Como si el encarecimiento del petróleo no fuera suficiente, la economía guatemalteca ha sido golpeada en 2026 por los efectos de El Niño sobre la producción agrícola. Dos perturbaciones negativas que, por caminos diferentes, terminan provocando algo parecido: mayores costos de producción, menores niveles de ventas y pérdida de poder adquisitivo. No obstante,  siempre hay posibilidad de complicar mucho más la situación actual. Se acerca la discusión del salario mínimo para 2027 y, con ella, la posibilidad de añadir un tercer ingrediente a una situación ya bastante complicada.   

El petróleo caro encarece el transporte, la energía, los fertilizantes y la estructura de costos de todas las actividades que dependen de ellos. La irregularidad de las lluvias recientes reduce los rendimientos agrícolas, afecta las  cosechas y amenaza el abastecimiento de alimentos y los ingresos de cientos de miles de agricultores. Ambos fenómenos tienen una característica común: encarecen la producción doméstica y de exportación y reducen la actividad económica.

Para hacer la situación más complicada, los efectos de estas perturbaciones no se suman, se multiplican. La sequía reduce las cosechas mientras el petróleo encarece producirlas, transportarlas e importar alimentos desde el exterior. El agricultor no solo hace frente a mayores costos de producción, sino a menores rendimientos de sus cosechas. El consumidor termina pagando más por los alimentos al mismo tiempo que también debe gastar más en transporte. Simultáneamente, las empresas ven aumentar sus costos de producción precisamente cuando la capacidad adquisitiva de sus clientes se debilita. Una combinación poco favorable para la generación de empleo, la inversión y el crecimiento.

En semejantes circunstancias, habría que evitar tomar cualquier decisión de política económica que empeore el estado de cosas. Por ejemplo, aumentar el salario mínimo. Elevar por decreto el salario, sin tomar en cuenta los problemas de aumentos de costos y disminución de rendimientos que afrontan las empresas, empeoraría aun más la complicada etapa que vive el país. Sobre todo, dado que la economía se encuentra todavía en pleno ajuste a los aumentos decretados durante los últimos tres años; un aumento adicional dificultaría todavía más ese proceso de ajuste. La intención de compensar la pérdida de poder adquisitivo es comprensible; lo que no resulta tan evidente es que decretar mayores salarios permita generar los recursos necesarios para pagarlos, especialmente cuando las empresas enfrentan mayores costos y menores rendimientos.

El problema no lo tienen los trabajadores que pueden conservar su empleo a pesar del aumento al salario mínimo, sino los trabajadores que laboran en empresas que no pueden absorber este aumento de costos adicional y los trabajadores menos productivos, a quienes las empresas no pueden pagarles un mayor salario en las condiciones actuales. Por ejemplo, jóvenes que buscan su primera oportunidad,  los trabajadores menos educados, con menor experiencia y con escasas competencias laborales. Algunas empresas, ciertamente, no responderán exclusivamente con despidos, se verán obligadas a reducir sus contrataciones, posponer inversiones, trasladar costos a los consumidores o sencillamente abandonar proyectos que dejan de ser rentables. Aunque los efectos de estas decisiones son menos visibles en las estadísticas oficiales, sus consecuencias pueden ser mucho más duraderas y perniciosas.

Mientras el petróleo y la sequía amenazan con reducir la oferta agregada, un nuevo incremento del salario mínimo podría agregar otra presión sobre los costos y debilitar aún más los incentivos para producir e invertir. Los dos primeros shocks son ajenos a lo que el país tiene bajo control; el tercero sería una herida autoinfligida. Mientras los precios internacionales de los combustibles pueden bajar y las cosechas recuperarse, los incrementos nominales del salario mínimo tienden a convertirse en costos permanentes.

Existe, además, otro riesgo. Cuando los precios aumentan por una contracción de la oferta y no por un exceso de demanda, la política monetaria debe actuar con especial prudencia. Una elevación innecesaria de la tasa líder no abarataría el petróleo ni recuperaría las cosechas perdidas, pero sí podría encarecer el crédito y desalentar todavía más la inversión. Evitar que estos aumentos contaminen las expectativas inflacionarias es indispensable; confundir sus causas podría terminar agravando sus consecuencias.

Nadie pone en duda que Guatemala seguirá creciendo, apoyada en las remesas, el consumo y otras actividades económicas. Pero crecer, incluso a las celebradas tasas del 4%,  no es lo mismo que aprovechar el potencial de crecimiento. Una economía puede evitar la recesión y, al mismo tiempo, perder oportunidades de inversión, productividad y creación de empleo formal. Lo paradójico sería que, después de recibir dos golpes que no se han podido evitar, el tercero fuera autopropinado. Al parecer, cuando las circunstancias ya se encargan de complicar las cosas, siempre queda espacio para complicarlas aun más.