabor, lanzado sin cuidado al caldo. Entonces, ¿qué hacer?

Primero: exigir que los derechos ciudadanos no sean especias al gusto de unos pocos. Que la justicia sea clara y visible, no un juego de sombras. Que los jueces y fiscales sepan que su función no es el aplauso del poder, sino la garantía de que el poder rinda cuentas. Difícil.

Segundo: reconocer que el proceso electoral no se limita a depositar la papeleta. El acto de votar sólo tiene valor si luego el escrutinio, la transición y la institucionalidad respetan su resultado.

Tercero: la comunidad internacional debe vigilar, no como árbitro distante, sino como espejo moral que refleje que cuando un Estado mezcla el poder político con la justicia para amortiguar la voluntad popular, el caldo de la democracia se enfría.

Hoy estamos en un momento decisivo, estimado lector: la cuchara gira lento, pero gira. La pregunta es si seguirá girando a favor de la voluntad de los ciudadanos o a favor de quienes se sientan la mera verdura del caldo. Que la próxima olla sea servida caliente, nutritiva, y compartida por todos. Que no haya sabor a rancio, ni cenizas en la sopera de la República.