Durante años se ha repetido una y otra vez la necesidad del diálogo entre sectores, la unidad nacional y la participación ciudadana. Son palabras convertidas en conceptos tan utilizados que, para muchos, suenan ya muy gastados, quizá románticos y hasta inocentes.

Aún así, resulta importante entender el contexto histórico en que las mismas deberían dejar de ser simple retórica para convertirse en acciones concretas, profundas y sostenidas.

Pronto estaremos enfrentando las famosas elecciones de segundo grado, mismas que definirán quiénes ocuparán cargos importantes y estratégicos para la salud democrática del país.

En los próximos meses se deberá elegir Magistrados de altas Cortes y del Tribunal Supremo Electoral, Fiscal General, Contralor General de la Nación, entre otros. Estas elecciones no son un simple trámite administrativo: son el punto de equilibrio del sistema republicano, el eslabón que conecta la justicia, la fiscalización, la lucha contra la corrupción y por ende la estabilidad económica y social de este país.

Debe comprenderse la urgente necesidad de entablar un diálogo activo y permanente, no sólo para desensibilizar a la ciudadanía, sino para que también provea propuestas y soluciones sólidas y así fiscalizar todos los procesos que se avecinan.

Es un error quedar encerrado en el enfoque presidencialista, dejando por un lado la importancia de los contrapesos.

Las decisiones soluciones y el desarrollo no provienen solamente del Ejecutivo, sino de todos los poderes, incluído el del pueblo.

Es decir, lastimosa y erróneamente muchos creen que todo el andamiaje político e institucional depende exclusivamente del presidente de la República y que los demás organismos del Estado son secundarios.

¡Nada más alejado de la realidad!

Los funcionarios de las instituciones que pronto serán elegidos y designados por segundo grado, son los que determinarán si el Estado funciona o se desploma.

Ya lo hemos evidenciado. Un Fiscal General sin independencia puede convertir la justicia en un arma letal. Una Contraloría débil abre la puerta al saqueo. Un sistema de justicia y electoral sin magistrados probos, destruye los pesos y contrapesos que sostienen la república y la democracia. Es por ello, que estas elecciones son decisivas. La ciudadanía no puede darse nuevamente el lujo de mirar a un lado.

“El diálogo ya no puede concebirse como un ideal, sino como un hecho real, profundo, sincero y verdadero”

Somos un país sobrediagnosticado, lleno de opiniones y comunicados, sin embargo, es evidente la incapacidad de transformar todo esto en acuerdos medibles, fácticos y ejecutables.

El diálogo es impostergable y no debe constituirse únicamente en palabras al aire.

A través de él se podrá definir una ruta, para construir estrategia y pasar de ver y escuchar a decidir.

Ese diálogo franco y sincero, no puede servir sólo para suavizar tensiones, sino para construir compromisos que ningún sector pueda romper, sin responsabilizarse frente al país.

Guatemala necesita un diálogo más allá de lo amable y simbólico. Necesita uno que también sea exigente y vinculante.

Hoy los ciudadanos necesitan preguntarse: ¿qué está en juego si se falla? ¡Todo!

No podemos seguir poniendo en riesgo la independencia del Ministerio Público, de los Tribunales de Justicia, de la capacidad de fiscalizar el uso de los recursos públicos, la estabilidad en la inversión y la economía, así como la credibilidad del sistema en general

Si no dialogamos con franqueza y no existe un involucramiento real, las posibilidades de avanzar hacia un Estado moderno y transparente, serán absolutamente nulas.

No puede seguirse en un país en donde la corrupción aún opera con redes profundas, en donde los intereses oscuros aún buscan capturar las instituciones y en donde la población por miedo, cansancio, frustración, o una mezcla de todas, poco a poco se desanima y se retira, justo cuando más se le necesita.

Que no se permita otro ciclo institucional capturado, con retrocesos, simulaciones de justicia, corrupción y excusas.

Estamos frente a una bifurcación histórica.

La ciudadanía organizada puede ser decisiva si actúa con estrategia y no sólo con indignación.

Por ello es urgente consolidar mesas de diálogo multisectoriales, con un objetivo común: blindar los próximos procesos de elecciones de segundo grado y sus respectivas designaciones, unificando criterios mínimos.

Este deberá enfocarse en la independencia e idoneidad de los candidatos, así como en la transparencia en la integración y votación de las comisiones de postulación.

Asimismo, la presión responsable y pública será fundamental para así colectivamente frenar cualquier actor con conflictos de interés o no idóneo. Recordemos que se trata de vigilancia activa y no de confrontación.

Todos debemos entender que estas elecciones y designaciones afectan la vida diaria, por lo que habrá que explicar, simplificar y divulgar su importancia para incrementar la participación.

No se trata de pensar igual, sino de defender lo indispensable para todos: instituciones que funcionen.

Guatemala necesita que las diferencias no sean divisiones, sino aportes.

La unidad es posible, si se aprende a dialogar, comprendiendo los distintos enfoques e intereses de los sectores, siempre y cuando estos sean puntuales, honestos y genuinos.

Los ciudadanos que realmente desean un país estable, justo y próspero deben unirse en una misma dirección. Esto no es un llamado ingenuo ni emotivo: es una estrategia de supervivencia institucional.

Guatemala tiene todavía la oportunidad de corregir su rumbo, si se deja atrás el discurso cómodo para asumir el compromiso incómodo: dialogar con quienes no piensan igual, pero están dispuestos a acordar lo esencial y defender juntos las instituciones que sostienen al país.

A nadie conviene un país fracturado, por lo que hoy, más que nunca, el diálogo no es una invitación: es una obligación moral, política y cívica.