No puede haber democracia sin Estado de derecho y en Guatemala hemos visto como se vino a pique porque la división de poderes se vulneró -al estar los tres poderes bajo control de un grupillo al que se le ha denominado ´Pacto de Corruptos ́ durante el gobierno de A. Giammattei. Como reacción a ese autoritarismo emergió la lucha popular por medio de los votos y las manifestaciones masivas se dieron el año pasado hasta la asunción de Bernardo Arévalo como presidente en defensa de la democracia. Ha sido una lucha contra el absolutismo de una estructura que cooptó al Estado, que controló el sistema judicial y el Congreso, cuya arbitrariedad afectaba la libertad y el desarrollo de las personas en medio de un elevado grado corrupción e impunidad, rechazado por la población a través de las urnas.

Esa lucha contra el absolutismo era y sigue siendo contra la impunidad de los altos funcionarios y jueces que ejercen intervenciones arbitrarias ajenas al interés común de la sociedad. Los reductos del absolutismo aún continúan en el Congreso y en las cortes, los tentáculos de la corrupción siguen presentes. Han vulnerado el Estado de Derecho al poner en cuestión que el poder se ejerce vía las normas jurídicas que regulan la actividad Estatal con base a la norma suprema que es la Constitución, que está en la cima de la jerarquía normativa, que garantiza por la separación de poderes. Esa separación había dejado de existir pues todo giraba alrededor de un grupillo que intentaba mantener el status quo vulnerando así el imperio de la ley. El grupo delincuencial indicado había quebrado el principio de gobernanza en donde todos debemos estar sometidos a leyes en el ejercicio de la primacía e igualdad ante la ley, así como a la separación de poderes. Ese grupo no permitía la participación social en la adopción de decisiones, la legalidad y la transparencia procesal y legal. Esto no sucedió debido a la manifiesta parcialidad en favor de los altos funcionarios procesados por corrupción que fueron liberados por jueces y fiscales venales, mientras se vejaba o perseguía a fiscales y jueces honestos, periodistas, y se premiaba a los delincuentes.

Ese grupo del referido ´Pacto´ hizo caso omiso de principios interconectados que constituyen el ideal del imperio de la ley, que son las bases de la ley y el orden. No puede haber orden sin ese diseño, un diseño que trasciende la misma ley para crear las condiciones para que la gente pueda desarrollarse bien según las pautas la da la misma Constitución y su espíritu que hace parte de la doctrina meta legal: la igualdad, la certeza legal: nulla pena sine lege. Ese grupo generó tremendo despotismo administrativo autorizando excepciones o emitiendo resoluciones contrarias al debido proceso, usando la formalidad como una forma arbitraria y subjetiva de parte de los que administran justicia con rasgos autoritarios. Ello vulneraba el Estado de Derecho y el imperio de la ley en favor de determinados grupos (como antes lo fuera en favor de los aristócratas y de las clases superiores) sin consideración ética alguna, con un Ministerio Público a su servicio nada neutral. Por eso es que la lucha sigue para que se restablezca el pleno Estado de Derecho en Guatemala. Urge que la legalidad y moralidad vuelvan al sistema judicial con una renovada y limpia Corte Suprema para que sea una realidad la división de poderes y, así, se afirme nuestra democracia y la justicia. 

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Fernando González Davison

Escritor y diplomático, graduado de abogado por la Universidad Rafael Landívar con posgrados en las Universidades de París y Ginebra en desarrollo económico y social. Catedrático de varias universidades en temas internacionales, invitado por las universidades de Estocolmo, Tulane y Georgetown. Fue Subsecretario de SEGEPLAN. Embajador en Perú, Japón, Chile, Argentina y Uruguay. Obtuvo el Premio Guatemalteco de Novela (1987) y el Monteforte Toledo de Novela (2000). Entre sus principales novelas figuran: Oscura transparencia, La montaña infinita, Los peores días.